Arde Perú: Así es la crisis que provocó la destitución de Pedro Castillo y el nombramiento de Dina Boluarte

Desde hace varios años, Perú se convirtió en sinónimo de inestabilidad política y de crisis permanente. El mejor ejemplo es que desde 2018 han pasado seis presidentes y la semana anterior se sumó uno más después de que, en medio de un intento frustrado de autogolpe de Estado, Pedro Castillo fuera destituido como mandatario. La crisis estalló y sumió al país en el caos.

Dina Boluarte asumió el poder, pero desde entonces Castillo y sus aliados políticos no reconocieron a la nueva presidenta como mandataria legítima de Perú. De hecho, desataron protestas en todo el país en las que piden la liberación y restitución en el poder del saliente líder de izquierda, ignorando que intentó disolver el Congreso cuando se aprestaba a sacarlo del cargo por sus escándalos de corrupción.

Todo parte de ahí, de las acusaciones de corrupción contra el Gobierno de Castillo, que duró año y medio en la presidencia sumando escándalos semana tras semana. Se le acusó de liderar una organización criminal junto con su familia y allegados para defraudar a la nación a través de actos de contratación ilegal, razón por la cual lo querían destituir y la disolución del Congreso solo fue un empujón.

Las protestas de parte de los que apoyan al exmandatario han paralizado al país. Dejan, al momento de esta publicación, al menos 21 personas muertas, más de 140 heridos y cientos de detenidos como parte de los enfrentamientos de la fuerza pública contra los allegados de Castillo. Ellos, conformados por ronderos campesinos, gremios de distintos sectores y asambleas de poblaciones indígenas del país, confirman que el antiguo presidente tenía su gran fuente de apoyo en las comunidades rurales.

Han intentado tomar aeropuertos, atacaron comercios, bloquearon carreteras que mantienen al país incomunicado internamente y en buena parte del exterior. La respuesta de la fuerza pública ha sido reprimir a los manifestantes, que tampoco han escatimado en responder. Aun así, hay serios cuestionamientos por las medidas tomadas, como imponer el toque de queda y el estado de emergencia, mientras hay denuncias de que la policía actúa de manera desproporcionada.

Todas las manifestaciones también han puesto en jaque a Boluarte, ya que dos de sus ministros renunciaron a menos de una semana de haberse posesionado. “La irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su Gobierno”, dijo el saliente ministro de Cultura, que renunció al igual que la ministra de Educación.

La teoría de los manifestantes es que Castillo no efectuó un golpe de Estado, sino que fue el Congreso peruano el que lo gestó contra el mandatario al obligarlo a tomar medidas extremas por las investigaciones en su contra, no darles confianza a sus ministros y, en general, bloquear cualquier ley que produjera el gobierno de izquierda. Pero el problema es más profundo y más difícil de solucionar.

Además de la liberación del exmandatario, el adelantamiento de elecciones y la renuncia de Boluarte, los seguidores de Castillo piden la disolución del Congreso y una asamblea nacional constituyente, la gran propuesta del destituido presidente para buscar una mayor igualdad entre los pueblos; pero además, seguramente, para acabar con figuras como la de la vacancia presidencial, que fue la que sacó a Castillo del poder y lo terminó mandando a la cárcel.

Precisamente, la liberación del exmandatario parece un punto más que delicado hoy por hoy en Perú. Cuando Castillo fue capturado, iba en camino a la Embajada de México con el fin de buscar asilo político, pero primero se le dio una medida de encarcelamiento preventivo de siete días, que este jueves finalmente fue aumentada hasta 18 meses, luego de que la Justicia encontrara serias pruebas de que quiso revertir el orden constitucional del país. Es acusado de rebelión y conspiración, que podrían darle un mínimo de diez años de prisión. Esto, sin contar con lo que pueda pasar con las investigaciones por corrupción.

Hace una semana parecía que la gran esperanza de Castillo era salir del país y huir a México, pero con su encarcelación su camino parece convertirse en una figura en la que muchos no hubieran apostado: venderse como una víctima y un preso político, algo que ha venido haciendo a través de sus redes sociales publicando una serie de cartas escritas tras las rejas. “Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón (…) Nunca he cometido ningún delito de conspiración ni rebelión”, afirmó Castillo.

Pero él no está solo en esta cruzada. Distintos presidentes de la región –como los de México, Bolivia, Argentina y Colombia, todos mandatarios de izquierda– han manifestado que el peruano fue “víctima de un antidemocrático hostigamiento”, según dijeron en un comunicado conjunto. También fue apoyado por dictaduras como las de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El único mandatario de izquierda de la región que no se sumó fue Gabriel Boric, que, pese al llamado de colegas allegados a él, rechazó el autogolpe de estado en Perú y respaldó a Boluarte. Lo mismo hicieron Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras tanto, el exmandatario aseguraba que la embajadora norteamericana se reunió con Boluarte “para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso”.

La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. Aseveró que “reafirma su respeto por las instituciones democráticas en el Perú y rechaza cualquier desinformación que fomente ideas contrarias. Seguimos apoyando al pueblo del Perú y llamamos a la paz y la unidad”. Entretanto, el Gobierno de Boluarte también tomó medidas. “Hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú”, señaló en un comunicado.

Lo que parece más probable para una solución sería adelantar las elecciones, algo a lo que Dina Boluarte se ha mostrado abierta: primero, para hacerlas en 2024, pero luego, ante la presión popular, se propuso que serían en diciembre de 2023, aunque lo rechazó el Congreso. Mientras tanto, sigue la crisis en el Perú y las calles arden pidiendo una pronta solución para una ciudadanía que ruega estabilidad política.