Así es el infierno que viven las familias de los colombianos encarcelados por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Denuncian irregularidades y capturas ilegales

Es 13 de julio en la ciudad de San Salvador. Jhonny Alexánder Acevedo habla con su esposa, Viviana Díaz, por una videollamada. Ya son algunas semanas desde que él llegó a lo que parecía ser la tierra prometida, un país que pagaba en dólares, con unos índices de seguridad envidiables y una promesa de acoger a los ciudadanos extranjeros que lleguen a trabajar con ganas.

Pero la comunicación con su esposa se corta, Acevedo apenas le alcanza a decir que la policía está tocando la puerta y que la llama después. Desde ese momento, ella no tiene comunicación alguna con él. Solo sabe que está encarcelado bajo el régimen de excepción que aplicó el Gobierno de Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas y el crimen organizado.

Así como en este caso, numerosas familias colombianas sienten una enorme angustia. Saben que sus seres queridos están presos en El Salvador, pero conocen pocos detalles de su detención, ni los cargos que los tienen tras las rejas. Lo que sí saben con certeza es que se encuentran bajo custodia de un Gobierno que ha prometido mano dura contra el crimen y que no tiene consideraciones con quienes delinquen.

Nayib Bukele es un fenómeno mundial por su lucha frontal contra la criminalidad. Ha desplegado operaciones sin precedentes y construido la cárcel más grande de América. Su estrategia ha hecho que El Salvador tenga índices bajísimos de delitos, con 7,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime, cuando en 2015 era uno de los países más peligrosos del mundo, con 105 homicidios por cada 100.000 salvadoreños. En medio de esa lucha, el Gobierno ha encarcelado a más de 65.000 personas y, según las cifras del consulado de Colombia en San Salvador, 132 de ese grupo de detenidos son colombianos.

Viviana Palacio cuenta que su esposo, Carlos Mario Restrepo, se fue del país enamorado de las políticas de Bukele. Ambos eran admiradores del líder centroamericano. A eso se sumaba el miedo de vivir en Colombia, ante una posible reforma a la salud que pudiera afectar a su hijo, quien sufre de una enfermedad huérfana.

A unas semanas de estar en El Salvador, Restrepo le cuenta que en el conjunto donde vive están capturando colombianos, que si bien él no los conoce, le parece raro. A los pocos días, es llevado por las autoridades, al igual que su sobrino, que solo llevaba cinco días en el país.

Ser colombiano, según muchos de los consultados por SEMANA, es un estigma que en ese país, pero específicamente en sus cárceles, cuesta mucho. “La abogada nos contó que un policía de Migración los golpeó, los amenazó y les dijo que eran escorias, que habían ido al país a delinquir, que tenían que delatar a su jefe y más cosas así. También tenía un taser para amenazarlos”, cuenta Shirley Gil, hermana de Michael Gil, joven de 21 años que está detenido.

Doris Patiño relata el viacrucis de su hijo, Jhonn Sierra, cuando llegaron por él. “Ni siquiera tenían orden de captura. Se dio en la casa y lo dejaron toda la noche esposado de pies y manos, hasta los desnudaron, según nos contaron. Y la captura la hicieron al otro día, apenas llegó la orden”.

Los hechos por los cuales han sido capturados no están claros para algunos familiares. Por ejemplo, a Alejandra Salazar le dijeron que su hijo, Santiago Bolívar, fue detenido porque no tenía la factura de su teléfono móvil. “Sé que se encuentra en el penal de Izalco, pero no tengo ni idea de si él está enfermo, o de si come o si tiene un lugar donde dormir”, cuenta.

El futuro de los colombianos que han sido arrestados parece incierto, porque al ser detenidos por el régimen de excepción de El Salvador, no es necesario presentar pruebas para capturarlos. La única respuesta que les dan es que estarán encarcelados hasta por seis meses mientras se investiga si hay alguna causa probable, y de ahí se puede extender la detención por un año más. Los cargos de los que se les acusan casi siempre son los mismos: lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y receptación.

