MUCHO RUIDO Y POCO "CAPO"

"Que tiemblen los narcos": este parecía ser el sentimiento de los colombianos la semana pasada, a medida que los medios de comunicación daban cuenta de las detenciones y allanamientos contra los círculos del narcotráfico. Al igual que en los días posteriores al asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara, en el mes de mayo de 1984, la despedida del viejo año y la bienvenida del nuevo se caracterizaron por una enérgica cruzada del gobierno tendiente a dar con el paradero de los grandes "capos", como demostrando que no estaba dispuesto a permitir que el asesinato de Guillermo Cano quedara en la impunidad.

En las calles de las ciudades y en algunas zonas rurales, se vivían los operativos de la llamada "guerra al narcotráfico". El 21 de diciembre la prensa reportaba centenares de allanamientos y algunas capturas en Medellín y Cali, consideradas las capitales de la mafia.

El balance, a primera vista, era impresionante. Todos los días los titulares de prensa, que prácticamente alcanzaron su momento estelar con la caída de Evaristo Porras, le otorgaban a la ciudadanía la impresión de que esto ya no tenía marcha atrás.
Sin embargo, analizando más detenidamente la acción emprendida contra los narcotraficantes, se llegaba a la conclusión de que los hechos no eran tan contundentes. Aunque las medidas tomadas parecían muy impactantes, ningún peso pesado había sido capturado al cierre de esta edición. Evaristo Porras es apenas un peso mediano, y si su nombre sonaba espectacular ante la opinión pública, era porque había sido el trompo de poner cuando la mafia quiso enredar al ministro Rodrigo Lara en un escándalo de dineros calientes. Pero la acusación con base en la cual se había realizado la captura de Porras, de sinflaba. No se le retenía por narcotráfico, sino por porte ilegal de a más.

En Medellín, las autoridades militares informaban sobre la detención de 5 personas "vinculadas al narcotráfico", y mencionaban que tres de ellas eran miembros del Ejército Liberación Nacional que habían incendiado recientemente un bus. No explicaba por ningún lado, cuál era conexión entre los incendiarios y cartel del narcotráfico. Desde Armenia, un corresponsal de El Tiempo reportaba por su parte la detención de Erney Cortés Ocampo y José Cortés Giraldo, a quienes se les había el contrado en posesión de 600 gramos de marihuana. Las demás informaciones, que hablaban de desmantelamiento de laboratorios y allanamientos, no ofrecían un panorama más alentador.

La Navidad paso entonces sin resultados concretos. El 30 de diciembre, se registraron algunos golpes fuertes a laboratorios, pero la capturas se ciñeron estrictamente a los llamados "lavaperros", que por lo general, ni siquiera saben para quién están trabajando. En los periódicos del 2 de enero y sin que se hubiera presentado ninguna detención importante, el presidente Barco aparecía anunciando que "no habrá pausa en la lucha contra el narcotráfico ".

Finalmente, el 3 de enero la prensa pudo anunciar capturas importantes El Tiempo habló de "cuatro peces gordos". Se trata de José Rafael e "Mono" Abello, los hermanos Franklin y Gabriel O'Byrne y el extraditable Carlos Gómez Zapata Abello, quien se ha hecho famoso en Santa Marta por su generosa presencia en la Fiesta del Mar es, según las autoridades, un hombre clave, que estaría trabajando con sectores de la Guajira, y que venía estudiando la posibilidad de comprar el equipo de fútbol Unión Magdalena. Los hermanos O'Byrne, según fuentes de Barranquilla, de donde son y en donde fueron detenidos, "son más bien gente de dólares que de droga".
Carlos Gómez Zapata, un extradiable, es conocido en la capital del Atlántico como "el rey de la metacualona", y asi fue presentado por las autoridades que lo detuvieron. Y en Cartagena se produjo la captura de Julio Roberto Silva, de quien las autoridades dijeron a SEMANA que "según lo que sabemos, se trata de alguien de cierto peso, vinculado al negocio de la cocaína". El 6 de enero cayó otro extraditable en Cartagena, Rodolfo Donado Suárez, vinculado, según las autoridades, al "Mono" Abello. Y finalmente, el viernes, se produjo la captura de la extraditable Ana Rodríguez Tamayo, en el sector de Bocagrande, en Cartagena.

