“El premio Nobel de Paz debe interceder por los presos políticos venezolanos”

En medio de tensiones entre el chavismo y la oposición venezolana, varios adversarios del gobierno de Nicolás Maduro fueron encarcelados en el inicio del nuevo año, después del nombramiento de un nuevo vicepresidente y la activación de un "comando antigolpe"

La abogada venezolana Lilia Camejo, directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, ha defendido a varios de los más de 100 presos políticos que denuncia la oposición. Semana.com habló con ella a su paso por Bogotá.

Semana.com: En medio de un proceso de diálogo con la oposición, el Gobierno venezolano había liberado algunos presos, pero en los últimos días hizo nuevas detenciones. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela?

Lilia Camejo: En Venezuela hay más de 120 presos políticos, y una de las primeras exigencias de la oposición fue su liberación. En principio, luego de haber iniciado las negociaciones, liberaron a tres personas del partido Primero Justicia que tenían 40 días privadas de la libertad. Después de eso hubo una que otra, pero consecutivamente van liberando y van deteniendo.

En diciembre liberaron a algunos, pero ahora, a raíz del nombramiento del nuevo vicepresidente, Tareck El Aissami, realmente vimos cómo en menos de 48 horas empezó la persecución mucho más intensa de lo que venía ocurriendo.

Primero fue el allanamiento a la casa del general Isaías Baduel en la ciudad de Maracay, donde él estaba terminando de pagar su condena de casa por cárcel o arresto domiciliario, porque su condena termina los primeros días de marzo. Y luego la detención en una autopista entre Caracas y Valencia del diputado Gilber Caro, de Voluntad Popular, con su novia. Posteriormente detienen a dos concejales, uno de Voluntad Popular, otro de Primero Justicia, y luego dos muchachos más que estuvieron en la primera aparición pública de (el líder opositor) Manuel Rosales en el estado Zulia.

O sea que en las 72 horas posteriores a la designación del nuevo vicepresidente hubo seis detenciones. Esto es alarmante. Si bien es cierto ha habido persecución durante el gobierno de Nicolás Maduro, el cambio de vicepresidente fue algo impactante.

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Semana.com: ¿Cuál es el propósito del “comando antigolpe” del que habla el gobierno de Maduro?

L. C.: Ese comando antigolpe viene simplemente a perseguir y a crear un temor enorme en la población. A seguir haciendo que la gente tenga miedo, a frenar las manifestaciones que la gente viene realizando. En octubre y noviembre la gente había salido a protestar de nuevo por la falta de alimentos y medicina.

Hay un irrespeto enorme ante el poder judicial. Los cuerpos de seguridad del Estado a pesar de tener boletas de excarcelación de 18 presos políticos no los han querido liberar, las audiencias se difieren y difieren. No hay seguridad procesal, no hay seguridad jurídica, hay violación al debido proceso.

Semana.com: ¿Los presos en Venezuela se están convirtiendo en una ficha de cambio, en un elemento de negociación?

L. C.: Sí, absolutamente. Los han utilizado como pieza de canje, es que no tenían por qué entrar siquiera en una negociación. Hay más de 120 presos políticos simplemente por haber manifestado, por haber opinado. Tenemos ocho tuiteros presos. Hay amas de casa, hay estudiantes, hay políticos. Hay una diversidad de la sociedad venezolana que está presa por opinar. No pueden seguir siendo utilizados los presos políticos como unas fichas de canje, tienen que ser liberados todos y no tienen por qué ser liberados uno hoy, dos mañana. Si al general del cuerpo de seguridad del Estado no le provoca soltarlos, así tenga la orden de excarcelación, no los suelta. Eso no puede seguir ocurriendo, y ese es el llamado que yo he querido hacer al premio Nobel de la Paz: él debe interceder, debe mediar, debe solicitarle al Gobierno de Venezuela que haga un gesto de buena voluntad y libere a todos los presos políticos.

Semana.com: El Gobierno ha dicho que en Venezuela no hay presos políticos sino políticos presos. ¿Cuántos son realmente presos políticos?

