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Atención: el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, acusa a miembros de la fiscalía de abuso de autoridad
“Como presidente electo, me dirijo a estos funcionarios para exigirles que renuncien inmediatamente de sus cargos” anunció el presidente electo.
El partido del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha formalizado denuncias contra varios miembros de la Fiscalía, incluida la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana, a los que acusa de cometer un “abuso de autoridad con propósito electoral” tras las medidas y registros emprendidos en los últimos meses.
Acusación
El propio Arévalo adelantó el martes esta iniciativa, al considerar que Orellana, Porras y otros mandos fiscales, como el responsable, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y la auxiliar Cintia Monterroso “han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral”.
El Movimiento Semilla ha informado en redes sociales de la presentación de querellas contra todos ellos, así como una solicitud de antejuicio dirigida contra la fiscal general, con vistas a que pueda perder la inmunidad de la que goza por su actual cargo.
“Como presidente electo, me dirijo a estos funcionarios para exigirles que renuncien inmediatamente de sus cargos, que cesen este asalto agresivo a la Constitución y detengan esta persecución comandada por grupos y élites mafiosas”, reclamó Arévalo, que ha suspendido temporalmente su participación en el proceso de transición para el traspaso del poder en enero.
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Movimiento Semilla
Desde que Semilla diese la sorpresa en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, lo que ha sido recibido con críticas desde la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea.
La última polémica deriva de un registro de la Fiscalía en instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) en el que los agentes abrieron cajas con votos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha asegurado que esta operación vulnera la cadena de custodia del voto y pone en riesgo todo el proceso democrático.
Allanamiento
El pasado martes la fiscalía allanó las instalaciones donde se resguardan las papeletas de las elecciones generales del pasado 25 de junio, ante una denuncia de supuestas anomalías en el recuento de los votos.
“Este allanamiento surge derivado de una denuncia de un ciudadano” que argumentó ilegalidades en una de las cajas donde se archivaron las papeletas de los cinco cargos a elección popular, dijo a periodistas el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche.
Curruchiche aseguró que la diligencia en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la capital, se debe a que “consideramos necesario hacer una verificación sobre la base de esa denuncia”.
El funcionario aclaró que el allanamiento es ajeno a una investigación contra el partido Semilla del presidente electo.
“No hay una implicación directa al partido político Movimiento Semilla y sus dirigentes como para que se puedan victimizar o ir a organismos internacionales o gobierno extranjeros” a denunciar una persecución judicial, aseguró Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Tras la elección, varios partidos perdedores y ciudadanos denunciaron un fraude electoral y pidieron un recuento de votos, cuya revisión confirmó los resultados.
El vocero del TSE, Gerardo Ramírez, detalló que la orden es para abrir 160 cajas de la primera elección.
Con información de Europa Press y AFP
