A pesar de la derrota en el referéndum, López Obrador no descarta juicios contra expresidentes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que no descarta que haya juicios contra exmandatarios del país, pese a la pobre participación en un referéndum para decidir si se les procesa judicialmente. “Esto no descarta la posibilidad de que haya juicios, la autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales siempre y cuando haya pruebas y elementos”, afirmó el mandatario.

“Los que no procesan con autenticidad la democracia como forma de vida y de gobierno, y los medios de información, van a decir ‘fracaso’. ¿Cuándo va a fracasar la democracia? Nunca”, exclamó el mandatario en su rueda de prensa matutina desde Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Además, recordó que el próximo marzo habrá una consulta sobre la revocación de su mandato y está convencido de que votará mucha más gente.

Las normas de la consulta, realizada el domingo, exigen que la participación sea de al menos un 40 % del padrón electoral para que la decisión sea vinculante. Pero a la votación acudieron solo entre el 7,07 % y el 7,74 % de los 93,6 millones de electores, equivalente a 6,74 millones, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE). Según las cifras del INE, votaron por el “sí” entre un 89,3 % y un 96,2 % de los electores, mientras que el “no” registró un apoyo del 1,38 % al 1,58 %. “Fue realmente muy importante y ejemplar lo que se vivió en esta jornada”, expresó el mandatario, quien consideró “un triunfo” la participación alcanzada.

Actualmente, los expresidentes contra quienes apuntaba el referéndum no enfrentan investigaciones. Se trata de Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). En México, los exgobernantes pueden ser juzgados como cualquier ciudadano ya que pierden el fuero al dejar el poder. López Obrador aseveró que “lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto”.

López Obrador criticó, no obstante, el papel del INE como organizador de la consulta, el cual alegó falta de presupuesto para su adecuada realización y promoción. “No es un asunto de presupuesto, es un asunto de voluntad (...) Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia”, afirmó.

Analistas le dijeron a la AFP que el saldo de la consulta demuestra que era innecesaria para saber que la gente quiere que se castigue a la corrupción.

El mandatario ha insistido desde entonces en la necesidad de la participación de los ciudadanos para decidir si enjuiciarlos o no, a pesar de mantener su postura de “no confrontación”. Sin embargo, la consulta y la fecha para realizarla, han sido un camino sinuoso para cumplir con los requisitos legales.

Un primer intento fue movilizar a sus simpatizantes para recabar un mínimo de 1,8 millones de firmas para solicitar la consulta por la vía ciudadana, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la institución designada por la Constitución para realizar este tipo de iniciativas.

Ahondando más en cada caso, a Carlos Salinas de Gortari lo acusó de privatizar bienes públicos y beneficiar a algunas figuras de su entorno sin hacer licitaciones públicas. A Ernesto Zedillo, por convertir deudas privadas en deuda pública (caso Fobaproa). A Vicente Fox le recriminó haber entregado concesiones a la industria minera de 30 millones de hectáreas y del (supuesto) fraude electoral de 2006. A Felipe Calderón lo responsabilizó de una estrategia de seguridad que ha dejado más de 250 mil muertos y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por corrupción, fraudes electorales y la guerra contra el narcotráfico, entre otros.

A pesar de haber convocado y promovido el plebiscito, el presidente López Obrador, de gira fuera de la capital, no fue a votar porque, tal y como ya había avisado, su “fuerte no es la venganza”.

Con información de DW.