Qué significa el atentado en Ciudad de México para la lucha contra los carteles

Al estilo de una clásica serie policiaca, el viernes 26 de junio tuvo lugar un tiroteo con armas de alto poder en Lomas de Chapultepec, una zona muy exclusiva de la capital mexicana. Ese día más de 20 personas atacaron la camioneta Suburban blindada y los vehículos de escoltas de Ómar García Harfuch, jefe de policía de la Ciudad de México (CDMX), quien sobrevivió con tres disparos en la rodilla, clavícula y hombro.

La sofisticada acción le costó la vida a dos de los escoltas de García Harfuch y a una mujer que pasaba por ahí. Las videocámaras instaladas en los postes de luz a lo largo de la ciudad mostraron cómo varios pistoleros con chalecos antibalas, armas cortas, granadas de fragmentación y fusiles de francotirador Barrett bajaron de la compuerta trasera de una camioneta de 3,5 toneladas para abrir fuego durante casi 5 minutos.

García Harfuch, minutos más tarde, escribió desde su Twitter que el responsable del cobarde ataque sería el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ese mismo día las autoridades detuvieron a 17 personas implicadas, originarias de Ciudad de México, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Guadalajara y Michoacán. También a un colombiano. En la noche del viernes cayó José Armando Briseño, alias Vaca, según las autoridades uno de los autores intelectuales y reclutador de los sicarios.

Este atentado constituye un hecho sin precedentes contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) por diversos factores claves. Uno de ellos es que haya sido en la capital, en un barrio de clase alta, con armamento tan especializado y contra un funcionario de muy alto nivel. “Fue un hecho excepcional porque hasta ahora nadie se había atrevido a meterse con la Policía de la CDMX, una entidad que tiene casi 90.000 elementos, el cuerpo armado más grande del país después del Ejército y la Guardia Nacional”, le dijo a SEMANA Alejandro Hope, experto analista de seguridad.

Este atentado constituye un hecho sin precedentes contra el Gobierno de Amlo por tres factores claves: que haya sido en un barrio de la clase alta en la capital, con armamento tan especializado y contra un funcionario de muy alto nivel.

Desde su nombramiento en octubre de 2019, García Harfuch ha ordenado la detención de varios integrantes de los carteles que operan en la CDMX, como el de la Unión Tepito. Sin embargo, García, desde los cargos de jefe de la Policía Federal Preventiva y comisionado de la Agencia de Investigación Criminal, también persiguió al cartel de Jalisco, organización criminal que ha ganado mucho poder.

En la capital, este cartel había tenido presencia en barrios marginales desde 2017, cuando se alió con bandas locales para quitarle a la Unión Tepito el poder del mercado de drogas, el secuestro y el cobro de derechos de piso. La última escena de violencia de carteles en CDMX tuvo lugar en junio de 2018, cuando se enfrentaron la Unión Tepito con bandas rivales y colgaron una “narco-manta” con cuerpos mutilados en la avenida de los Insurgentes, columna vertebral de la capital. En febrero de 2020 la Fiscalía dijo haber detectado algunas células del CJNG en diversas alcaldías de la ciudad.

El suceso del pasado viernes también es un hito por su despliegue y la magnitud del armamento que usaron. “Demostraron una gran sofisticación operativa y logística, además de capacidades financieras importantes, no propias de una banda local como la Unión. Un golpe de esa naturaleza habla mucho de los alcances y las amenazas a las que estamos expuestos”, señaló a esta revista Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

El Gobierno tenía conocimiento de amenazas contra el secretario de Seguridad y otros funcionarios en el ámbito federal. “Fueron interceptadas llamadas del cartel de Jalisco, en las que hablaban de atentados no solamente contra Ómar, sino hacia otros altos funcionarios federales y estatales. Había 21 personas en esa lista, entre las que figuraba el canciller Marcelo Ebrard; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo”.

Además, el atentado del viernes ocurrió en el marco de varios ataques a políticos y funcionarios judiciales en otros lugares del país. El 29 de abril secuestraron y asesinaron a la diputada Anel Bueno, en el estado de Colima. Luego, el 16 de junio, murieron asesinados el juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas, quien lideró juicios contra miembros del CJNG y el cartel de Sinaloa. Aún se desconocen los responsables del crimen.

El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas de México, especializada en el tráfico de drogas sintéticas. Aunque no es el grupo que más domina el territorio nacional, en 2010 se separó del cartel de Sinaloa y en los últimos cinco años se ha expandido y perfilado como una creciente amenaza. Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares como recompensa por su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.

Este grupo ha protagonizado ataques sangrientos y de alto impacto en el estado de Jalisco. En 2013 ejecutaron al secretario de Turismo en las calles de Guadalajara. En 2015 acabaron con la vida de 15 policías y derribaron un helicóptero del Ejército. En 2018 secuestraron y mataron a dos agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). El mismo año, el fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, sobrevivió a un atentado por parte del CJNG.

El Gobierno de Amlo sabía de las amenazas contra el secretario de Seguridad. El atentado ocurrió en el marco de varios ataques a políticos y funcionarios judiciales en otros lugares del país.

En febrero de este año, Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del CJNG, fue extraditado. “Posiblemente el atentado a García Harfuch sea un mensaje de no extradición. No se sabe qué hay detrás de esto; lo cierto es que se evidencia una agresividad creciente de ciertos grupos criminales contra el Estado, y la idea de Amlo de combatir el crimen mediante el financiamiento de programas sociales amplios y entregarle la seguridad pública al Ejército no resuelve los problemas estructurales de seguridad y justicia en México”, comenta Hope.

Según Lilian Koloffon, investigadora sénior del World Justice Project, lo sucedido demuestra debilidad en el dispositivo de protección de un secretario de Seguridad que enfrenta a organizaciones delictivas con bastante poder de fuego y corrupción en el país. “Además, es una reacción de un cierto grupo, no se sabe con certeza cuál, dispuesto a utilizar violencia muy espectacular para manifestarse a sabiendas de que las consecuencias no necesariamente van a llegar”, enfatiza.

Para los analistas y expertos mexicanos, el reciente atentado habla claro. “No es una cosa marginal. Habla de que el poder del CJNG es más grande de lo que imaginamos. Cuando un grupo delictivo opera contra el Estado, en una zona donde se encuentran las embajadas y, por ende, existe mucha vigilancia privada y del Gobierno, está mandando un mensaje de poder. El Gobierno ha sido muy reacio al reconocer la presencia de estos grupos en la Ciudad de México, y no existe una política contra de la delincuencia organizada”, enfatiza Rivas.

Lo cierto es que el tiroteo en las Lomas de Chapultepec empezó a sembrar el miedo entre la ciudadanía, que ve cada vez más cerca las acciones de las organizaciones delictivas. Y mientras García Harfuch se recupera en una clínica, queda en el aire la gran pregunta: ¿el Gobierno mexicano tiene la capacidad para detener esta creciente avalancha de violencia que ya llega a las zonas más tranquilas de la CDMX?