DEBILIDADES Y CORRUPCION
Hasta el cierre de esta edición, se habían producido 1.300 allanamientos y más de 300 detenciones. De las 128 personas que figuraban en la lista redactada el 31 de diciembre por el gobierno con base en información de Ejército, la Policia, el DAS y la Interpol, sólo cuatro personas que estaban solicitadas en extradición, tres por EE.UU. y una por el Perú (Porras), habían sido capturadas.

Del llamado cartel de Medellín, al cual están vinculados grupos de Cali y Bogotá, nadie había sido tocado. Los dos extraditables retenidos eran de la Costa Atlántica y, según las informaciones obtenidas por SEMANA, son considerados "independientes" del grupo de Medellín. Las cifras entregadas el 4 de enero por el comandante de la IV Brigada, con sede en la capital antioqueña, general Francisco Rodríguez Arango, no ocultaban el fracaso en este frente: 139 allanamientos, 75 detenidos, de los cuales sólo 19 entregados a órdenes de los jueces y ningún nombre medianamente conocido. Se trata sin duda de un muy pobre balance para la capital de la mafia.
A propósito de lo anterior, SEMANA habló con fuentes del alto gobierno, que reconocieron que los resultados de la guerra al narcotráfico, en materia de capturas, dejaba mucho que desear. Una fuente del Palacio de Nariño aseguró que "el Presidente, así como el alto mando, son conscientes ahora de que existen debilidades en ciertos sectores del Ejército y una preocupante corrupción en las fuerzas de Policía".
Sobre la Policia, otra fuente gubernamental dijo a esta revista que "es tamos tratando de identificar a los corruptos y hemos resuelto ya unos 150 casos donde, por denuncias serias, se ha determinado el retiro del oficial o del suboficial". Pero la cosa no es fácil: la situación heredada, según explicó otro funcionario cercano al gabinete, "es muy preocupante, pues todo indica que fueron muchos los que se corrompieron y muchos también los que, debiendo controlar se hicieron los de la vista gorda".

IMPACIENCIA PRESIDENCIAL
Lo cierto, sin embargo, era que el gobierno se estaba limitando a hacer lo lógico. Una nación indignada exigía acción, y el gobierno estaba actuando. Desde las primeras reuniones con los altos mandos militares para analizar la situación creada, primero por la sanción de la Ley de Extradición, y luego por el asesinato del director de El Espectador, el presidente Virgilio Barco se ha salido de sus casillas en varias oportunidades. Según una fuente del alto gobierno, "al Presidente lo pone de mal genio que no haya resultados inmediatos, que las cosas no se hagan y rápido. Pero sobre todo, lo impacienta la comprobación de que no existe tal o cual recurso legal para llevar a cabo una operación especifica contra algún obJetivo de la mafia".
Fue en esta tónica que se dictaror las primeras medidas, horas después del asesinato de Guillermo Cano, para dar comienzo a una guerra sin cuartel. Pero juridicamente, la mayoría de esas nuevas medidas eran tan elementales, que no sorprendían porque se estuvieran tomando, sino porque no existieran antes. (Ver recuadro).

Por ejemplo, nadie creía posible, y el propio presidente Barco fue uno de los primeros sorprendidos, que antes de la expedición del decreto 3665 de 1986, el Ejército y la Policia no pudieran inutilizar pistas de aterrizaje dedicadas al narcotráfico, o destruir plantaciones de marihuana y coca e insumos químicos utilizados en el procesamiento de estupefacientes. O que se necesitara un decreto para convertir en delito el hecho de ser dueño, poseedor o arrendatario de predios donde existan pistas de aterrizaje sin autorización de la Aeronáutica. De ahí en adelante las sorpresas fueron muchas: tampoco existía un mecanismo para controlar las licencias de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre; y tampoco se habían establecido controles a la importación de determinadas drogas o materias primas utilizadas para el procesamiento de estupefacientes.

