Yobany López Quintero: “Es hora de saldar la deuda histórica con los docentes”

De los 44 años que tiene el abogado Yobany López Quintero, al menos 23 han estado dedicados al servicio de los maestros y docentes colombianos. Gracias a esta labor, la firma de abogados López Quintero Abogados & Asociados, que fundó en 2001 y hoy preside, es una de las más destacadas del país. “En Colombia se ha reforzado la idea de que los docentes disfrutan de prerrogativas laborales, salariales y prestacionales en mejores condiciones que el resto de los trabajadores públicos. Si fuera cierto, nuestra empresa no tendría razón de ser”, aseguró este abogado especialista en seis ramas del derecho.

Cuando habla, lo hace con propiedad, porque su trayectoria ha estado vinculada siempre a la defensa de los trabajadores de la educación. “En mi ejercicio me he dedicado a profundizar en sus derechos y es hora de saldar la deuda histórica con los docentes”, aseguró. Por eso, hoy representa a los educadores de todo el país que decidieron reclamar al Gobierno nacional los recursos que este les adeuda. De hecho, el 91 % de esas reclamaciones avanzan a través de su firma de abogados.

López Quintero Abogados & Asociados ha logrado atender las necesidades de los trabajadores del sector de la educación en casi todo el territorio gracias a las 30 oficinas que tienen en todo el país, con las que generan 300 empleos. “Eso viene dando resultados. Por eso recurren a nosotros. Todos los días recibo llamadas en las que me cuentan que arreglaron sus cocinas o pagaron la cuota inicial de la universidad de sus hijos con lo que recibieron de la demanda”, señaló López Quintero.

Hoy suman 30 las diferentes clases de reclamaciones que los maestros le están haciendo al Gobierno. Por ejemplo, explicó, a ellos no se les paga correctamente las pensiones de jubilación y se presenta un agravante cuando el docente fallece y se da lugar a una sustitución de pensión. “Este trámite demora entre un año y hasta dos años. Durante ese tiempo, las familias pueden afrontar la ruina, la pobreza, la degradación y la humillación, pues la pensión es el único ingreso con el que cuentan”, aseguró.

Otro tema controversial tiene que ver con la oportuna afiliación al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), el único Fondo de Pensiones y Cesantías al que pueden ser afiliados los maestros de la educación pública. López explicó que cerca del 14 por ciento de la población docente no estaba afiliada. “Por ese motivo, los reportes de sus cesantías se les perdieron durante uno o varios años, lo que afectó el saldo y sus respectivos intereses, esta situación se presentó principalmente en regiones como la costa”.

La problemática de los docentes incluye reclamaciones por primas extralegales, departamentales o municipales, creadas por las entidades territoriales y legalizadas (al menos 80.000 maestros en todo el país exigen ser compensados); reconocimiento de incapacidades cuando se enferman o están en situaciones de estudio; retenciones irregulares en la fuente; desconocimiento de méritos para ascensos y pagos tardíos de incrementos salariales, entre otros.

Sin embargo, una de las reclamaciones más importantes, común en toda Colombia, es la relacionada con la mala atención del servicio de salud. Hemos logrado que los indemnicen y resarcir las pérdidas de muertes de familiares por la malas prestación del servicio. En esto, en la firma, somos pioneros”, aseguró López.

Las victorias

Con el tiempo, los maestros han comenzado a obtener fallos a su favor. Por ejemplo, se les debía haber pagado desde el año 1968 una prima de servicio que el resto de empleados públicos del país recibía, “desde el soldado profesional hasta el presidente de la República, a excepción de los profesores”, explicó López Quintero. Luego de ir a la Corte Constitucional, en 2012 una sentencia logró beneficiar a cerca de 320.000 maestros. “Me demoré diez años peleando esto y ahora desde 2014 se les paga a todos los maestros esa prima de servicios”.

Otro proceso es el de sus pensiones. Hasta 1980, los maestros tenían derecho a dos, “sin embargo, se sigue repitiendo de forma errada que ellos aún tienen ese beneficio y en realidad lo perdieron hace más de cuatro décadas. Para compensarlos se les ofreció una prima anual que tampoco reciben”, explicó López Quintero. La recuperación de este derecho es otra lucha que emprendieron después de 40 años. Adicionalmente, producto de las demandas, el plazo del pago de las cesantías se redujo de entre cinco y seis años a cuatro o cinco meses.

Un asunto de familia

A López Quintero no lo une exclusivamente a sus clientes los temas legales. Esa relación cercana es de años, y responde a que tanto su mamá como su papá son educadores. Ella era una maestra en el Quindío y él, vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en los años ochenta.

De hecho, Olvert López Duque, su padre, fue uno de los ideólogos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Para 1986 ya tenía un fondo que buscaba proteger a los maestros en el Quindío, que precedió al que se creó cuatro años después “a imagen y semejanza de este”, aseguró. Su hermana Laura, también abogada, trabaja a su lado en López Quintero Abogados & Asociados; una firma en la que se prioriza la vinculación como empleadas de mujeres, madres de familia o cabeza de hogar. A su cargo está lar que las entidades responsables les paguen a los maestros lo que estos demandan y que no han logrado que se resarza a través de paros y movilizaciones. “Les ha tocado organizarse para que jueces y magistrados lo ordenen”, señaló.

Renunciar a la causa que lo mueve hoy como abogado no está entre sus planes. Para López Quintero la defensa de cualquier trabajador, de cualquier ciudadano, es un derecho que todo colombiano tiene ante las autoridades judiciales. “En el caso de los maestros, tienen a su cargo una labor muy bonita y relevante: educar a los niños y jóvenes de este país. Por eso soy el abogado de los maestros y de los intereses de sus familias, y planeo seguir siéndolo”, concluyó.

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