Así delinquía la red de los ‘gota a gota’ colombianos en El Salvador, que acabó con la paciencia de Bukele

Luego de que la fiscalía de El Salvador, en conjunto con la fuerza pública, dieran a conocer los resultados que un operativo en donde se detuvieron a varios miembros pertenecientes al crimen organizado, quienes se encuentran siendo investigados por presunta estafa, extorsión y violencia, al estar involucrados en préstamos ‘gota a gota’, las autoridades nacionales han dado a conocer la manera en que operaba esta organización criminal.

Desde marzo de 2022 se ha conocido que 63 colombianos se encuentran detenidos e investigados por delinquir a través de una presunta red ilegal de préstamos de dinero bajo la modalidad del ‘gota a gota’, lo cual estaba causando temor en la comunidad salvadoreña, ya que las personas no podían cumplir con las cuotas pactadas en un tiempo determinado.

Las autoridades también revelaron que se han presentado 3.000 denuncias por este tipo de actividad ilegal.

Rodolfo Delgado, fiscal general de El Salvador, declaró en un comunicado que esta red de criminales estaba conformada por extranjeros, en su “mayoría colombianos”, los cuales se dedicaban a la estafa y lavado de dinero. Delgado también confirmó que las casas donde vivían los capturados fueron allanadas por las autoridades en donde se encontraron objetos que “les acreditan la actividad ilícita que venían cometiendo”.

Por otro lado, el pasado 20 de julio, los fiscales del Ministerio Público de la nación realizaron otros allanamientos en las viviendas de los colombianos acusados por estafa y extorsión.

Las declaraciones de San Salvador y Bogotá

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le dirigió unas palabras a los colombianos que quieran visitar el país, diciéndoles que “tendrán seguridad jurídica, estabilidad política y seguridad física”, sin embargo, puso sobre avisó a los que pretender delinquir en su nación, al advertirles que “es mejor que no vengan porque nuestras cárceles los esperan”.

En respuesta del bochornoso comportamiento de algunos colombianos en El Salvador, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que a su oficina en San Salvador llegó el reporte de las autoridades oficiales sobre la detención de los nacionales colombianos implicados por hacer parte de presuntas organizaciones criminales, por lo que este despacho se encuentra al tanto de lo que les pueda pasar a estos individuos.

¿Cómo operaba esta red?

“Durante los últimos días, se han desarrollado investigaciones conjuntas entre la Dirección General de Migración, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, mediante las cuales se ha establecido la existencia de una organización criminal conformada por extranjeros, principalmente de nacionalidad colombiana, quienes ingresaron a nuestro país en diferentes épocas como turistas y posteriormente se radicaron en nuestro territorio, con el objeto de cometer diferentes delitos”. De esta manera inició Delgado a relatar la manera en que se habría dado comienzo a la actividad ilegal de los colombianos en El Salvador.

El fiscal también explicó que esta red tenía varios puestos que iban desde administradores hasta reclutadores, en donde se enfatizó que los administradores eran las personas encargadas de contar el dinero, distribuirlo por varias cuentas bancarias ilegales y luego transferir las ganancias hacia el exterior para camuflar estos dividendos.

Por otro lado, los reclutadores eran las personas encargadas de ofrecer préstamos a los salvadoreños necesitados bajo el nombre de “microfinancieras”, las cuales no tenían soporte ante la ley, por lo que podían extorsionar a las personas si no pagaban las cuotas en un tiempo establecido.

Además de esto, el fiscal confirmó que los estafadores sacaban tarjetas de débito a nombre de los afectados y ponían allí el dinero que recolectaban para burlar a la justicia.

Las autoridades de El Salvador han estimado que cerca de 500 colombianos se encuentran indocumentados en el país, por lo que el gobierno los instó a dejar el país en un plazo de 72 horas (esto se dijo el martes) para evitar que sean retenidos por las fuerzas policiales.