Al menos 16 heridos y el incendio de una comisaría dejan nuevos enfrentamientos en Perú

Al menos 18 heridos, entre ellos 10 civiles y seis militares, la sede del Poder Judicial y una comisaría, incendiadas, dejaron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante protestas en la región andina de Puno contra la presidenta Dina Boluarte, informaron las autoridades.

Las acciones ocurrieron en la ciudad de Juli cuando cientos de indígenas se movilizaron reclamando la renuncia de Boluarte, quien este siete de marzo cumple tres meses en el poder tras asumir en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras un fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.

De acuerdo con el informe oficial, uno de heridos presenta una herida en el brazo derecho por una bala, mientras que otros dos, entre ellos un menor de 13 años, resultaron afectados por intoxicación por gas lacrimógeno, según la emisora Radio Programas del Perú, RPP.

Los demás heridos, que han sido diagnosticados con múltiples contusiones y heridas, ya han recibido el alta hospitalaria del centro médico al que fueron trasladados.

Debido a la situación, la Defensoría del Pueblo instó a la calma y a evitar actos de violencia en un comunicado difundió a través de la red social Twitter, luego que los primeros reportes de las autoridades señalaran cinco heridos.

“Hacemos un llamado urgente a la calma y la no violencia en Juli. Hasta el momento hemos verificado 16 heridos (1 civiles y 6 de FF. AA.) tras enfrentamientos entre pobladores y fuerzas del orden y el incendio de la Comisaría PNP de Juli”, indicó el organismo.

Igualmente, señaló que “corresponde a la Fiscalía investigar los hechos de violencia ocurridos y las causas de las lesiones ocasionadas a las personas heridas. La Red de Salud de Juli nos informó que heridos están siendo atendidos en el hospital de dicha localidad. Las personas primero”.

La Defensoría peruana indicó que desplazó a la “Comisaría de Miraflores (de la Policía) para garantizar derechos de tres personas detenidas en protestas de hoy. También nos desplazamos a hospitales Dos de Mayo y Edgardo Rebagliati para constatar atención de personas heridas”.

“Tras conocerse el ataque e incendio de la sede del Poder judicial en el distrito de Juli, en Puno, el presidente de la entidad, Javier Arévalo, lamentó la afectación que este hecho tendrá en el desarrollo de los casos que se ventilan en dicho inmueble”, informó Agencia Andina, al publicar una foto del hecho.

El enfrentamiento estalló cuando las fuerzas de seguridad, conformadas por policías y soldados del ejército, usaron sus armas de fuego para dispersar a una masiva manifestación. Dicha acción provocó la reacción de una turba que atacó e incendió la comisaría, según imágenes difundidas por las redes sociales.

La red de Salud de la provincia de Chucuito, dependiente del ministerio de Salud, indicó que los heridos fueron dirigidos al hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, aunque sin precisar el estado en que se hallaban ni el tipo de heridas.

La Policía Nacional de Perú señaló en un comunicado que “personas desconocidas atacaron las instalaciones de la Comisaría de Juli en Chucuito-Puno, generando disturbios y ataques a las fuerzas del orden. Pedimos respeto a la población; asimismo, rechazamos actos de violencia que ponga en riesgo a la ciudadanía”.

La comisaría estaba vacía al momento del ataque con bombas incendiarias y el fuego se expandió a toda la sede, según un canal de televisión local.

El Gobierno de Perú expresó su rechazo contra los ataques de los que ha calificado como “vándalos” a la comisaría de la localidad, responsabilizándolos de haber puesto en peligro a los 47 efectivos policiales que se encontraban en el interior.

“Pese a que el oficial a cargo de la delegación policial intentó entablar diálogo, los atacantes continuaron con sus actos de violencia durante más de tres horas”, se lee en una misiva difundida por el Ministerio del Interior peruano.

La caída de Castillo desató violentas protestas desde diciembre, que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones al 2023.

Castillo, un maestro rural de 53 años y líder gremial, cumple desde diciembre 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.

El expresidente peruano, quien había sido elegido hasta 2026, fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre cuando llevaba 17 meses en el poder.

Ese mismo día fue capturado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.

La policía lo detuvo cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el poder desde entonces.

*Con información de AFP y Europa Press.