Asociaciones ciudadanas de Panamá rechazan diálogo con el Gobierno en medio de protestas

Asociaciones ciudadanas, integradas por representantes de distintos sectores sociales de Panamá, rechazaron este jueves sentarse a la mesa con el Gobierno en medio de las protestas que se están desarrollando en Panamá por el mal uso de las finanzas públicas y el alto costo de vida.

La Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados (Anadepo) y la Alianza del Pueblo Unido por la Vida señalaron este jueves que no acudirán a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno panameño en la Ciudad del Saber, un reconocido barrio de negocios ubicado en Ciudad de Panamá.

De acuerdo con la Alianza del Pueblo Unido por la Vida, la convocatoria de la Administración que dirige el presidente panameño Laurentino Cortizo no es sincera y no quieren precondiciones ni mediación de la Iglesia católica, que se ha ofrecido como puente para encontrar una solución a la crisis, según recoge el diario La Prensa.

“Exhortamos a la cordura para no afectar el diario convivir y evitar los daños a terceros, a la paz social y al proceso de recuperación económica. Este Gobierno ha optado siempre por el diálogo honesto y la tolerancia”, ha señalado la Iglesia católica en un comunicado recogido por Radio Panamá.

Los manifestantes, que protestan por los altos precios de los combustibles y los productos básicos, así como por el mal manejo de las finanzas públicas, han bloqueado calles y algunas de las principales vías de acceso a los núcleos urbanos.

La Asamblea Nacional de Panamá anunció este mismo miércoles un plan de austeridad de nueve puntos que contempla la suspensión de viajes y desplazamientos tanto fuera como dentro de Panamá de los miembros del Gobierno y de otros altos funcionarios.

Otras de las medidas son la congelación de aumentos salariales y nuevos nombramientos, de jornadas de capacitación, servicios de publicidad, así como de la compra de equipos y material para las instituciones.

Panamá, con unos 4 millones de habitantes, experimenta así una de las mayores crisis sociales desde que en 1989 cayó la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega tras la invasión estadounidense.

“Estamos en un estallido social sin precedentes”, dice a la AFP Enoch Adames, catedrático de sociología de la Universidad de Panamá.

Las protestas obligaron el lunes al presidente panameño Laurentino Cortizo a reducir el precio del combustible. A partir de este viernes, el galón de gasolina será de 3,95 dólares, en un esfuerzo de calmar los ánimos en las calles del país.

Con una economía dolarizada y de servicios, un canal interoceánico que aporta más de 2.000 millones de dólares anuales al tesoro nacional, altas tasas de crecimiento económico y alternancia en el poder, Panamá ha vivido una relativa estabilidad política y social desde 1989.

Según datos oficiales, la economía panameña creció un 17,8 % en 2021 y un 13,6 % en el primer trimestre de 2022.

Sin embargo, el país presenta uno de los mayores índices de desigualdad del mundo, la mitad del empleo es informal y hay grandes carencias en servicios públicos como salud, educación y acceso al agua potable. Lo cual contraste con los números en verde que suelen ser presentados en el país centroamericano.

En los últimos días, también se han incrementado las críticas contra los sueldos de autoridades, escándalos de corrupción y los gastos de los parlamentarios, algunos de los cuales se vieron envueltos en la polémica tras filtrarse un video en el que aparecen celebrando con un whisky cuyo valor bordea los 400 dólares.

Las manifestaciones ocurren en momentos en el que Cortizo enfrenta un tipo de cáncer en la sangre. Al mandatario le quedan dos años de gestión en medio de la incertidumbre.

*Con información de la AFP y Europa Press.