Aborto en EE. UU. | Fiscales de 21 estados se pronunciaron este lunes tras fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema anuló el pasado viernes 24 de junio la sentencia “Roe v. Wade”, que durante 50 años garantizó el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, dejando a los estados la decisión de prohibir o no el aborto.

Varios de los estados gobernados por conservadores se apresuraron de inmediato a ilegalizar el aborto en su territorio, apoyándose en leyes que permanecieron inactivas hasta el momento.

Pero este lunes, 21 fiscales generales de los 50 estados de Estados Unidos difundieron un comunicado en el que reafirman el compromiso que tienen para apoyar el acceso a la atención médica del aborto.

Los fiscales también argumentaron en su carta que los estadounidenses tendrán que viajar a otros estados para poder tener “acceso a la atención médica fundamental”, el cual debería ser un derecho.

De acuerdo a medios internacionales, el comunicado fue firmado por los fiscales generales de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Washington y el Distrito de Columbia.

Sobre este tema polémico en Estados Unidos también se conoció que un juez de Luisiana suspendió temporalmente el lunes leyes que prohíben el aborto en ese estado del sur de Estados Unidos, en una rápida contraofensiva legal tras la decisión el viernes de la Corte Suprema de revocar ese derecho a nivel federal.

Estudiantes de medicina y facultativos impugnaron en la justicia local tres leyes que prohíben el aborto en Luisiana, argumentando que son demasiado “vagas” al no especificar claramente las excepciones o las sanciones asociadas.

El juez Robin Giarrusso bloqueó, por tanto, esas leyes hasta la audiencia del 8 de julio.

“Los abortos pueden reanudarse en Luisiana”, tuiteó de inmediato el Centro de Derechos Reproductivos, que representó a los demandantes.

“Cada día que una clínica está abierta puede marcar la diferencia en la vida de alguien”, dijo su presidenta, Nancy Northup, en un comunicado.

No obstante, es posible que esta victoria dure poco, ya que el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, prometió “hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que las leyes que protegen a los niños por nacer entren en vigor”.

Luego de la decisión de la Corte Suprema, autoridades, activistas y ciudadanos prometieron luchar para que los estados gobernados por demócratas sigan sirviendo de “santuarios” destinados a que las mujeres que deseen abortar lo hagan con total seguridad.

Por ejemplo, en el estado de Nueva York, cuarto del país en población (20 millones de habitantes) e históricamente situado a la izquierda por el peso liberal en la ciudad de la Gran Manzana, autoridades y profesionales sanitarios se preparaban desde hace semanas para el entierro de medio siglo de derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo.

“Sabemos que las necesidades van a aumentar significativamente”, declaró a la AFP Sarah Moeller, profesional de la salud de la asociación Brigid Alliance, que paga el viaje, alojamiento y alimentación y proporciona incluso ayuda financiera a las mujeres sin recursos que desean abortar.

La gobernadora del estado de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul fue la primera en denunciar el pasado viernes el “retroceso de los derechos de millones de estadounidenses” y prometió “invertir 35 millones de dólares para facilitar el acceso a los servicios para abortar”.

“Nuestro estado seguirá siendo un santuario para aquellas que quieran abortar”, garantizó la demócrata.

Al otro lado de Estados Unidos, los gobernadores de tres estados “progresistas” de la costa oeste ―Gavin Newsom (California), Kate Brown (Oregon) y Jay Inslee (estado de Washington)― se “comprometieron” en un comunicado a “defender el acceso a la contracepción y el aborto”.

*Con información AFP.