ALFONSIN ENTRO PISANDO DURO

Como un acto de consolidación de la democracia y de legitimación de su gobierno se interpretó la decisión del presidente argentino, Raúl Alfonsin, de enjuiciar a los jefes militares responsables del régimen de fuerza que gobernó al país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre pasado. Las iniciativas contemplan medidas tendientes a erradicar la tortura y a garantizar la vigencia de la justicia sobre una base de igualdad ante la ley. De esta forma, Alfonsín dio un importante paso politico al cumplir las promesas de la campaña electoral, cuando llamó a los argentinos a evitar que el país pierda la memoria de lo que ha súcedido en los últimos años y a lograr, a través de la justicia, que esos episodios no se vuelvan a repetir.
Las medidas anunciadas disponen el sometimiento a juicio sumario, ante el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas, de los integrantes de las tres juntas militares que gobernaron la Argentina después del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón. Los militares enjuiciados, entre quienes se cuentan los responsables de la guerra por las islas Malvinas contra Gran Bretaña, son los generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, y los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya y los brigadieres Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo. Todos estos jefes militares serán juzgados por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, y aplicación de tormentos a los detenidos.
Al mismo tiempo, Alfonsín decidió iniciar acciones penales contra destacados jefes de la guerrilla, especialmente aquellos que fueron los más notorios dirigentes de la guerrilla peronista de izquierda, nucleada en el hoy llamado Movimiento Peronista Montonero. Por los delitos de "homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público", serán juzgados los jefes guerrilleros Mario Eduardo Firmenich, Roberto Perdia, Fernando Vaca Narvaja, Rodolfo Galimberti y Héctor Pedro Pardo. También figura entre los imputados el ex gobernador peronista de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, vinculado a la dirección política de Montoneros. La lista incluye a Enrique Gorriarán Merlo, a quien se señala como dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de origen trotskista.
Las medidas se completan con disposiciones, giradas al Congreso convocado a sesiones extraordinarias, para declarar nula la ley de amnistía decretada por el gobierno militar para posibilitar la "autoabsolución" de los militares que actuaron en la llamada "guerra sucia" contra la guerrilla.
Otro proyecto propone derogar una ley, aprobada en el último período del gobierno militar, que estableció mecanismos sumarios para la acción represiva contra supuestos terroristas.
La propuesta oficial incluyó también una modificación al código penal por el cual se equipara el delito de torturas y sus consecuentes sanciones, al de homicidio, y se establece una nueva figura delictiva de "atentado al orden constitucional" con penas severas para todos aquellos actos destinados a interrumpir el proceso democrático. A estas medidas propuestas por el Presidente, se sumó la resolución de una juez federal de Buenos Aires decidiendo el procesamiento de dos de los últimos comandantes del régimen militar. El general Cristino Nicolaides y el almirante Rubén Oscar Franco, deberán pues, comparecer ante la justicia como procesados por el delito de bloquear y entorpecer la acción de la justicia en el caso de la desaparición de la joven Inés Olleros.
En general, las medidas adoptadas por Alfonsín han sido bien recibidas por los diferentes sectores políticos del país, mientras que los militares se han excusado de formular apreciaciones. En su mensaje al país, Alfonsín insistió en su tesis de las responsabilidades que pesan sobre los integrantes de las Fuerzas Armadas, poniendo mayor énfasis en los responsables políticos, los comandante y jefes superiores, dejando en un segundo plano a quienes "se excedieron en el cumplimiento de órdenes por motivos de crueldad perversidad o codicia" y estableciendo atenuantes para los militares de menor graduación "quienes se limitaron a cumplir órdenes". En este sentido se plantea una discrepancia con las organizaciones de derechos humanos, que exigen e enjuiciamiento de todos y que el proceso se realice mediante la constitución de "jurados de conciencia" integrados por la ciudadanía.
Una ausencia importante en el primer paquete de medidas presidenciales es la comisión del tema de los desaparecidos, cuya cifra alcanzó a 30 mil durante el régimen militar. En fuentes gubernamentales se insiste en que Alfonsín y sus colaboradores se mantendrán en la tesis de canalizar todo tipo de investigaciones sobre este particular a través de la justicia ordinaria, a la cual prometen garantizar absoluta independencia.

CRITICAS DE LOS SECTORES EMPRESARIALES
Lo que no gustó de las primeras medidas tomadas por el nuevo presidente argentino fue el paquete económico. Al menos el sector empresarial criticó de entrada las primeras disposiciones destinadas a frenar la inflación, que sobrepasa el 400% anual. En un intento por controlar dicho fenómeno el ministro de Economía recién nombrado Bernardo Grinspun, firmó un decreto el 12 de diciembre congelando los precios durante 40 días y fijando los márgenes de rentabilidad para el sector industrial y comercial. A ésto se sumó el anuncio hecho por un miembro del equipo económico de Alfonsín en el sentido de que el gobierno decretará próximamente aumentos salariales.
El diario especializado "Ambito Financiero", vocero de los grupos económicos más importantes del país, fue el primero en advertir a sus lectores, analizando el mensaje de Alfonsín el día de su posesión, sobre la existencia de "inevitables reparos políticogremiales y sorpresas económicas". El vocero del gremio industrial, Roberto Favelevio, también se sumó a las críticas. Dijo que la congelación de precios "es un sacrificio injusto que se le pide a un sector que ha contribuido siempre al desarrollo de la nación".
Así pues, sólo 24 horas después de haber asumido el mando, Raúl Alfonsín empieza ya a distanciarse de los sectores económicos que sirvieron de respaldo al régimen militar.