MILITARES SIN MORDAZA

Es difícil escoger de qué se abusa más. Si de un periódico viejo, cuando cae en manos de una ama de casa recursiva, o si de la advertencia constitucional de que las Fuerzas Armadas colombianas "no son deliberantes", cuando el artículo respectivo es manoseado, (y lo es periódicamente), por quienes sostienen que la única forma de "soportar" a los militares es amordazados.
No deliberar, para desgracia de los que así opinan, no significa que los militares carezcan del derecho de pensar, o se les haya exhimido de la humana obligacion de tener posiciones frente a los acontecimientos. No deliberar, básicamente, consiste en la imposibilidad de pertenecer a un partido político, (mal podría el brazo armado de la nación tener sus armas al servicio de una facción ideológica), y en la prohibición de controvertir las órdenes de su inmediato y máximo superior jerárquico, el Presidente de la República: (¿qué tanta credibilidad, acaso, podríamos otorgarle a la estabilidad de nuestras instituciones, si los militares pudieran responderle al Presidente que quién sabe, que mas bien no, o que tal vez definitivamente no?)
Pero así como el uso de un periódico viejo tiene sus límites -es ideal para entapetar la jaula del canario, pero inservible para tapar las goteras del cieloraso- la no deliberancia de los militares funciona para evitar que el Ejército cuestione las ordenes del Presidente, pero se vuelve inútil cuando se intenta utilizarla para amordazar a la institución.
El recientemente ocurrido enfrentamiento entre la Comisión de Paz y el Ejército se debió, precisamente, a que en Colombia existe un ministro de Defensa sin mordaza. Si es la institución que uno encabeza la que pone los muertos que cuesta la defensa de la democracia colombiana, lo menos que uno puede pedir es que le respeten el derecho de preguntar en qué circunstancias le es factible defenderla. No era posible esperar, entonces, que el ministro de Defensa se sintiera limitado por la prohibición constitucional de deliberar, a la hora de recordarle al país el hecho de que la amnistía fue concedida hasta el 21 de noviembre de 1982, fecha a partir de la cual los guerrilleros que no depusieran las armas de ninguna manera podrían quedar cobijados por sus beneficios. Desde esa fecha el intento del Presidente de alcanzar la paz ha entrado en un período de complicadas contradicciones.
Mientras para los militares la guerra continúa, el esfuerzo del gobierno por entenderse con la guerrilla ha seguido realizándose, pero a espaldas del Ejército. Obligados constitucionalmente a reprimir los brotes de violencia, con frecuencia ha tomado a los militares por sorpresa el descubrimiento de que los mismos hombres con los que han estado intercambiando bala en algún rincón de las selvas colombianas, aparecen a la semana siguiente conversando clandestinamente con el Ejecutivo.
Por falta de un balance oficial de la amnistía y de una definición sobre el "status jurídico" de la guerrilla desde que aquella dejó de tener vigencia, el 21 de noviembre de 1982, el Ejército y el Ejecutivo, como partes integrantes del gobierno, han quedado matriculados en dos bandos distintos. El primero paga disparando. El segundo paga con taxis, becas, creditos bancarios y tierras.
Esto ha determinado, como consecuencia, que los militares y los miembros de la Comisión de Paz estén trabajando desde trincheras enfrentadas, como si la paz que pudiera lograr la primera tuviera algún futuro sin el aval del segundo. Estos dos organismos no pueden, sencillamente, continuar funcionando a espaldas. Es indispensable que en la Comisión de Paz tenga asiento un militar activo con ayuda del cual pueda decidirse, y sobre todo, pueda decidirse coherentemente, si la estrategia a seguir de ahora en adelante es la de disparar o la de conversar.
La Constitucion del país no puede servir simultáneamente para cobijar dos procedimientos tan contradictorios. Y menos aún para que la política, en materia de paz, sea la de esperar a ver cuántos son los guerrilleros que escapan a las balas del ejercito, para ver cuántos son los guerrilleros con los que se puede negociar.