Justicia
Atención: Fiscalía de Guatemala señala al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por escándalo de Odebrecht
El jefe de cartera colombiano se podría enfrentar a una orden de captura por parte de las autoridades guatemaltecas.
Este lunes 16 de enero, una antigua polémica se desató en contra del actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, luego de que la Fiscalía guatemalteca anunciara que irá en contra del jefe de cartera colombiano por hechos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht, cuando este ejercía como el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
Pues bien, el Ministerio Público de Guatemala, que también emitió otras tres órdenes de captura este lunes y una advertencia a una abogada colombiana, señaló que está persiguiendo a aquellas personas que fueron vinculadas con los sobornos que la constructora habría hecho en el país latinoamericano para obtener mayores réditos.
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— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 16, 2023
La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/mO7gEJqlqC
Aunque no se ha emitido una orden de captura todavía contra el alto funcionario, el fiscal general de Guatemala, Rafael Curruchiche, dejó en claro que estará buscando la justicia y espera interponer acciones legales en contra de Velásquez, quien estuvo trabajando de la mano con la que sería la exfiscal del país latinoamericano, Thelma Aldana, cuando se encontró al frente de la Cicig; a esta última se le fue expedida una orden de captura este lunes también en medio del escándalo de Odebrecht.
“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de Cicig Iván Velásquez Gómez, y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón”, resaltó la Fiscalía y a reglón seguido continuó explicando los argumentos que tenían en contra del alto funcionario colombiano.
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Al parecer, una de las principales pruebas en contra del ministro de Defensa es un correo electrónico, que fue enviado por la abogada Camargo Garzón, también de nacionalidad colombiana, en el que intervenía para hacer una petición de parte de la exfiscal Aldana y Velásquez, quienes querían que se cambiaran algunos aspectos de las colaboraciones éticas en 2017.
Algunos meses después, se habría enviado otro correo en el que se registraba la participación tanto de la exfiscal Aldana, como del actual ministro Velásquez, de una reunión en la que se aprobó la suscripción de acuerdos de colaboración con la compañía Odebrecht.
“Lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”, sentenció la Fiscalía de Guatemala, indicando que según los documentos en su poder el hoy ministro de Defensa habría sido partícipe de los hechos de corrupción.
Así entonces, desde el Ministerio Público guatemalteco se insistió que seguirán con las acciones en contra de Velásquez y de la abogada Camargo, todo esto por haber estado en medio de las aprobaciones del relacionamiento y negociaciones con la constructora brasileña.
Entre tanto, con las acusaciones hacia el minDefensa colombiano, la Fiscalía de Guatemala también informó sobre tres órdenes de captura en contra del abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, quien fue asesor de Odebrecht y se vincula en los correos electrónicos antes mencionados.
Con él, se pidió la detención de la exfiscal Aldana; la exsecretaria general de la Fiscalía, Mayra Johana Véliz López y el contra otro alto funcionario de la Cicig, Luis David Gaitán Arana, a quienes se les acusa de obstrucción de justicia, abuso de autoridad y conspiración.
Es de resaltar que el actual ministro de Defensa colombiano fue declarado como persona no grata en Guatemala por parte del expresidente Jimmy Morales, cuando desde el organismo que el colombiano dirigía, la Cicig, en conjunto con la Fiscalía guatemalteca, se le inició una investigación al mandatario latinoamericano por enriquecimiento ilícito.
Así entonces, desde la presidencia de Morales se calificó a Velásquez como “una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y paz del país”, por lo que se le negó la entrada a Guatemala.