"Lo primero que descubrimos --relató a SEMANA un alto funcionario--es que en la legislación había huecos muy grandes que era necesario llenar, so pena de que esas medidas aparecieran ante la opinión pública como muy elementales". Y se tomaron entonces durante las reuniones del consejo de ministros de los días 17 y 19 de diciembre, en las horas siguientes al asesinato de Guillermo Cano.

LO INUTIL Y LO UTIL
Pero al lado de estas disposiciones elementales, también se expidieron unas francamente ridículas. Por ejemplo, la que ordena que las agencias vendedoras de motocicletas informen a la Policía acerca de las motos que vendan y los datos del comprador. Es difícil imaginar que un sicario, horas antes de cometer un asesinato, vaya a una firma de Yamaha o Suzuki a comprar una moto a su nombre. O la que prohibe la venta de motocicletas de cilindraje mayor de 125 cc. Con ello, se está suponiendo equivocadamente que el efecto asesino de una moto es su potencia en centimetros cúbicos, y no su capacidad de movilización.

Tan solo unas pocas de las medidas dictadas por el gobierno en diciembre del año pasado podían catalogarse de útiles, y eso con reservas.

Por ejemplo, el uso del artículo 28 de la Constitución permite al gobierno detener personas por la simple sospecha de que son narcotraficantes.
Pero tiene 10 días para probarlo, y por ello las detenciones son efímeras.
El verdadero problema frente a los narcotraficantes no es una norma que permita capturarlos, pues órdenes de captura contra los grandes "capos" existen, e incluso varias para cada uno de ellos. La esencia del problema es la disposición de capturarlos, más aún cuando las autoridades saben dónde viven y por dónde andan, como lo demostraron las direcciones publicadas en primera página por el periódico El Espectador.

Otra de las medidas que podrían ser catalogadas como útiles, y que de muestran el interés del gobierno por librar la batalla, es el decreto 3673 que permite ofrecer recompensas para quienes suministren informaciones que conduzcan a la captura de personas vinculadas al narcotráfico.

Para redactar este decreto, el gobierno había creado un comité de media docena de funcionarios que estuvieron varios días estudiando los casos de paises como Italia. Se discutiá la viabilidad jurídica de estas medidas y cuáles podían ser sus efectos prácticos. "Y--agrega la fuente gubernamental-nos preocupamos mucho por mantener en secreto los nombres de las personas que estaban trabajando en ese comité".

Sin embargo, aunque útil y revolucionaria, esta medida constituye un arma de doble filo, y requiere ser tratada con todo tipo de precauciones por parte de las autoridades. Por un lado, el delator es una persona de credibilidad relativa. Las delaciones pueden producirse por simple venganza, o como un sistema para despistar a la justicia. Pero por otro lado, esta medida tiene validez en un país como EE.UU., en donde el testimonio tiene valor probatorio, pero es de relativo valor en Colombia, en cuyo sistema judicial se le considera un simple indicio. Además, como opera en los EE.UU., las recompensas de los delatores exigen una cierta laxitud oficial: si a un delator se le exige la cédula y su recompensa tiene que sufrir el mismo trámite que cualquier pago del sector publico, es muy poco probable que en los próximos dias pueda verse un grupo de delatores haciendo cola ante una ventanilla oficial.

En cuanto a la disposición del decreto 3671, que transfiere el conocimiento de los delitos relacionados con el narcotráfico a la justicia penal militar, no es nueva la controversia que despierta su posible utilidad. No sólo constituye un reconocimiento de la incapacidad de la justicia ordinaria, lo que en si mismo representa un acto de debilidad del Estado, sino que hay quienes sostienen que encargar a las fuerzas militares el enjuiciamiento del narcotráfico es meter a los militares en la boca del lobo. Si ya es suficientemente grave que el narcotráfico pueda corromper a la justicia ordinaria, es doblemente grave exponer a las Fuerzas Militares a este riesgo. No es lo mismo un juez corrompido por los dineros del narcotráfico, que un miembro corrompido de un cuerpo armado.

