Un Estado que nos proteja

Andrés Julián Rendón*

En dos de mis recientes lecturas los autores han puesto de manifiesto la debilidad del Estado Colombiano. De un lado, Daron Acemoglu y James Robinson, en El pasillo estrecho, hablan del “leviatán de papel” y ponen de manifiesto esta situación con la tardanza -que ya supera un siglo- para construir una carretera digna a Mocoa. En contraste, citan al historiador francés Eugen Weber, quien le atribuye a “carreteras, carreteras y aún más carreteras” un papel crucial en la construcción de comunidad para Francia.

De otro lado, Rudolf Hommes, en Así lo recuerdo, afirma que “en Colombia el Estado no existe como en otras partes, donde protege a la ciudadanía, provee servicios y ejerce control en todo el territorio. Algunos destacados académicos han estimado que no opera sino marginalmente como Estado y solamente existe en las leyes, la Constitución y el imaginario colectivo”.

Y es que en repetidas ocasiones nos ha quedado clara la incapacidad del Estado Colombiano para ejercer los cuatro monopolios básicos a su existencia: control territorial, tributación, justicia y fuerza.

De tiempo atrás me ha costado trabajo entender cómo hemos soslayado la importancia de monopolizar el control territorial del país en todos sus rincones. Una nación de semejante riqueza -donde la coca, una maleza, arroja cuando menos cuatro cosechas por año; pala enterrada en un río sale con oro; y pica que toque una montaña obtiene material útil en la construcción, para no hablar de la madera- tendrá siempre grupos armados ilegales de distinto pelambre dispuestos a capturar las rentas que la explotación de los recursos naturales dejan.

Estos grupos han terminado por controlar vastas extensiones del territorio colombiano, unas veces posando de rebeldes, otras de contrainsurgentes. También les han arrebatado a las autoridades democráticamente constituidas el ejercicio de la tributación, la justicia y la fuerza. Cobran “gramaje”, extorsionan, dirimen conflictos y, cuando han consolidado su presencia, hasta presumen de “proteger” a los pobladores de intrusos. Por supuesto, levantan cruentas barreras de entrada para quienes se atrevan a competirles por las rentas que tienen aseguradas.

Antioquia, que no es precisamente un departamento de la periferia colombiana, constituye un claro ejemplo de lo mucho que debe hacer para conectar a sus ciudadanos y para protegerlos en cualquier sitio. Cuenta con cerca de 28 mil kilómetros de vías, de los cuales más de 26.000 se encuentran en un estado lamentable; y tiene 292 corregimientos -albergando muchos poblaciones más grandes que otros municipios-, pero donde la presencia policial está en apenas 60 de ellos.

El Estado Colombiano debe consolidarse en toda su dimensión para cuidarnos, superar la pandemia y crecer de nuevo. Un buen comienzo, que no demandaría más que un acto administrativo del Presidente y su Ministro de Defensa, sería pasar no menos de 150.000 militares, con mandos de oficiales y suboficiales, a la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional; y 20.000 a robustecer las tareas de investigación judicial. Previamente deben tener un entrenamiento intensivo de máximo seis meses en las competencias policiales por excelencia, investigación criminal y derechos humanos.

Una Dirección de Carabineros así vigorizada haría control territorial en los sitios más lejanos del país -después de ser recuperados por las FFMM-; combatiría el narco/micro tráfico y la minería ilegal; y sería el mejor aliado de nuestros campesinos para consolidar los demás servicios estatales como la justicia, la salud y la educación. Una Dirección Judicial fortalecida debe desmantelar, vía judicialización, las amenazas que se imponen permanentemente sobre la Colombia profunda y sus habitantes, también nuestros compatriotas.

*@AndresJRendonC

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