De ser condenados podrían pasar décadas en prisión, pues por delitos similares, ciudadanos salvadoreños han sido castigados con más de 300 años de cárcel. SEMANA conoció al menos 20 casos distintos de colombianos que han sido detenidos en El Salvador y que forman parte de un grupo más grande de familias que se han reunido en un grupo de apoyo mutuo. Casi todos alegan que sus familiares son inocentes. Muchas de las familias exponen casos puntuales.

En el caso de Michael Gil, inicialmente la familia dice que solo tenía 70 dólares; sin embargo, según el acta policial poseía 211 dólares (alrededor de 840.000 pesos), pero aun así le imputan el cargo de lavado de dinero, a pesar de ser una cantidad bastante pequeña. La familia de Cristian Corrales cuenta que fue acusado de formar parte de la Mara Salvatrucha.

Cuando se dio a conocer su foto por las autoridades, le habían puesto tatuajes en la cara, por lo que ellos creen es un montaje, pues en Colombia no los tenía. Tampoco han logrado contactarse con él. Luz Marina Pérez, madre de Jhakson Arias, quien llegó a El Salvador en enero de 2022, dice que su hijo está desaparecido.

“Alcanzó a estar 15 días en el país, me llamó el 11 de enero a saludarme en la mañana y ya no volví a saber más nada de él. Yo he recibido llamadas anónimas, en las que me han dicho que mi hijo está detenido. Me he comunicado con la Fiscalía de El Salvador y la Embajada de Colombia allá, pero ellos dicen no tener conocimiento de él”.

En medio de este ambiente de desesperación, los allegados a los detenidos decidieron exponer sus casos en redes sociales y han podido recibir cierta ayuda jurídica desde El Salvador para tener más noticias. Les han dicho cosas que los inquietan, como que en la cárcel no tienen implementos de aseo y que duermen en el piso, donde se les ha negado hasta tener un cartón donde acostarse.

Una de las personas que habló con SEMANA, contó que, después de meses, su esposo tuvo derecho a una llamada y le pidió no hablar con la prensa ni en redes sociales sobre su caso, afirmando que eso no los ayudaba, pues allá dicen que la prensa extranjera publica mentiras sobre el trato a los presos en El Salvador.

La respuesta de El SALVADOR

Desde el Gobierno salvadoreño han manifestado que ellos respetan los derechos humanos de los presos en el país. “Si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, nuestra prioridad van a ser los derechos de las personas honradas, que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito”, dijo Bukele en un comunicado en octubre de 2022.

En los casos de los colombianos que han sido capturados, el mandatario también se ha manifestado. “Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás; algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país”, declaró Bukele, diciendo que deberán enfrentar la justicia, “reclame quien reclame”.

Andrés Guzmán, comisionado de Derechos Humanos del Gobierno salvadoreño, manifestó al periódico El Faro que “si un guardia de seguridad golpeó a alguien o lo torturó, entonces debe ser procesado y aplicar todas las consecuencias, incluso si debe ir a la cárcel. Porque ellos son los responsables de golpearlos, y no se puede culpar a todo un Estado por eso”.

De igual manera, habló con SEMANA al respecto de las denuncias de las familias. “En El Salvador se respetan los derechos humanos de todos los detenidos; en el caso de los colombianos, incluso se han conocido fotografías publicadas por la Fiscalía, todos tienen abogado asignado por la Procuraduría o particulares y podemos garantizar que se respetan sus derechos y están en buenas condiciones, como todos los detenidos”.

“La Procuraduría en su web tiene atención incluso por WhatsApp para dar información sobre cualquier detenido, incluyendo el estado del proceso en su contra; por ende, es importante seguir los conductos regulares y acudir en cada caso a las instituciones por las vías establecidas”, dijo el colombiano que trabaja para el Gobierno Bukele.

Con esto, el Gobierno salvadoreño niega cualquier tipo de acusación de las familias, además de que alegan que nadie ha puesto una denuncia por maltratos o torturas dentro de los penales. En lo que respecta a los colombianos encarcelados, Guzmán explica que, por su cargo, no tiene competencia para atender casos específicos.

SEMANA intentó comunicarse con el consulado de Colombia en El Salvador, pero no recibió respuesta. Por lo cual, cientos de nacionales seguirán en el limbo salvadoreño a la espera de que sus procesos avancen, mientras que viven un infierno en las cárceles junto a criminales de la peor calaña.