"No hubo interés de la Policía en apostarle a la vida, sino a la muerte": Provea sobre el asesinato de Óscar Pérez

La rebelión del expolicía Óscar Pérez llegó a su fin el pasado lunes tras un largo operativo policial en el que fue dado de baja. La comunidad internacional supo lo que ocurría gracias a una serie de videos que Pérez publicó, en el primero de ellos se rendía y pretendía entregarse, algo que nunca se dio pues las autoridades procedieron a “neutralizar el grupo”.

Gobierno es responsable de la vida e integridad de piloto Oscar Pérez quien ha manifestado intención de entregarse a autoridades. Ministerio Público tiene la responsabilidad de velar porque el procedimiento se realice sin daños a la vida e integridad del piloto y sus acompañantes pic.twitter.com/oZhgTrnfAO

— PROVEA (@_Provea) 15 de enero de 2018

Un manto de duda se tendió sobre lo ocurrido en los allanamientos y enfrentamientos. Los medios de comunicación no pudieron ingresar a la zona. Incluso horas después de que terminó el operativo no se tenía la certeza de si los miembros del grupo rebelde estaba vivo o muerto. Los familiares pedían la verdad y el gobierno venezolano callaba. 24 horas después de lo sucedido el ministro del Interior, Néstor Reverol, confirmó lo que era un secreto a voces: Óscar Pérez estaba muerto, y junto a él otros cinco rebeldes.

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Las organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación por lo sucedido. Aunque Pérez era un policía sublevado que atacó al Parlamento desde un helicóptero, tenía derecho al debido proceso. Provea, una organización de derechos humanos con amplia trayectoria, advirtió desde el primer momento las extralimitaciones de las autoridades en el caso. SEMANA habló con Marino Alvarado, abogado de Provea y asesor de Amnistía Internacional, sobre la operación policial y la situación actual de Venezuela.

SEMANA: Desde que se conoció la operación de captura del expolicía Óscar Pérez ustedes empezaron a lanzar alertas, ¿qué estaba sucediendo?

Marino Alvarado: A las 5:45 de la mañana conocimos que Óscar Pérez estaba planteando la posibilidad de rendirse. Ya estaban rodeados y pedían que se les garantizara la vida. Desde muy temprano empezamos a advertir que podíamos estar ante una ejecución por parte de la Policía si no se garantizaban las condiciones para que se pudieran rendir. Exhortamos a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía para garantizar que la rendición se produjera, porque son las dos instituciones que por mandato constitucional deberían actuar. Desde nuestro punto de vista son responsables, por omisión, de la muerte de Pérez y de las otras cinco personas que estaban con él; incluso de la muerte de los policiales que fallecieron. Si se hubieran adoptado los protocolos se hubieran salvado todas las vidas. No hubo un interés en apostar a la vida sino que se le apostó a la muerte.

SEMANA: ¿Qué saben de la muerte de los policías?

M. A.: Descubrimos que uno de los funcionarios policiales, además de ser de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional, era el principal líder de un colectivo que se llama Las Tres Raíces. Se pudo descubrir, por información periodística, que tenía doble identidad y doble inscripción en el Consejo Nacional Electoral. Extraoficialmente, porque el gobierno no lo ha reconocido, después del operativo fallecieron dos funcionarios más. Oficialmente estamos hablando de nueve personas fallecidas en esa operación.

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SEMANA: ¿Provea avisó formalmente a la Defensoría y a la Fiscalía del riesgo que había, o solo se produjo la alerta por Twitter?

M. A.: No tenemos posibilidad de comunicarnos directamente ni con el defensor ni con el fiscal, nos tienen bloqueadas todas las comunicaciones, no solo a nosotros sino a casi todos los activistas de derechos humanos.

SEMANA: Provea ha sido muy insistente en advertir del riesgo de tortura para los detenidos tras el operativo, ¿por qué?

M. A.: Al tiempo en que se estaba atacando a Óscar Pérez se realizaban allanamientos. Empezamos a recibir llamadas de los familiares de las personas que estaban siendo detenidas. Willam Aguado, que es el dueño de la casa donde estaban refugiados, nos llamó. En el caso del médico cirujano, Julian Aguado, miembro de la Policía, a él le destrozaron la vivienda y los policías le robaron microondas, wiskhy, televisores, cosas que no tienen que ver nada con una investigación policíal. También lo golpearon fuertemente, por eso empezamos a decir que había riesgo de tortura, porque si lo estaban golpeando en frente de su propia madre, que tiene 84 años, con bastante posibilidad lo torturarían en el Sebin.

