Alberto Fujimori, expresidente de Perú, es internado de emergencia en Lima, según informan medios locales. ¿Cuál es su estado de salud?

El expresidente de Perú Alberto Fujimori fue internado este viernes en la Clínica Centenario Peruano Japonesa, ubicada en el distrito limeño de Pueblo Libre, pues tuvo una baja saturación de oxígeno, según publicaron medios peruanos.

En la institución, al exprimer mandatario se le practicó una prueba de detección de la covid-19 mediante antígenos, para descartar una infección, para la cual resultó negativo, según contó su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga.

De igual manera, fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de ese país anunciaron que el exmandatario entró a las 3:20 de la tarde, pues tenía programado para esa hora un chequeo de salud, pero por los resultados que arrojó los especialistas determinaron que era mejor que permaneciera en la clínica.

Actualmente, Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión en el penal de Barbadillo, pues en mayo de 2020 la justicia de ese país declaró improcedente el habeas corpus presentado por sus familiares para que pueda abandonar el establecimiento penitenciario ante un posible riesgo por la covid-19.

El juzgado evaluó el recurso de los hermanos Fujimori Higuchi, pero finalmente dictaminó que el expresidente no está en riesgo de contagiarse del coronavirus, pues es el único preso en este distrito penal.

Incluso, según dijo la magistrada Adriana Zulueta en ese momento, Alberto Fujimori contaba “con servicio de salud equipado con cama clínica y camilla, a cargo de un médico general con horario de ocho de la mañana a dos de la tarde y tres técnicas en enfermería con turnos de 24 por 48 horas”.

Casos de esterilizaciones forzadas

A comienzos de marzo de este año, la Fiscalía de Perú abrió un juicio contra el expresidente Alberto Fujimori y varios de sus funcionarios, entre los que se encuentran Eduardo Yong, Mariano Costa y Alejandro Aguinaga, exministros de Salud, así como dos funcionarios locales, todos acusados de “esterilizaciones forzadas” en miles de mujeres pobres durante 1996 y 2000.

Pablo Espinoza, el fiscal que presentó los cargos, afirmó que los acusados “hicieron mucho daño con su política”. Se estima que unas 270.000 mujeres peruanas fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, en las que murieron 18, cinco de ellas por lesiones graves relacionadas con el procedimiento; además, más de 1.300 sufrieron algún tipo de secuela física.

Estos procedimientos médicos se llevaron a cabo como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori impulsó durante su último mandato. Esta iniciativa fue utilizada supuestamente para “reducir la pobreza”.

En su mayoría, las víctimas mortales fueron campesinas pobres e indígenas Quechua. Estos hechos representan uno de los casos más sonados por presunta violación de los derechos humanos en contra de Fujimori, y por el que se ha esperado más de 20 años.

Fujimori no estuvo presente en la audiencia, ya que argumenta que no puede ser procesado por este caso porque no estuvo incluido en su expediente cuando fue extraditado de Chile.

La denuncia incluye a los exfuncionarios del sistema de salud en la región Cajamarca: Segundo Aliaga y Magda González; estos dos, como presuntos responsables por la muerte de Mamérita Mestanza, una joven de 19 años que falleció luego de ser sometida a este procedimiento en 1998.

El fiscal Pablo Espinoza, representante de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, presentó los cargos en el inicio de la audiencia remota dirigida por el magistrado Rafael Martínez.

“Fue a una posta de salud a ponerle una vacuna a su bebé y ahí le dijeron que se tenía que ligar las trompas; la llevaron a un tópico, le colocaron dos inyecciones y se desmayó”, explicó el fiscal sobre el caso de Mestanza. “Al día siguiente, se despertó, le dieron dos pastillas y se fue caminando despacio a su casa”, agregó.

La joven de 19 años tenía dos hijos, pero no sabía leer ni escribir el español, era quechuahablante. Sin embargo, eso no fue impedimento para que le exigieran firmar una autorización en la lengua dominante para someterla a la cirugía.

Este programa se pudo llevar a cabo en el segundo gobierno de Fujimori gracias a la mayoría con la que contaba en el Congreso, por lo que pudo modificar las leyes para legalizar la esterilización e incluirla como método de planificación familiar, sentenció el fiscal.