Abren investigación contra Pedro Castillo, presidente de Perú, por tráfico de influencias

Este miércoles 13 de julio en horas de la mañana, la Fiscalía de Perú dio a conocer, mediante la cuenta oficial de Twitter, la disposición que determinó de para dejar sin efecto la medida que “suspendía la investigación preliminar al presidente de la República, por el presunto delito contra la Administración Pública - Tráfico de Influencias, en calidad de autor”.

De modo que se inició nuevamente la investigación y se citó a comparecer al mandatario el próximo 4 de agosto, junto a otras 9 personas, todos deberán asistir en diferentes fechas, conforme lo dispuso el ente investigador de ese país.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, el pasado 18 de junio declaró ante la Fiscalía durante tres horas en un caso de supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero, relacionado con la entrega de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles (52 millones de euros). Castillo insistió en que es “un hombre honesto” y agregó que siempre defenderá su “inocencia y honor”, tal y como publicó en un mensaje de Twitter.

El caso aborda la adjudicación de dicho contrato al Consorcio Tarata III para la construcción de un puente sobre el río Huallaga a su paso por el departamento de San Martín (norte), después de que una oficina del Ministerio de Transportes señalara que no cumplía con los criterios técnicos necesarios.

En concreto, la comparecencia del mandatario se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público y estuvo a cargo del fiscal supremo adjunto, Samuel Rojas, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, tal y como informó el diario ‘El Comercio’.

Según señaló el diario ‘La República’, es el primer jefe de estado en el cargo que responde ante la Fiscalía en calidad de investigado por presuntos actos de corrupción en el marco de una investigación preliminar abierta por el fiscal Pablo Sánchez.

El mandatario peruano fue incorporado a finales de mayo a las pesquisas que ordenó Sánchez en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’ por la empresaria Karelim López, por presunto tráfico de influencias.

Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios y estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

La investigación gira en torno a las declaraciones de López, quien se habría reunido en el Palacio de Gobierno con Pacheco y los sobrinos de Castillo, quien aseguró que Villaverde presentó al empresario Luis Pasapera un listado de obras del Ministerio de Transportes, a las que podían presentarse sus empresas sin necesidad de concurso público.

Investigación a su esposa por el mismo delito

La esposa del presidente, Lilia Paredes, compareció este miércoles ante una comisión del Congreso que investiga un caso de supuesto tráfico de influencias que involucra a su hermana, pero se negó a responder las preguntas de los legisladores.

“Por recomendación de mi abogado me abstengo a declarar”, contestó Paredes ante cada pregunta de los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso, dominada por la oposición derechista.

Paredes fue citada luego de que un programa dominical de televisión afirmara que su hermana Yenifer y un empresario de la construcción ofrecían obras de saneamiento en un pueblo de Cajamarca, la región del norte de Perú de donde son originarios ella y el presidente Castillo.

“Yo declaré el 8 de julio en la fiscalía, pueden pedir una copia a la fiscalía, ahí están todas las preguntas”, expresó la primera dama de 49 años, quien es maestra rural, como su esposo. El Ministerio Público había citado a Paredes por el mismo caso y ella respondió todas las preguntas del fiscal Jony Peña.

*Con información de Europa Press y AFP.