Conmoción en Chile por “pacto de silencio” a 41 años del golpe

El aniversario número 41 del golpe de estado sorprende a los chilenos con un agrio debate sobre un presunto pacto de silencio que ha dejado en la impunidad miles de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas que padecieron comunistas y dirigentes de izquierda durante los años de la dictadura.

El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ha dicho que durante años un grupo grande de militares se ha cuidado de involucrar a otros oficiales en estos delitos de lesa humanidad.

"Sí, eso significa pacto de silencio, bueno, yo creo que lo tienen todas las personas que están imputadas en hechos ilícitos", dijo Muñoz.

Familiares de víctimas afirman que este pacto ha impedido adelantar un verdadero proceso de justicia que permita a Chile conocer la verdad de lo sucedido en esos años y a que ponga tras las rejas a un número indeterminado de victimarios que han muerto sin pagar por sus crímenes en una especie de "impunidad biológica", que se extiende a testigos de los crímenes, quienes también han empezado a fallecer.

El debate ha reabierto las heridas que dejó la dictadura y ha enfrentado a víctimas y funcionarios del gobierno con comandantes del ejército.

La justicia chilena, impulsada por familiares de las víctimas, mantiene abiertos 1.090 procesos por crímenes de lesa humanidad, a cargo de 32 jueces especiales desde el año 2000. Se espera que una decena de ellos sea fallada pronto.

Como coordinador de ese grupo, el magistrado Muñoz ha trabajado con el gobierno para obtener información de las fuerzas armadas de ese país sobre acusaciones concretas, pero dice que se ha topado con "acciones formales para evitar respuestas formales. Hay una deficiente cooperación de las instituciones", aseguró.

Punta Peuco, un penal exclusivo para quienes fueron condenados por violación de Derechos Humanos, cuenta con poco más de 70 militares condenados por esos crímenes, un número reducido si se considera que el número oficial de víctimas del régimen militar sobrepasa las 40.000, de los cuales más de un millar aún engrosan la lista de los denominados "detenidos-desaparecidos".

Decenas de otros militares condenados por crímenes de lesa humanidad no han ido a la cárcel porque sus penas, de tres a diez años, eran excarcelables.

El comandante en jefe del ejército, general Humberto Oviedo, desestimó que existiera un pacto de silencio y dijo que lo que sucede es que algunos militares "en condición de retiro y que, por efecto de su defensa y conforme a la ley que se los permite, pueden entregar o no los testimonios que ellos estimen convenientes".

"Yo puedo dar fe de que en el ejército que me ha tocado comandar hoy día no existe un pacto de silencio", asegura Oviedo, mientras que asegura que los militares han colaborado plenamente con la justicia y que los archivos institucionales han estado abiertos a los jueces.

El ministro de Justicia chileno, José Antonio Gómez, coincide con Oviedo en que los comandantes de las Fuerzas Armadas de ahora y las de años recientes "no están probablemente dentro de un pacto de silencio. Pero no hay ninguna duda de que quienes fueron criminales y que fueron condenados y aquellos que no lo han sido y están en libertad sí tienen un pacto de silencio".

Gómez cree que de no existir ese acuerdo, se sabría qué pasó con el millar de detenidos-desaparecidos cuyas familias desconocen cuál fue su suerte.

La dictadura se inició el 11 de septiembre de 1973, cuando las Fuerzas Armadas lideradas por el general Augusto Pinochet, con el apoyo de buena parte del empresariado del país y de la administración del presidente estadounidense Richard Nixon, derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende. Un referendo en 1988 obligó a Pinochet a celebrar unas elecciones que perdió al año siguiente.

Diecisiete años después, en el 2007, el juez Víctor Montiglio descubrió que muchos violadores de Derechos Humanos, procesados o condenados, nunca delataron a sus colegas de una temible unidad militar de la dictadura, la Brigada Lautaro, que torturó y asesinó a decenas de líderes comunistas entre 1976 y 1977 en un cuartel creado para tal efecto.

Montiglio descubrió la existencia de esta brigada cuando ubicó a un mesero que atendía a sus miembros y los hizo hablar.

En ese cuartel estuvieron, entre otros, Víctor Díaz, secretario general del partido comunista detenido en 1976, a quien lo torturaron durante ocho meses hasta que lo asfixiaron, le inyectaron cianuro y lo lanzaron al mar. También Waldo Pizarro, padre de la hoy presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

Pizarro aseguró que la lógica de la impunidad ha hecho que los militares mantengan "este pacto de silencio", lo que, además, les ayuda a mantener "sus garantías y sus derechos, incluso los que son condenados, (que) no son degradados, están en cárceles especiales. Las leyes de impunidad se mantienen intactas".

Grupos de Derechos Humanos han abogado para que se promulgue una ley que degrade a los uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad y así dejen de recibir beneficios por pertenecer a las Fuerzas Armadas, como las millonarias pensiones que algunos perciben, además de pagar sus condenas en cárceles especiales, sin hacinamiento, con visitas diarias y buena comida.

El ministro de Defensa, Jorge Burgos, dijo que el gobierno de Michelle Bachelet no contempla un proyecto de esa naturaleza. La mandataria ha dicho que espera que los militares "finalmente tengan que empezar a decir la verdad de lo ocurrido con nuestros detenidos-desaparecidos y de entregar el nombre de los responsables de este exterminio".

A principios de la década pasada, una ley impulsada por el gobierno del socialista Ricardo Lagos reconoció la existencia de los primeros 28.400 presos políticos y torturados durante la dictadura. Se estima que en archivos entonces descubiertos contienen declaraciones de víctimas, así como nombres y descripciones de los torturadores, fechas, y lugares.

Pero Lagos cobijó a esos archivos como secretos de estado hasta el año 2054. El magistrado Muñoz es partidario de levantar esa reserva legal, pero es minoría entre sus pares en la Corte.

Los nombres de los militares condenados e involucrados en los casos de muertes, torturas y desapariciones de la dictadura que se conocen, se repiten.

Entre ellos están: Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia, condenado a más de 340 años de cárcel y dos cadenas perpetuas; el brigadier Miguel Krassnoff Marchenko, sentenciado a más de 140 años; el mayor Álvaro Corvalán, castigado con 50 años de cárcel y una cadena perpetua; Marcelo Morén Brito y Pedro Espinoza.

"Muchas veces no se ha podido llegar a la persona que efectivamente realizó la acción material, entonces está la responsabilidad de alguna manera vinculada a la estructura que dispuso las acciones", dice Muñoz.

Pizarro, de la Asociación de Desaparecidos, dice que es urgente avanzar en los procesos. "Ahora es fundamental, porque así como nuestros familiares se han ido muriendo... también envejecieron los genocidas".

Erika Hennings, viuda del detenido desaparecido Alfonso Chanfreau, detenido en 1974, dijo que, "considerando la impunidad biológica y que se están muriendo, se requiere premura, pero una premura eficiente".

En julio, Gerd Seewald murió en la cárcel, un alemán condenado por abusar sexualmente de menores en una comunidad cerrada que cooperó con la dictadura, donde desaparecieron varios opositores. Seewald fue encargado por décadas de elaborar miles de fichas sobre los opositores -la mayoría hoy muertos y/o desaparecidos- y de algunos partidarios de Pinochet.

Sus secretos murieron con él porque Seewald jamás colaboró con la justicia.

"Debió haberse hecho con mayor prontitud y con mayor calidad", dijo el magistrado Muñoz, pero destacó que el poder judicial chileno "ha abierto investigación del 100 % de todas las causas que se refieren... a muertes y desaparecimientos".