SEMANA: ¿En el pasado se había presentado una situación similar?

M. A.: Ya teníamos la experiencia en la captura del excapitán Juan Caguaripano, en agosto pasado, en el que fueron torturadas las personas que estaban con él.

SEMANA: ¿Saben si las personas detenidas en el caso de Óscar Pérez han sido torturadas en la cárcel?

M. A.: El problema es que los familiares no han podido verlos. Ellos formalizaron la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, pero solo han recibido silencio. A veces la familia puede durar hasta 15 días sin saber cuál organismo policial lo tiene. Solo a Aguado se le permitió hacer una llamada al segundo día de detención. El grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha denunciado que en Venezuela hay detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada, violación al debido proceso. Las prácticas de tortura que fueron denunciadas durante el 2017 incluyen el uso de bolsas plásticas para asfixiar a las personas; electricidad en el cuerpo; múltiples golpes; colgar a las personas de los brazos por un largo tiempo. Podrían estar siendo replicadas a los detenidos.

SEMANA: ¿Quién recogió los cuerpos de las personas que murieron? ¿Dónde están? ¿Por qué no los quieren entregar?

M. A.: Hasta ayer (jueves) a las 8 de la noche había el rumor de que algunos cuerpos se iban a incinerar, por eso muchos sectores de la sociedad organizaron en la noche un tuitazo nacional exigiendo que los cuerpos no fueran cremados. Ya hay una experiencia del 2017 sobre esta práctica. Fue en el caso de un delincuente común bastante conocido que fue detenido en un operativo policial, se le cremó y a los familiares les entregaron las cenizas en una cajita de cartón de zapatos. No hubo un trato digno ni para entregarle las propias cenizas. En Venezuela hay varias leyes que tienen que ver con procedimiento forense que dicen que cuando la persona muere en hechos de violencia no puede ser cremada hasta tanto no se hayan hecho las investigaciones correspondientes, y que los familiares deben autorizar. En el caso de Óscar Pérez los familiares han solicitado públicamente que no sea cremado.

SEMANA: ¿Los creman para desaparecer pruebas?

M. A.: Muy posiblemente, porque se podría evidenciar en el cuerpo que fueron ejecutados, torturados, porque quedan marcas en el cuerpo.

SEMANA: ¿Hubo participación de colectivos armados durante el operativo?

M. A.: Sí, no es la primera vez. Varias organizaciones de derechos humanos hemos denunciado cómo los grupos paramilitares han venido actuando en coordinación con la fuerza pública para enfrentar las protestas sociales. Eso ocurrió en las de abril y julio, e incluso son responsables de algunas muertes. Por algunos hechos lamentables que han ocurrido en Venezuela, en los últimos 5 años, se ha podido constatar cómo estos grupos colectivos están formados en buena parte por funcionarios policiales. Por ejemplo, en el 2014 durante los hechos por los que está condenado Leopoldo López, murió un integrante de un colectivo de nombre Juan Montoya, era jefe de todos los colectivos de Caracas y miembro de la Policía. Su hermano que está reclamando su muerte es Policía, y en ese entonces hacía parte de un colectivo.

SEMANA: ¿Qué tanto se cometen ejecuciones extrajudiciales?

M. A.: Keymer Ávila, un opinador muy serio, publicó recientemente un artículo en el cual dice que en los últimos tres años, tomando cifras oficiales de lo que llaman muerte por enfrentamiento, ocurrieron aproximadamente 8.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Ya la fiscal general Luis Ortega Díaz estaba denunciando que anualmente habían ocurrido 3.000 ejecuciones extrajudiciales al año. Creemos que con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) se convirtieron en una política de Estado, ya no se puede hablar de hechos aislados de funcionarios que actúan por su cuenta. Los OLP eran operativos para exterminar personas, donde actúan fuerzas policiales y militares, y había una complicidad de la Defensoría del Pueblo y del propio sistema de justicia, porque a pesar de que el Ministerio Público aportaba pruebas no los procesaban. Esta práctica de ejecuciones extrajudiciales cuenta con el aval del presidente de la República, e incluso ha incitado a arreciar estos operativos.