Mermelada judicial

Todavía asombra la desfachatez del gobierno Santos para repartir mermelada. Entregaban millones de plata ajena para comprar conciencias y engrasar voluntades. Pero, en honor a la verdad, hay que reconocer que le rindió el dinero de los colombianos. Lo de menos era si la repartija aportaba algo al país. La clave consistía en que sirviera a sus intereses personales.

A juzgar por los resultados, acertó de pleno y le salió barato. Ni siquiera tuvo que desembolsar plata de su bolsillo ni del de sus amigos para que le hicieran lobby en el exterior. Todo lo pagaba papá Estado.

También, y aunque parezca mentira por la cantidad de veces que lo hacen, sigue sorprendiendo la habilidad de la extrema izquierda para acomodar su opinión, sin el menor asomo de pudor, a lo que le convenga.

En su momento, el monotemático Iván Cepeda agitó su brazo inquisidor contra la magistrada Cristina Lombana solo por el mero hecho de pertenecer a las Fuerzas Militares en tiempos del Gobierno Uribe. También el senador y su corte gritaron a los cuatro vientos que había trabajado, 20 años atrás y por tres meses, con el abogado Granados. Circunstancias, alegaban desde la atalaya de su supuesta superioridad moral, que le impedían actuar con neutralidad en el caso del expresidente.

Entonces no entendí bien a qué venían ambos cuestionamientos, por labores lejanas que no tenían por qué inclinar la balanza a favor de nadie. Según eso, la magistrada deberá cruzarse de brazos porque, o bien los militares protegieron a los que comparecen ante la alta corte, o bien los combatieron.

La propia Corte Suprema, que había creado una nueva modalidad de impedimento que antes no existía –el de “la apariencia de imparcialidad”–, según recordó el penalista Francisco Bernate, le quitó a ella el caso y se lo entregó al contratista de Santos, César Augusto Reyes.

Alegaron que haber vestido uniforme la señora Lombana durante la presidencia Uribe “riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad”.

Puestos a buscar tres pies al gato, debieron aplicar su ridícula jurisprudencia a su amigo Reyes. Era claro que los uribistas alegarían ausencia de neutralidad en cuanto conocieran el contrato de 575 millones para un trabajito de cuatro meses, firmado en 2016. La plata la sacó Santos de uno de sus inagotables tarros de mermelada, denominado “Fondos especiales de programas para la paz”, que tan buenos servicios le prestó.

Dirán que Santos no figura en ningún papel protagónico en el culebrón “Cepeda vs. Uribe”, y es cierto que no aparece en primer plano. Pero dadas las inmensas suspicacias que genera la alta corte por su inocultable sesgo y la guerra silenciosa que libra Santos contra su exídolo y antecesor, la Corte sabía que para la legión uribista semejante regalo violaría “la apariencia de imparcialidad”.

No pueden ignorar los politizados magistrados el respaldo sin ambages que la Corte prestó a Santos, máxime en su negociación con las Farc. ¿O ya olvidaron aquella descarada y servil proclama de que “la Justicia no puede estar por encima de la paz”?

Dirán que resulta enrevesada la triangulación Santos-Corte-Cepeda. De acuerdo, incluso puede parecer exagerada. Pero fueron Cepeda y los magistrados quienes empezaron el jueguito peligroso para alcanzar sus propósitos. Quizá sería ahora la ocasión de derogar el articulito de la “apariencia de imparcialidad” y evitar que se convierta, como sucedió y seguirá pasando, en un arma de presión y de nuevas arbitrariedades.

Porque, aunque lo intentan sus amigos, será difícil convencer de que Santos, tras bambalinas, no mueve todos los hilos a su alcance para aplastar a Uribe, uno de sus deseos. Al menos debería hacerlo de frente, sería más decente.

También encuentro cuestionable la designación del fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán para dirimir el “Cepeda vs. Uribe”. Es indudable que posee una hoja de vida impecable, superior a la de algunos integrantes de la Corte. Entró en 1994 a la Fiscalía, es de carrera y conoce a fondo la institución, y fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Pero ocupó un alto cargo en la Procuraduría de Ordóñez, uno de los hombres más odiados de la extrema izquierda. Y, alegarán los radicales, ha pasado por la Universidad Sergio Arboleda, que consideran afín al Gobierno, y es hombre de confianza del fiscal Barbosa, íntimo de Duque. Suficientes negativos para aceptar sus conceptos, sobre todo si empieza por dejar libre a Uribe.

No habrá, por tanto, humo blanco en los años venideros con jueces o fiscales que lleven el polémico proceso. Todos quedarán bajo sospecha. Y no precisamente por culpa de la derecha, a la que acusan los de siempre, con idénticos argumentos ridículos y falaces, de querer hacer trizas el Estado de derecho.

Son las altas cortes, que no quieren reformarse ni despolitizarse, las que prefieren hundir el barco, con tal de conservar sus privilegios, antes que corregir el rumbo.

NOTA: Tiene razón Piedad Córdoba. Que Cristo les diga a Samper y Serpa que cuenten la verdad sobre el crimen de Álvaro Gómez.