A diez años de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos, sus familias siguen exigiendo respuestas y justicia

Los familiares de 43 estudiantes mexicanos de la escuela rural de Ayotzinapa, desaparecidos y presuntamente masacrados en 2014, se manifestaron en Ciudad de México este jueves para exigir “la verdad” en el décimo aniversario de una tragedia que conmocionó a la nación. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”: bajo esta consigna, pese a las pocas esperanzas de encontrar con vida a los estudiantes, varios miles de personas marcharon hacia la plaza central del Zócalo, justo a los pies de la Presidencia.

El caso, una de las peores atrocidades contra los derechos humanos cometidas en un país asolado por la violencia, se ha convertido en emblema de las desapariciones forzadas en México, donde se cuentan más de 100.000 víctimas.

“Tristeza, dolor, rabia… por no saber nada, la herida sigue abierta”, dijo entre los manifestantes Marisol Luna Torres (33 años) hermana de José Luis, que tenía 18 años cuando desapareció. Ella viajó a Ciudad de México con su madre, de 60 años, como muchas familias que llegaron en autobús desde Iztapalapa, un pueblo rural de Guerrero (sur).

“A una década de los hechos, estamos muy lejos de saber la verdad”, había dicho el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en otra manifestación en la capital mexicana a principios de semana. Diez años después, la atención se ha centrado en encontrar los restos de los jóvenes, así como la verdad sobre los responsables, en una nación donde la violencia criminal se ha cobrado más de 450.000 vidas desde 2006.

Hasta ahora solo se han encontrado e identificado los restos de tres de los alumnos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero. Las familias reclaman al izquierdista presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, estrecho aliado de Sheinbaum, por no haber localizado a los demás.

“Creemos que este presidente nos mintió. Este presidente nos engañó”, dijo María Elena Guerrero, madre de una de las víctimas, en uno de los actos de conmemoración del sombrío aniversario. Hilda Hernández, cuyo hijo también desapareció, dijo que las autoridades están “tratando de desgastar a los padres” y esperando que olviden. “Pero a pesar de todos los intentos de dividir y desacreditar, sin descanso ni tregua, los padres siguen exigiendo verdad, justicia y rendición de cuentas”, afirmó.

AMLO defiende su gestión

López Obrador defendió su gestión para esclarecer el caso en una carta enviada a los familiares esta semana, en la que destacó el procesamiento de 151 personas, incluidos 16 militares, y el encarcelamiento de 120 personas, así como la búsqueda en cientos de lugares.

“No existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa el miércoles, y agregó que los comandantes militares habían cooperado en la investigación.

Los estudiantes del colegio Ayotzinapa, una comunidad conocida por su activismo político antisistema, desaparecieron cuando se dirigían en autobuses a una manifestación en Ciudad de México, para conmemorar la masacre de varios cientos de alumnos el 2 de octubre de 1968. Los investigadores creen que los jóvenes fueron secuestrados por un cártel de la droga con la ayuda de la policía local, aunque no está claro exactamente qué sucedió después.

La llamada “verdad histórica” —una versión oficial del caso presentada en 2015 por el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto— fue ampliamente desacreditada, en particular la teoría de que los restos fueron incinerados en un vertedero de basura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este jueves “a las autoridades competentes y a la sociedad mexicana en su conjunto seguir colaborando” para esclarecer los hechos.

Las autoridades mexicanas autorizaron a expertos independientes de la CIDH a investigar in situ, quienes invalidaron la “verdad histórica” y demostraron que “agentes estatales sabían de los ataques a los estudiantes”. En 2022, una comisión de la verdad creada por el gobierno de López Obrador calificó el caso como un “crimen de Estado” y dijo que los militares compartían la responsabilidad, directamente o por negligencia.

La comisión estableció que el Ejército estaba al tanto de lo que sucedía y tenía información en tiempo real sobre el secuestro y la desaparición. Además, presentó la hipótesis de que los miembros del cártel atacaron a los estudiantes porque, sin saberlo, habían tomado un autobús con drogas escondidas en su interior.

“Para muchos de nosotros, estos 10 años representan impunidad, injusticia y falta de compromiso, seriedad y avances significativos en esta investigación”, dijo Melitón Ortega, tío de uno de los desaparecidos.

*Con información de AFP.