Argentina reconoce ante la Corte IDH la responsabilidad por atentado a la Asociación Israelita

El Gobierno de Argentina reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) su responsabilidad por el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) que causó la muerte a 85 personas y más de 300 personas resultaron heridas en 1984.

La coordinadora de la Unidad Especial Amia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Natalia D’Alessandro, señaló que así quedó registrado durante la audiencia del caso “Asociación Civil Memoria Activa contra Argentina” celebrada en Montevideo, donde la corte lleva a cabo sus 153 períodos ordinarios de sesiones.

“Vengo en nombre de la República Argentina a ratificar el reconocimiento de su responsabilidad internacional contenido en el Decreto 812 de 2005 por la violación a los Derechos Humanos de las víctimas del atentado”, aseguró.

Durante la audiencia, los jueces estudiaron la denuncia de la Asociación Civil Memoria Activa, compuesta por familiares de víctimas, que acusa al Estado de no haber tomado las medidas para prevenir el atentado a la mutual judía Amia y no haberlo investigado de manera adecuada y efectiva.

“La frustración es el mayor sentimiento”, dijo ante el tribunal la presidenta de Memoria Activa, Adriana Reisfeld, quien perdió a su hermana Noemí en el atentado.

Agregó que “ninguna de las fiscalías que actuaron durante todos estos años acompañó a los familiares”.

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró, al pasar el caso a la Corte, que el Estado “conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina” y “no adoptó las medidas razonables para evitar” ese peligro.

Igualmente, justificó la decisión al advertir que se cometieron “grandes irregularidades” por parte de los órganos estatales que dirigieron la investigación, la cual se desvió deliberadamente por más de ocho años.

Consideró, además, que existe “una demora irrazonable” tanto en la investigación del atentado como de los posteriores encubrimientos.

Las agrupaciones Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacaron esa decisión, lo que llevó, finalmente, a la audiencia que se realizó en Uruguay.

“En octubre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó el caso a la Corte IDH confirmando lo que sostenemos desde hace más de veinticinco años: el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida de las y los 85 muertos y por haber desplegado y sostenido un entramado de relaciones entre sectores del poder político, el sistema de inteligencia y miembros del poder judicial y del ministerio público fiscal que impidió y resistió el esclarecimiento y sanción de los hechos”, agregaron.

El atentado

El atentado ocurrió el 18 de julio de 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) derrumbó completamente el edificio de ocho pisos en el barrio Once, tradicional entre la comunidad judía.

La justicia argentina determinó que los principales sospechosos del ataque fueron los gobernantes iraníes de la época, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani.

Sin embargo, luego de 29 años de investigaciones, no hay detenidos ni se han logrado esclarecer aún los motivos del atentado.

Un juicio sobre el ataque finalizó en 2019 con penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Carlos Saúl Menem, que gobernó Argentina entre 1989 y 1999.

Fueron declarados culpables de “encubrimiento” del atentado, pero sin determinar la razón del ocultamiento de pruebas ni de la desviación de las investigaciones cometidas por estas personas.

Los fallos del tribunal, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.