L.C.: En 2013, cuando hubo las primeras detenciones masivas por las manifestaciones de los estudiantes frente al Consejo Nacional Electoral por la inconformidad del resultado de las elecciones, ¿qué hizo el gobierno? Les imputó a todos estos manifestantes delitos comunes, y es lo mismo que ha pasado en el año 2014 con los más de 3.000 muchachos detenidos, a los que les han imputado delitos comunes como instigación pública. Les han imputado delitos de terrorismo. Nosotros tenemos muchachos presos por el delito de terrorismo, financiamiento al terrorismo, supuestamente homicidio, por instigación pública, por instigación a la rebelión, les han imputado delitos militares.

Cuando se hizo el año pasado la redacción del proyecto de Ley de amnistía, en el que participamos, el Gobierno debatía sobre amnistiar delitos comunes. Pero eso es lo que ha hecho el Gobierno, instruir a los tribunales para que imputen delitos comunes y no se vea que son delitos políticos. Los muchachos realmente no son delincuentes, son estudiantes pero imputados y acusados por delitos comunes que no cometieron. Son más de 120 presos imputados, acusados por delitos comunes.

Semana.com: ¿Hay una agresividad particular contra Voluntad Popular, el partido del encarcelado Leopoldo López?

L.C.: Evidentemente. La persecución ha sido contra todos los partidos, pero lo más fuerte ha sido contra Voluntad Popular.

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Semana.com: ¿Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, está en riesgo de tener problemas judiciales próximamente?

L.C.: Al Gobierno le ha molestado intensamente su trabajo de defensa de derechos humanos y que Lilian haya recorrido el mundo solicitando la liberación de los presos políticos. Ella ha sido incómoda para el Gobierno. En riesgo ha estado siempre, desde el momento en que Leopoldo quedó detenido.

Semana.com: Usted también ha defendido militares presos… ¿siente que hay una ruptura entre los militares con respecto al Gobierno?

L.C.: Ahora hay una ruptura entre el grupo de militares que acompañaron al presidente Chávez, como por ejemplo el general y ex ministro Miguel Rodríguez Torres, contra quien supuestamente hay una orden de aprehensión. Recuerden que Nicolás Maduro no viene de estamento militar, ni el nuevo tren ejecutivo que acaba de designar.

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Semana.com: También ha sido la abogada de Lorent Saleh y Gabriel Valles, expulsados de Colombia, ¿Cuál es su situación?

L.C.: Ellos no han sido acusados, pero tampoco les han sobreseído el caso, tampoco han pedido el archivo fiscal y tienen dos años y medio privados de la libertad en la policía política del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia). Pasaron dos años en unos calabozos que se llaman ‘la tumba’ en otra de las sedes del Sebin, aislados totalmente, donde les aplicaron por meses la tortura blanca, en la que te encierran en una celda con luz blanca, paredes blancas, sábanas blancas y no sabes si es de día o si es de noche. No les dejaban entrar reloj para que no pudieran ubicarse en el tiempo. Llegaron a determinar cuándo era de noche y cuando es de día porque por encima de esos sótanos pasan los rieles del metro de Caracas. Cuando ya no oían más el ruido del metro sabían que eran las 12 de la noche, pero así pasaron más de ocho meses. Y dentro de ‘la tumba’ estuvieron dos años y dos meses. ¿Quién les resarce a esos dos muchachos el daño sicológico enorme que sufrieron?

Todo eso se generó por una ilegalidad que nació aquí en Colombia. La cancillería colombiana tenía la obligación, si quería expulsar a estos muchachos, de haberles preguntado a donde quería ir, haberles dado la opción. No te pueden expulsar al país de donde has salido por persecución política.

Semana.com: ¿Esperarían un mayor apoyo de países vecinos como Colombia?

L.C.: Es una de las peticiones que he querido hacer al premio Nobel de la Paz, a Juan Manuel Santos. Que interceda, no como presidente de Colombia sino como premio Nobel de la Paz. Él debe tratar de ser mediador.