Abogado del presidente peruano Pedro Castillo mostró video de un ‘stripper’ en plena audiencia

Este miércoles 15 de junio, en medio del marco de la audiencia de tutela de derechos, solicitada por el presidente de Perú, Pedro Castillo, como un recurso solicitado dentro de la investigación que se lleva en su contra por presunto tráfico de influencias, su abogado defensor, Benji Espinoza, vivió un momento incómodo en el desarrollo de la diligencia judicial.

La audiencia que se desarrolló por medio de una plataforma digital y en modalidad remota, se llevaba a cabo de manera normal y mientras uno de los asistentes a esta diligencia estaba realizando su exposición, de manera inesperada en el recuadro del abogado Espinoza se activó un video de un ‘stripper’.

Ante esta situación, dicho video tomó protagonismo sobre la reunión en la plataforma digital y se proyectó como pantalla principal. Seguido de esto, la persona que fue interrumpida tomó nuevamente la palabra y allí cuestionó lo sucedido.

“Hay una interferencia, me parece del abogado que está mostrando unas imágenes muy sugerentes. No sabemos exactamente a qué se debe”, dijo.

Castillo asegura que cooperará con investigación de la Fiscalía

El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, dijo este domingo que cooperará en la investigación abierta en su contra por la Fiscalía sobre presunto tráfico de influencias, algo inédito para un mandatario en ejercicio en el país.

“Voy a colaborar, voy a concurrir al llamado del fiscal u otras instancias que tengan que ver por la investigación”, dijo Castillo durante una entrevista con el canal estatal TV Perú, en la que descartó cualquier intento de evadir a la justicia.

Su decisión de colaborar marca un giro en su aparente actitud reticente inicial, pues el lunes sostuvo que la Fiscalía había desatado una “persecución política” en su contra.

“Me voy a someter, ese es mi compromiso con el país”, dijo ahora Castillo, a quien se investiga por una causa que involucra a su entorno cercano.

La justicia ha pedido la captura de dos sobrinos del presidente, de su exministro de Transportes y su exsecretario de la Presidencia. Su paradero es desconocido y son buscados por la Policía, que ofrece de 4.000 a 13.300 dólares de recompensa por ellos.

La Fiscalía incluyó hace una semana a Castillo en la causa sobre el consorcio “Puente Tarata III”, sobre una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas.

“Jamás me va a salpicar la corrupción”, enfatizó el presidente, un maestro rural de 52 años que lleva casi 11 meses en el poder y que niega las acusaciones.

Castillo, citado el 17 de junio

La Fiscalía reprogramó para el 17 de junio una citación al presidente para que declare, informó el abogado del mandatario.

“Esta nueva fecha (17 de junio) ocurrirá después de la audiencia (judicial) de tutela de derechos que será el miércoles 15″, dijo a la radio RPP el letrado Benji Espinoza, defensor de Castillo.

La Fiscalía acogió así el pedido de Castillo de modificar la fecha de su declaración anunciada hace una semana para este lunes 13 de junio, alegando que le faltaba información para dar la respuesta respectiva.

El abogado de Castillo, sin embargo, busca bloquear judicialmente la investigación, apelando a la inmunidad que le otorga a un mandatario la Constitución de Perú de ser acusado durante su gestión. Ello se decidirá en una audiencia judicial el miércoles, en la que Castillo no participa.

“Si ese día (miércoles) estimaran nuestro pedido y nos dieran la razón, entonces la investigación quedaría censurada para el presidente y, por tanto, todas las diligencias en relación a este no tendrían validez o sentido”, agregó el abogado Espinoza.

La investigación es la primera que afronta un mandatario en funciones porque la legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, aunque pueden avanzar las indagaciones.

Castillo, cuyo mandato finaliza en julio de 2026, se ha salvado dos veces de ser destituido por el Congreso, controlado por la oposición.

Cuatro expresidentes peruanos están condenados o enfrentan investigaciones por denuncias de corrupción: Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

*Con información de la AFP.