Abismo en Venezuela: elecciones parlamentarias le darán control absoluto al chavismo

Viene un reseteo de la política venezolana”, dice José Gregorio Correa, diputado adverso a Nicolás Maduro, pero que decidió inscribirse como candidato para las elecciones del 6 de diciembre, calificadas como pantomima por los partidos opositores. Más allá de su postura sobre participar en las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, la afirmación tiene sustento: lo que ocurra este 6 de diciembre y, especialmente, el 5 de enero de 2021, definirá la lucha democrática en Venezuela.

El chavismo tomará control de la Asamblea Nacional, al menos en la burocracia interna, a pesar de la falta de reconocimiento internacional a ese nuevo Parlamento. Así, eliminará al único poder legítimamente constituido que queda en Venezuela.

Dice el analista Michael Penfold, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia y fellow del Wilson Center, que Maduro necesita “cerrar el capítulo” de la presidencia interina de Guaidó. De allí la necesidad de sustraerle el piso parlamentario que lo sostiene. Para ello, unas elecciones controladas por sus partidarios, en las que el ventajismo y el control social se han impuesto, amén de haber rediseñado el sistema para garantizar su triunfo.

Del otro lado, la oposición mostrará al menos tres bloques: el encabezado por Juan Guaidó, el cual afirma que seguirá teniendo reconocimiento internacional; el de quienes participan de las votaciones y se asumirán como diputados, aún en minoría; y el de figuras como María Corina Machado o Henrique Capriles, que han marcado distancia con ambos sectores.

Y dentro de cada uno, más dudas. Cuando Vanessa Neumann, representante del Gobierno interino de Guaidó en Reino Unido, renunció a su cargo, confirmó rumores: no hay claridad en la oposición sobre la continuidad del liderazgo del también presidente de la Asamblea Nacional, según comentó al Financial Times. Hace varias semanas, el partido Primero Justicia, uno de los más fuertes dentro de la alianza que guía a la oposición mayoritaria, propuso implementar una “rotación de vocería” y la posibilidad de cambiar a Guaidó. Esa iniciativa no prosperó. Pero la evaluación de escenarios no cesa. Después de todo, la interinidad se sostiene jurídicamente sobre la presidencia del Poder Legislativo, que, al considerar que la reelección de Maduro en 2018 fue nula e ilegítima, le corresponde a la cabeza del Parlamento asumir el poder para convocar elecciones libres. Un objetivo aún esquivo.

El partido Acción Democrática ha puesto sobre la mesa la instalación de una “comisión delegada” que asuma algunas de las funciones de la actual directiva parlamentaria encabezada por Guaidó, conformada por diputados exiliados. Sería una manera de evitar represalias y que el régimen de Maduro persiga a quienes considere usurpadores de cargos.

En privado, algunos legisladores han expresado su preocupación de que puedan ser arrestados o que la policía allane sus casas si intentan reclamar un mandato después de enero. La idea de los exilios la repiten, incluso, algunos opositores que participan del fraude electoral.

Hasta ahora, la oposición ha hablado de “continuidad constitucional” en vista de que, a falta de una elección legal, los diputados continuarían siéndolo. Al basamento de consideraciones académicas, se le imprimió mayor barniz legal por decisión del llamado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio. Magistrados nombrados por el Parlamento y perseguidos por el régimen de Maduro, al considerarlos usurpadores de cargos públicos, han conformado un TSJ “legítimo”. El pasado miércoles, publicaron una sentencia que ratifica la ilegalidad del evento del 6 de diciembre y, por tanto, la interpretación de un artículo constitucional para evitar que “el pueblo quede sin representación parlamentaria” y mantener a los actuales legisladores como “los únicos diputados legítimos a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a partir del 6 de enero de 2021”.El documento –que no es tomado como válido por el resto de la burocracia nacional– también atornilla a Guaidó y a la actual junta directiva al frente del Legislativo, así como la directiva de las comisiones parlamentarias permanentes. No obstante, las decisiones de ese “TSJ en el exilio” no siempre son asumidas siquiera por los propios opositores.

Gobernar mediante la comisión delegada parece ser una de las pocas jugadas que puede realizar la oposición para mantener vigente a la única instancia con legitimidad de origen que queda en Venezuela. Maduro ya ha pedido que los nuevos diputados preparen juicios públicos a los actuales, y Diosdado Cabello anunció que legislarán sobre nuevos delitos para imputárselos a los dirigentes opositores.

En paralelo, Guaidó se mueve para garantizar que la comunidad internacional lo siga respaldando y reconociendo, mientras anuncia que no se irá del país. Estados Unidos ha dicho que lo hará, y Chile informó que el líder opositor seguirá siendo considerado como única autoridad legítima de Venezuela.

Países europeos, no obstante, no lo ven tan claro. En privado, diplomáticos admiten que a partir de enero pudieran optar por ni siquiera mencionar los asuntos jurídicos o, en todo caso, mantener relaciones “con todos”. Este martes, Guaidó le solicitó al Senado francés “que se reconozca la vigencia del Parlamento nacional”.

La oposición mayoritaria también ha convocado una consulta popular para la semana después de las elecciones a fin de rechazar ese evento y ratificar el apoyo a la actual Asamblea Nacional. La actividad aspira a lograr la participación de hasta 7 millones de personas en todo el mundo, combinando votos vía web con presenciales el 12 de diciembre. La encuestadora Consultores 21 ubica en 50 por ciento a quienes se dicen opositores al interés en formar parte de esa consulta.

El gran interrogante está sobre la Casa Blanca. La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos plantea un cambio estratégico con respecto a Venezuela. Sin embargo, el 20 de enero, cuando haya asumido el cargo, el juego venezolano ya habrá repartido nuevas cartas. “El apoyo a la causa venezolana es bipartidista y así seguirá siendo”, se limita a aclarar el embajador estadounidense para Venezuela, James Story, recién confirmado por el Senado de su país, con votación de ambos partidos, para un cargo que no puede ejercer sino desde Bogotá.

En cualquier caso, Venezuela camina a una desaparición de sus referentes institucionales y políticos, en los que la población sigue perdiendo las esperanzas de cambio. La más reciente encuesta de Datanálisis confirma que el rechazo al liderazgo político es transversal, y Maduro es la figura peor valorada (80 por ciento), seguido por Henri Falcón, Henrique Capriles y Leopoldo López. Guaidó es el de menor rechazo (65 por ciento) junto con la exdiputada María Corina Machado.

Por otra parte, el estudio indica que apenas 8,6 por ciento de los venezolanos están muy dispuestos a participar el 6 de diciembre, mientras que 25,4 por ciento sostiene estar dispuesto a hacerlo. El potencial de la votación es de apenas 34 por ciento, muy lejos del 76 por ciento de 2015 cuando la oposición ganó. Según Consultores 21, solo 22 por ciento está dispuesto a participar el 6D. En ambos casos, los dispuestos se conforman mayoritariamente por quienes se dicen chavistas.

No obstante, esos estudios de opinión indican que la mayoría de los venezolanos no son chavistas, pero tampoco opositores. 60 por ciento se califica como independiente, mientras que 26 por ciento sostiene ser opositor y apenas 12 por ciento dice apoyar al chavismo. Un panorama complejo para una jornada difícil.