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Alex Saab ya se encuentra en detención domiciliaria a la espera de su extradición a EE. UU.
El traslado se adelantó bajo fuerte escolta desde la prisión de Sal, ubicada en una de las islas del archipiélago.
El empresario colombiano Alex Saab, allegado al presidente venezolano Nicolás Maduro, fue puesto en residencia vigilada en Cabo Verde, donde apeló ante la Corte Suprema por el pedido de su extradición a Estados Unidos, indicó el martes la fiscalía general local.
El traslado se produjo bajo fuerte escolta de la prisión de Sal, de una de las islas del archipiélago a una residencia privada en la misma isla, se hizo el lunes, según imágenes difundidas el martes por la televisión local.
El empresario puesto en residencia vigilada había “superado el periodo legal” de detención provisoria, indicó en un comunicado la oficina del procurador general de Cabo Verde. La decisión fue tomada el 21 de enero.
Según sus abogados, Saab, de 49 años, reclamado por Estados Unidos por blanqueo de dinero, se encuentra “en delicado estado de salud” y “no hay ningún riesgo de fuga (...) su está residencia vigilada”.
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Saab es acusado por Estados Unidos de manejar una vasta red para que el dirigente Nicolás Maduro y su régimen pudiera desviar en su beneficio ayuda alimentaria con destino a Venezuela.
Inculpado en julio de 2019 en Miami por blanqueo de dinero, fue detenido durante una etapa técnica de su avión en Cabo Verde a mediados de junio de 2020.
El 4 de enero la justicia de Cabo Verde confirmó en apelación su extradición, autorizada en primera instancia en agosto. El abogado del empresario colombiano apeló ante la Corte Suprema.
Con su socio Álvaro Pulido, también inculpado por blanqueo, Saab habría hecho una transferencia de 350 millones de dólares (285 millones de euros) fuera de Venezuela a cuentas extranjeras que tenían o controlaban. Ambos podrían ser condenados a 20 años de prisión.
Venezuela, que le otorgó la nacionalidad y el título diplomático de “enviado especial”, considera su detención en Cabo Verde como arbitraria.
El Ministerio Público de Cabo Verde indicó la semana pasada que el examen de la demanda de extradición hecha por Estados Unidos “sigue su curso”.
En contra de Saab está pendiente y aprobada una solicitud de extradición a Estados Unidos que el Gobierno venezolano ha tratado de frenar de diferentes formas, incluso dándole el estatus de diplomático al llamado empresario barranquillero.
En días pasados a justicia de Cabo Verde autorizó la extradición del señalado testaferro de Nicolás Maduro; sin embargo, su defensa interpuso un recurso de apelación y, mientras este se resuelve, otro juez le concedió el beneficio de detención domiciliaria. Al parecer, para tomar esta decisión se argumentaron los problemas médicos que se expusieron en las mismas solicitudes previas que buscaban su libertad.
Expertos internacionalistas aseguraron que el beneficio de casa por cárcel no afecta el trámite de extradición, pues son dos escenarios diferentes: uno busca su comparecencia ante la justicia de los Estados Unidos; el otro, preservar un derecho y garantizar su seguridad. También afirmaron que la única forma de tumbar el proceso de extradición es que la apelación presentada por la defensa de Saab prospere.
En Colombia también tiene un proceso abierto que se encuentra en etapa de juicio y que además vincula a su contador en cinco delitos: entre los que se encuentran concierto para delinquir y lavado de activos. La Fiscalía tiene el material probatorio que vincula a Saab y a varias de sus empresas en movimientos financieros que no logró explicar.
“En la diligencia realizada hoy, una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos señaló que Saab Morán, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones”, explicó en su momento la Fiscalía en el llamado a juicio contra Saab y su contador
Por esta investigación, la Fiscalía de Colombia inició un proceso de extinción de dominio que cayó sobre sus lujosas propiedades ubicadas principalmente en la ciudad de Barranquilla. Se trata de bienes avaluados en más de 35.000 millones de pesos y que fueron adquiridos, según la investigación, gracias a los millonarios recursos que le dejaron los contratos con el Gobierno de Venezuela.
Con información de AFP
