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Argentina investigará crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro
La investigación del fiscal Stornelli responde a la denuncia de la Fundación de George Clooney, por los abusos de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas callejeras de 2014. Ya han comenzado las imputaciones.
Un fiscal argentino imputó a militares venezolanos que se desempeñaban como altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas callejeras de 2014 con presuntos crímenes de lesa humanidad contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
La medida fue dispuesta por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien resolvió impulsar una acción penal “como presuntos responsables a los -al menos por entonces— mayor general Juan José Noguera Pietri, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y al General de División José Dionisio Goncálvez Mendoza, comandante de la Guardia del Pueblo”, según la disposición difundida el miércoles.
Pues bien, la investigación del fiscal Stornelli responde a la denuncia de la Fundación de George Clooney, en la que se alegaba las faltas cometidas en medio del régimen de Nicolás Maduro. “Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal”, recoge la misiva, según el portal Infobae.
Y agrega: “la jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los delitos más graves, independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del perpetrador o de la víctima. Argentina es una jurisdicción apropiada dada su ya bien establecida dependencia de la jurisdicción universal”, haciendo referencia a la idoneidad del país latinoamericano en medio de la investigación.
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Es de recalcar que, la Corte Penal Internacional de La Haya reabrió una investigación también por crímenes de lesa humanidad por lo sucedido en las manifestaciones de hace nueve años.
Entre tanto, el fiscal argentino también pidió enviar exhortos a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que remitan “copias de informes de las misiones internacionales enviadas a Venezuela y toda actuación relacionada con los manifestantes muertos”.
La Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, en inglés) representa a las familias de dos manifestantes venezolanos asesinados hace casi una década. “Argentina puede convertirse en un faro de esperanza para las muchas familias y víctimas venezolanas que ahora han estado esperando justicia durante años”, fueron las palabras de Ignacio Jovtis, gerente sénior de programas que dirige las investigaciones de CFJ sobre Venezuela en medio de una misiva de la organización.
Y agregó: “esperamos que el sistema de justicia argentino continúe aplicando correctamente la jurisdicción universal y abra una vía para las víctimas venezolanas y sus familias, de la misma manera que lo ha hecho en los demás casos de jurisdicción universal ante ella”.
La negativa de la justicia venezolana a investigar a los jerarcas de la Guardia Nacional Bolivariana -solo fueron juzgados oficiales de rangos subalternos como autores materiales- llevó a la fundación Clooney a motorizar una causa judicial ante los tribunales argentinos, los cuales se han basado en el principio de jurisdicción universal para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de su territorio.
En ella, se afirma que “el ataque organizado contra la población civil entre febrero y mayo de 2014 respondió a una política del Estado venezolano” y que los asesinatos de al menos 25 manifestantes a manos de fuerzas de seguridad o colectivos se enmarcaron en un “plan sistemático” de represión contra opositores.
Los denunciantes, basándose en el Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional, sostienen que “el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando”.
En su fallo, Stornelli solicitó una serie de medidas que deben ser previamente avaladas por un juez federal, entre ellas, que se liberen exhortos a la justicia venezolana para que envíen copias de las actuaciones judiciales y a los hospitales donde fueron asistidas las víctimas para acceder a historias clínicas, listado de los profesionales que los atendieron y actas de defunción.
*Con información de AP.
