¿Amenazas de papel o realidad? Las claves detrás de la orden de arresto de la CPI contra Vladimir Putin

El mundo entero se sorprendió con la noticia de que el mandatario ruso Vladímir Putin y una de sus funcionarias más cercanas tienen ahora una orden de detención interpuesta por la Corte Penal Internacional (CPI), que acusa al presidente de crímenes de guerra por varios actos perpetrados durante la invasión a Ucrania que se desarrolla desde hace más de un año.

Se acusa al presidente ruso de ser “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y del traslado ilegal de población de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”, haciendo énfasis en que se refiere a que son niños los que habrían sido llevados de manera irregular a territorio ruso, constituyendo un crimen contra la humanidad.

“Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros… y por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”, dice el comunicado de la CPI.

El catedrático alemán Kai Ambos, uno de los mayores expertos en derecho penal internacional del mundo, explica que este tribunal tiene competencia para investigar a Vladimir Putin porque los presuntos crímenes ocurrieron en Ucrania, que aceptó la jurisdicción de la CPI. Y aclara que los estados parte son los llamados a hacer efectiva esa captura. Por ahora, según el jurista el líder ruso es llamado por “crimen de guerra de la deportación ilícita y del traslado ilícito de población civil (niños) de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia, que están incluidos en el artículo 8 (2-a-vii) y 8 (1,b,viii) del Estatuto). Y que, por ahora, no se han incluido otros pues “muy probablemente no tiene todavía suficiente pruebas para otros crímenes”.

La respuesta del régimen ruso no se hizo esperar y criticó la medida del tribunal. “Las decisiones de la Corte Penal Internacional son carentes de sentido para nuestro país, incluso desde un punto de vista jurídico”, escribió en Telegram la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, recordando que Rusia no forma parte de dicha corte.

De igual manera, el expresidente ruso Dmitri Medvédev se mostró en contra de la decisión, pero en un tono mucho más burlesco. “La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladímir Putin. No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel”, escribió en su cuenta de Twitter, junto a un emoticón de papel higiénico.

En contraste, el Gobierno ucraniano celebró la decisión del tribunal. “Es solo el inicio”, declaró el jefe de la administración presidencial de Volodímir Zelenski, Andriy Yermak, también en Telegram, mientras que la Fiscalía ucraniana calificó la circular como una “decisión histórica”. Cabe recordar que si bien Ucrania no forma parte de la CPI, a partir del inicio de la guerra anunciaron que respaldan las decisiones que se tomen desde La Haya sobre la guerra que se vive en su territorio.

De esta manera, es la primera vez que se aplican cargos penales contra Putin de manera internacional, confirmando una cruzada global contra el Gobierno ruso. Además, se convierte en un precedente, ya que es la primera vez que la CPI dicta una orden de captura en contra de un presidente con tanto poder como el mandatario ruso. Anteriormente, estas circulares eran casi exclusivas de dictadores africanos.

Aun así, esta orden de captura será muy difícil de hacer efectiva y es altamente probable que solo quede en el papel, puesto que el Estado ruso no forma parte de la Corte Penal Internacional y para lograr un arresto de Putin tendría que entrar a alguno de los Estados que sí suscriben a este tribunal para ser extraditado y juzgado en La Haya, en los Países Bajos. Algo que parece casi imposible.“Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal y, en consecuencia, del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas”, declaró Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso, en muestra de que el Kremlin no tendrá mayor reacción a la circular de la Corte Penal Internacional de La Haya y todo seguirá igual por su parte.

Por ahora, Putin tendrá la entrada prohibida en los 123 países que conforman la CPI, pero si llegara a darse el caso de su hipotética captura y extradición, tendría que enfrentar un proceso que duraría años. Por ejemplo, en 2011, dicha corte emitió una orden de detención contra Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, por crímenes contra la humanidad. Ese mismo año fue llevado a La Haya, el juicio arrancó en 2016 y fue liberado tres años después.

Por lo tanto, es difícil para el tribunal probar la influencia directa del presidente en los crímenes perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas del país. En el caso Gbagbo, la CPI no pudo demostrar una política de Estado ni un plan del Gobierno para cometer los crímenes de guerra de los cuales era acusado.

De igual manera, la CPI hizo una excepción en este caso, ya que regularmente intentan mantener el anonimato de los acusados sin importar sus cargos, pero terminaron haciendo lo contrario. “El conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos, particularmente el de la deportación infantil forzada, que todavía continúa”, declaró en el fallo de la orden de captura la Corte Penal Internacional de La Haya.

El punto a favor de la Corte es que viene investigando crímenes de guerra del régimen ruso desde 2014, cuando decidieron anexar la península de Crimea. Desde ese momento había reportes de delitos de lesa humanidad cometidos por las tropas del Kremlin. Las indagaciones dieron a conocer en 2020 que había una base razonable para juzgar a Rusia por actos cometidos durante los combates y las detenciones de tropas y ciudadanos ucranianos.

La otra persona implicada en este escándalo internacional es María Lvova-Belova, comisionada para los Derechos del Niño en la oficina del presidente ruso, y a quien acusan de ser la principal cabeza detrás del plan de la deportación de niños ucranianos a territorio del Kremlin. Estados Unidos ya había acusado en septiembre a dicha funcionaria de ser responsable de estos crímenes.

Además de la adopción forzosa de menores ucranianos por familias rusas, también hay informes de la “educación patriótica” que reciben los menores raptados de su tierra, donde se les instruye con valores propios de Rusia y de hacerlos creer que la invasión en Ucrania es una continuación de la Segunda Guerra Mundial, y que deben luchar por ello. Además, hay reportes de cambios legislativos que dan la rápida ciudadanía rusa a niños ucranianos y la expulsión deliberada de niños ucranianos del país por parte de las tropas del Kremlin.

De manera irónica, la funcionaria respondió a la orden de captura de la CPI. “Es muy bueno que la comunidad internacional haya valorado el trabajo para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejemos en las zonas de guerra, que los saquemos, que les generemos buenas condiciones, que los rodeemos de amor, gente cariñosa”, dijo Lvova-Belova según la agencia estatal rusa Tass.

Esta información, si bien tomó por sorpresa a gran parte del mundo, a los Estados Unidos no. Desde hace varios días, The New York Times había filtrado que la Corte Penal Internacional de La Haya iba a decretar la orden de captura contra el mandatario ruso, avisando que en primer lugar sería por los supuestos delitos de apropiación de menores ucranianos, pero de igual manera revelaron que no es lo único que se investiga.

Según el diario estadounidense, la segunda investigación vendría por las acusaciones que la comunidad internacional hace contra el ejército ruso por el ataque indiscriminado contra la infraestructura ucraniana durante la guerra. Las informaciones sugieren que la CPI se centrará en investigar las afectaciones contra estructuras civiles, como instalaciones de gas y de agua, que afectan seriamente a la población civil.

Es difícil creer que Putin será llevado al estrado por ahora, pero la decisión de la CPI muestra la voluntad mundial de que los crímenes cometidos en Ucrania por parte de las tropas rusas no queden impunes y sus responsables paguen condenas, sin importar su rango o relevancia. La pelea por la justicia internacional sigue, aunque seguramente tardará bastante en ser una realidad para las víctimas de la guerra.