Ascenso y caída de Pedro Castillo, el maestro de la torpeza: por Clara Elvira Ospina, desde Perú

De la sorpresa a la expectativa, del asombro a la preocupación, de la inquietud a la indignación y del estupor al alivio. Así podría resumirse lo que ha vivido Perú desde cuando en la campaña de 2021 Pedro Castillo surgió como una alternativa viable para la presidencia de la república hasta cuando tras un vergonzoso golpe de Estado terminó detenido, compartiendo prisión con el exdictador Alberto Fujimori.

Castillo estuvo 16 meses y 9 días en el cargo y en ese tiempo demostró que era un populista sin sustancia, un inescrupuloso sin límites y un político sin criterio, cuya opinión siempre era la de la última persona con la que conversaba. Su gobierno se caracterizó por ir sin rumbo, nombrar sin criterio a personas sin capacidades, sin formación, pero muchos con antecedentes policiales o incluso prontuario criminal. Es suya la responsabilidad de la crisis vivida la mañana del miércoles, la intentona golpista más ridícula y ofensiva de la historia del Perú, pero, aunque parezca increíble, tiene algunas explicaciones.

El gobierno de Castillo vivió bajo acoso incluso antes de iniciarse. Desde el primer día la oposición le negó legitimidad a su victoria y armó, sin fundamentos, una teoría de fraude electoral y le hizo saber que no descansaría hasta sacarlo del cargo. Cuatro meses y nueve días después de asumir el cargo, el 7 de diciembre de 2021, justo un año antes del golpe de este miércoles, Castillo afrontó su primer proceso de vacancia por incapacidad moral, figura que ha usado el Congreso peruano para sacar del cargo a los presidentes.

Tres meses después, el 8 de marzo, votaron una segunda moción de vacancia y tampoco lograron los votos. Entonces ensayaron otra vía: la acusación por traición a la patria por unas declaraciones a CNN en Español, en las que Castillo dijo que podría consultárseles a los peruanos si estaban de acuerdo con apoyar una salida al mar para Bolivia.

El proceso era descabellado tanto por su procedimiento como por su sustento; sin embargo, la oposición en el Congreso siguió avanzando con esa acusación y aprobó un informe que recomendaba su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El caso era tan arbitrario que el Tribunal Constitucional, más afecto a la oposición que al Gobierno, anuló el proceso.

Presentaron entonces una tercera iniciativa de vacancia, esta vez con razones de mucho peso. La Fiscalía de la Nación había abierto seis procesos de investigación ante graves indicios de corrupción. La presión del Ministerio Público ya había logrado cerrar el círculo sobre casi todo el entorno de confianza de Castillo: su esposa investigada y con medida de comparecencia con restricciones; su cuñada-hija detenida transitoriamente y libre, pero con impedimento de salida del país; sus sobrinos, fugitivos; varios exministros presos, exsecretarios y exasesores presos o devenidos en colaboradores eficaces declarando contra Castillo y una opinión cada vez más convencida de la deshonestidad y corrupción del presidente.

Originalmente, la Constitución no contempla la posibilidad de procesar al presidente en ejercicio por delitos de corrupción, pero la verdadera defensa de Castillo no era la Constitución, sino un bloque parlamentario que impedía llegar a los 87 votos que requería la vacancia.

El acoso temprano y consistente de la oposición a Castillo solo fue un incentivo para estrechar sus lazos con su mentor, el exgobernador regional Vladimir Cerrón, el verdadero cerebro del partido que llevó a Castillo al poder y que le garantizaba los votos de su bancada para impedir la vacancia.

Cerrón y los parlamentarios que lo apoyaban convirtieron la extorsión al presidente en su arma para ganar presencia en el Estado. Y fue así como llenaron el Gobierno de personas que solo pensaron en aprovechar su cuarto de hora y sacar tajada del cargo.

Pero, la semana pasada, Cerrón y su partido cometieron un error que le hizo perder los nervios a Castillo. El jueves 1 de diciembre, cuando se votó la admisión a trámite de la moción de vacancia, 4 de los 15 congresistas de Perú Libre votaron a favor y uno votó en abstención. Dijeron que lo hacían para que Castillo pudiera acudir al Congreso a defenderse, pero esa votación, sumada al archivo de una investigación contra la vicepresidenta Dina Boluarte por un caso en el que se buscaba inhabilitarla para continuar en el cargo, convencieron a un presidente ya paranoico de que se avecinaba una traición.

Sabedor de que por fuera de la presidencia su futuro era una prisión, decidió que su única salida era dar un golpe. El problema es que lo hizo de forma torpe e improvisada, como había sido todo su gobierno. Las instituciones peruanas y la opinión pública reaccionaron y el presidente se vio más solo que nunca. Intentó huir a la Embajada de México, pero nunca pudo llegar.

El presidente se fue del peor modo posible, dándoles la razón a quienes siempre lo acusaron de querer convertirse en dictador. Ahora el Congreso, que apenas tiene un 10 por ciento de aprobación, celebra un triunfo que no es suyo, sino producto de la insensatez de Castillo. Trágico final para quien no pudo ser alcalde de su pueblo, pero terminó gobernando una nación.

Ahora Perú se encuentra en manos de una mujer. La pregunta es si se repetirá la historia del expresidente Vizcarra, vacado en noviembre de 2020. Dina Boluarte llega sin apoyo político claro, sin bancada en el Congreso que la proteja. En su discurso de posesión ha pedido una tregua, es lo que Perú necesita, pero cuando los grupos parlamentarios sientan que la presidenta no les pertenece, es probable que la tregua se rompa.

En su discurso de posesión habló de ejercer la presidencia hasta completar el periodo para el que fue elegida como vicepresidenta, es decir, hasta el 28 de julio de 2026; sin embargo, este viernes admitió que si la sociedad así lo quiere, está dispuesta a liderar el proceso de adelanto de elecciones generales. Perú ha tenido seis presidentes en seis años y aún no es claro si continuará en esa perversa dinámica de inestabilidad.

Las promesas de Pedro Castillo en campaña nunca se materializaron. Su gobierno fue decepcionante. Si se comprueban los casos de corrupción que se le atribuyen, quedará claro que su lema de campaña “no más pobres en un país rico” solo funcionó para él y su familia.