EL BALANCE
Pero, a pesar de todas estas limitaciones, que obedecen no tanto a la debilidad del gobierno como a la vigencia del Estado de derecho en Colombia, la opinión pública estaba definitivamente contenta.

Las dimensiones del negocio del narcotráfico son tan gigantescas en la actualidad, que su erradicación a corto o mediano plazo es prácticamente imposible, mientras subsista una demanda por valor de 100 millones de dólares anuales en los EE.UU. Por este mismo motivo, mientras el negocio, hace tres años, era manejado en Colombia por tres grandes, Escobar, Lehder y Ochoa, hoy es manejado por más de cien, todos al nivel económico de los tres originales. Lo que sorprende e inquieta más a la ciudadanía, entonces, no es tanto la existencia del narcotráfico, sino la indiferencia de las autoridades. Y esfuerzos como el del fin de año despejan esta impresión.

El gobierno, con lo que tiene, hace lo que puede. Y aun los más escépticos tienen que admitir que si de los detenidos inicialmente en las redadas del gobierno muy probablemente llegarán a ser muy pocos los sentenciados, por lo menos se hicieron varias denuncias públicas con nombre propio, foto y prontuario.

Como un alto funcionario de la Policia le dijo a SEMANA, "puede que los suelten. Pero en adelante se sentirán menos cómodos en sus jets, sus helicópteros y sus Mercedes blindados". --

GILLESPIE DEFIENDE A COLOMBIA
El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Charles A. Gillespie, envió al editor del diario The Miami Herald, la siguiente carta referente a un editorial de ese matutino sobre la decisión de la Corte Suprema de Colombia de declarar inexequible la ley aprobatoria del Tratado de Extradición. SEMANA la reproduce para información de sus lectores.
Al editor:
Respaldo firmemente las lineas finales de su editorial de diciembre 18 "Maniobras en la extradición" en que dice que, a pesar de las amenazas de los narcotraficantes, los funcionarios colombianos han mostrado una vez más que mantienen sólidamente su oposición al tráfico internacional de drogas. Los hechos ocurridos desde la publicación del editorial han subrayado ese punto enfáticamente.

Su editorialista estaba sin embargo equivocado respecto a tres puntos que merecen ser clarificados: Primero, con respecto a la reacción oficial de los Estados Unidos frente a la decisión de la Corte Suprema, le aseguro que nadie en esta embajada ni ningún funcionario de los Estados Unidos que entiende lo que Colombia y su gobierno han venido haciendo en la lucha antinarcóticos, generalizó jamás diciendo que los funcionarios colombianos habian sido "sometidos por el terror". Nosotros conocemos bien y respetamos el coraje que innumerables hombres y mujeres dentro del gobierno --y especialmente los jueces--, la prensa, y muchos particulares, han demostrado una y otra vez, y el precio que muchos de ellos han tenido que pagar por no sucumbir ante el terror.

Segundo, en ningún momento la Corte sostuvo que el tratado era en si mismo inconstitucional. La decisión de la Corte Suprema de Justicia colombiana se referia únicamente a la ley (ley 27 de 1980) que ratificó el Tratado de Extradición entre Colombia y los Estados Unidos, jamás al tratado mismo. En efecto, el gobierno de Colombia oficialmente nos advirtió que la decisión de la Corte no afectaba de ninguna manera los contenidos, la validez o la aplicabilidad del tratado, una conclusión compartida por nuestros propios expertos en derecho internacional.

Tercero, el asunto no fue, como ustedes escribieron, automáticamente a la Corte para determinar si el tratado era válido, o si debia ser ratificado nuevamente por el Congreso colombiano. Pero Colombia, que celebró el centenario de su Constitución en 1986 y se encuentra orgullosa de ser una nación de leyes, es tan litigante como los Estados Unidos y tiene también abogados en abundancia. Dos demandas contra la acción del presidente Barco de validar la ley 27 han sido presentadas ya a la Corte Suprema colombiana. Cuando la Corte las estudie, esperamos que el gobierno defenderá debidamente la decisión del Presidente.

Charles A. Gillespie Embajador de Estados Unidos Bogotá, Colombia.