Créditos de carbono: entre la controversia y la esperanza

Colombia actualmente cuenta con 215 proyectos que han generado créditos de carbono, de los cuales 135 pertenecen al sector forestal (AR y REDD). Según datos del Ministerio de Ambiente, estos proyectos han producido 100 millones de créditos de carbono, valorados hoy en día en 350 millones de dólares, una suma que ha beneficiado directamente a las comunidades que habitan dichos bosques.

No obstante, frente a la pregunta de si los bonos de carbono son una mafia es crucial entender los procesos de auditoría que tienen estos proyectos así como la estructura de gobernanza de las comunidades indígenas en Colombia. Estas funcionan como entidades autónomas, que administran sus territorios y sus recursos naturales bajo sus usos, costumbres y derecho propio en el marco de los límites establecidos por la constitución y la ley.

Al mismo tiempo, operan políticamente mediante gobiernos internos elegidos democráticamente por sus miembros. Es de esta manera que capitanes y gobernadores de cabildos son seleccionados anualmente por el voto popular de sus comunidades. A tal punto que hoy se viene proponiendo un proyecto de ley en el que se plantea que los territorios indígenas funcionen como entidades territoriales, iniciativa que busca traer mayor autonomía y empoderamiento en la gestión de sus recursos.

Al igual que en cualquier democracia, la oposición cuestiona a los gobernantes de turno. Esto es evidente en el reportaje realizado por la periodista Salud Hernández, donde converge la divergencia de opiniones entre las autoridades actuales y los líderes opositores. Por ejemplo, mientras un líder comunitario ofrece su perspectiva negativa sobre los créditos de carbono, Carlos Gutiérrez, capitán del resguardo Pira Paraná, asegura que “los bonos de carbono son una compensación por preservar nuestros bosques. Si bien no cubren todas las necesidades, sí constituyen una ayuda significativa”. Esta divergencia justamente trae posiciones opuestas tan marcadas en territorios colectivos que hace complejo el proceso de avance de los mismos proyectos.

Ahora, en cuanto a la transparencia del mercado, la OPIAC (Organización de Pueblos Indígenas de Colombia) ha publicado un Código de Ética que funciona como un manual de buenas prácticas para regular la distribución equitativa de beneficios y garantizar la claridad en los proyectos. De igual forma, es crucial que existan vehículos financieros responsables de la gestión financiera, y de los recursos que deben recibir las comunidades como forma de compensación por sus actividades de conservación, las cuales deben incluir  mecanismos de verificación de salvaguardas, y en específico para este propósito mecanismos de distribución justa y equitativa. Es imperativo que los capitanes y gobernadores de los cabildos administren sus recursos con suma prudencia para prevenir extorsiones y garantizar la seguridad. Asimismo, es fundamental que la gestión de los recursos se realice a través de entidades de confianza encargadas de cumplir con las obligaciones fiscales pertinentes y que estén disponibles para reportar a los órganos reguladores competentes.

Por encima de todo, es prioritario asegurar que estos recursos se destinen a los planes de desarrollo de las comunidades, fomentando así su progreso y bienestar sostenible. La correcta utilización de los recursos de un proyecto se verá reflejada en la permanencia del mismo y en el empoderamiento que la iniciativa logre llevar a las comunidades para que sean ellas mismas las defensoras de este mecanismo.

La correcta verificación de salvaguardas por parte de los programas es acreditada por la ONAC (Organización Nacional de Acresitacop Colombiana), organismo adscrito al Ministerio de Industria y Comercio.

Colombia para atrás y el mundo hacia adelante

Mientras el mundo avanza en apuestas más ambiciosas para controlar el cambio climático y en involucrar a comunidades étnicas, Colombia enfrenta autocensura. El mercado de carbono es la respuesta más costo efectiva para parar la deforestación y otorgar financiamiento a los planes de vida de las comunidades indígenas. El éxito de esta iniciativa se refleja en el aumento de proyectos de conservación REDD y en la notable disminución de la deforestación en Colombia y en Brasil (49 y 39 por ciento respectivamente), durante el 2023.

A pesar de haber generado cuantiosos recursos los primeros años, desde la entrada en vigencia de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, donde se limitó la compra de créditos de carbono en Colombia, las comunidades han recibido 50% menos recursos. No solo el precio es más bajo, sino que la demanda ha caído significativamente evitando que los indígenas y comunidades étnicas que dependen de esos recursos para sus planes de vida continúen avanzando.

Es crucial comprender que el mercado de carbono no actúa como un ente regulador ni fiscalizador. Los pueblos originarios deben poder gestionar sus recursos de manera independiente, respetando las autoridades competentes y  trazando su propio camino de desarrollo y gobernanza interna, una tarea que requiere tiempo y esfuerzo sostenido.

No obstante, existen aspectos esperanzadores. Dos programas de certificación de origen colombiano, Cercarbono y Biocarbon Registry, han superado rigurosos procesos de acreditación internacional con el sello de ICROA (Alianza Internacional para la acreditación de buenas prácticas en el mercado de carbono). Esto demuestra que para el mundo, Colombia presenta un sumidero de créditos de carbono de alta integridad socioambiental. Adicionalmente, Bloomberg reportó que las empresas de SBTi (Asociación privada para el cumplimiento de estrategia net zero) que emiten más de 30 billones de toneladas de CO2 van a poder compensar sus emisiones a través del mercado de carbono de alta integridad. Esto podría garantizar un futuro promisorio para el mercado de carbono en Colombia, siempre que trabajemos de forma conjunta para fortalecer su crecimiento e integridad.

*CEO de Biofix