Entrevista exclusiva con Pinochet: 10 años de gobierno

SEMANA: Al cumplir 10 años de su gobierno, ¿cuál es, en su opinión, el balance político, social y económico de Chile en este período?

PINOCHET: En estos años, el país ha avanzado notoriamente hacia el establecimiento de una sociedad libre en lo político, en lo económico y en lo social. Toda la inmensa obra del Gobierno se ha orientado hacia ello, creando una institucionalidad integral que comprende esos tres aspectos.

En el plano político, el país cuenta hoy con una Constitución que fue aprobada por el 67% de los electores, a través de un plebiscito libre, secreto e informado, lo cual prevé un itinerario para su vigencia plena.

En el plano social, Chile ha librado en estos últimos años una batalla directa contra la extrema pobreza que heredáramos de gobiernos anteriores. El Estado invierte casi el 60% de su presupuesto en gasto social. Nuestra realidad social es absolutamente diferente hoy a la que había en 1973.

En el ámbito económico, el Gobierno ha puesto en práctica una estrategia de desarrollo basada en el respeto absoluto al principio de propiedad privada de los medios de producción y en la libre empresa. El Estado actúa en subsidio de los particulares y realiza su ineludible labor de fiscalización y control, supliendo, cuando así se requiere, la actividad de los particulares.

Nuestro sistema económico permitió a Chile superar los desastrosos efectos del régimen marxista, posteriormente enfrentar con éxito la llamada crisis del petróleo en 1975 e hizo posible que creciéramos entre 1977 y 1980 en una tasa promedio anual de 8.5%, más del doble del promedio histórico. Hoy, como todos los países del mundo, enfrentamos la crisis económica, para lo cual hemos debido variar algunos instrumentos de política económica.

Chile, en 1983, es un país lleno de perspectivas, con un potencial de desarrollo y con un futuro político definido. Nuestro Gobierno cumplirá fielmente el compromiso contraído con los chilenos de avanzar gradual y progresivamente, como lo indica nuestro orden constitucional, hacia una democracia renovada que favorezca el progreso social y la justicia.

S.: Se rumora que se está dando en Chile la conformación (en la clandestinidad) de una especie de "multipartidaria", tendiente a la reactivación y legalización de los partidos políticos. ¿Cómo ve el Gobierno ese proceso?

P.: La Constitución establece el sistema político que, a partir de 1989, contempla la existencia de partidos políticos. Durante la etapa de normalización institucional que vive el país, los partidos políticos se encuentran en receso, mientras se establece un estatuto que asegure que éstos actuarán dentro del ámbito que les es propio, que su contabilidad y registros sean públicos y que en su organización interna sean democráticos.

S.: ¿Cómo son las relaciones actuales entre el Gobierno y los sectores sindicales de su país?

P.: El gobierno ha reconocido y promovido desde el primer momento el derecho de los trabajadores a desarrollar una vida sindical libre. Para ello fue promulgada una legislación laboral que consagra una organización sindical democrática y una negociación colectiva justa. Lo que vale realmente en el sindicato es la voluntad de cada trabajador; su afiliación es voluntaria y así los dirigentes son verdaderamente representantes de sus bases. Las intervenciones ajenas a la voluntad de los trabajadores, así como la instrumentalización política de los sindicatos, desnaturalizan la función de éstos y destruyen el auténtico sindicalismo.

La llamada Coordinadora Nacional Sindical es un organismo que no representa en absoluto a los trabajadores chilenos y que, careciendo de existencia legal, pues no la han solicitado, se arrogan una representación ilegítima de los trabajadores. Por ello, los Tribunales de Justicia la han sancionado.

S.: Señor Presidente, la actual situación financiera chilena no es de las mejores. Hoy el 65.6% de ese sector está intervenido por el Estado y las deudas de dichas empresas ascienden a los 77 mil millones de pesos, (unos mil millones de dólares), ¿Cuál es entonces el porvenir económico del país?

P.: Chile vive una situación económica difícil que deriva fundamentalmente de una crisis financiera internacional de enorme magnitud. Hemos debido enfrentar un período prolongado de disminución de la actividad económica, restricciones, quiebras de empresas y cesantía.

En vista de lo anterior, pusimos en vigencia el año pasado una nueva política cambiaria para estimular las exportaciones, consiguiendo en 1982 un superávit de más de 200 millones de dólares en el intercambio comercial con el exterior. Además hemos impulsado el saneamiento del sistema financiero, para evitar la concentración entre las entidades financieras y las empresas productoras.

Se han realizado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para lograr un refinanciamiento de los pagos por concepto de deuda externa, y se han sostenido encuentros también con bancos extranjeros acreedores que han demostrado una buena disposición.

Sabemos que el camino no está exento de dificultades. Sin embargo, ya hay algunos síntomas de recuperación y esperamos que en el corto plazo la reactivación sea una realidad generalizada. Estamos dispuestos a vivir con la austeridad que nos imponen nuestros compromisos externos y haremos lo posible por aumentar el ahorro interno.

S.: ¿Cree usted, señor Presidente, que el actual proceso de cambio en América Latina afecta de alguna manera la estabilidad del régimen que usted orienta?

P.: Si por proceso de cambio usted se refiere al progresivo restablecimiento de régimenes democráticos en América Latina, esto de ninguna manera puede afectarnos negativamente, pues en Chile estamos viviendo el mismo proceso.

Chile, al igual que otras naciones del continente, fue afectado por el quiebre de su sistema democrático y, también como otros países, procura corregir los defectos de éste y restablecerlo.

S.: Su gobierno ha hablado de permitir el regreso de algunos exiliados. ¿Por qué esa apertura no se extiende a todas las categorías de exiliados chilenos?

P.: El Gobierno se ha visto en la obligación de aplicar la pena del exilio en resguardo de la paz social y del orden público. Ha sido necesario restringir los derechos de quienes han promovido entre nosotros la guerra civil, la violencia y el terrorismo, para asegurar los derechos humanos de la ciudadania, particularmente de las potenciales víctimas de los terroristas.

En la medida en que se ha restablecido el orden público y la paz social, el Gobierno ha considerado oportuno levantar la sanción del exilio a aquellas personas que expresen la voluntad de no volver a perturbar el orden público.

El Gobierno formó a fines del año pasado una comisión especial, integrada por juristas de reconocido prestigio, con el objeto de proponer normas para evaluar estos casos.

La aplicación de tales normas ha permitido el reingreso de numerosas personas, proceso que continuará, haciendo posible el ingreso de quienes estén dispuestos a actuar dentro de las normas legales y constitucionales vigentes.

S.: Diez años después del derrocamiento del presidente Allende, aún se oye decir que su régimen se sostiene gracias a medidas de control político y social sumamente duras. Amnistía Internacional ha reportado que se siguen dando casos de desaparecidos ¿Cuándo terminará esa situación?

P.: Desde sus inicios, a partir del Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de 1973, el régimen se mantiene con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, expresado, entre otras formas, en la aprobación de la Constitución que nos rige.

Esta Constitución faculta al Ejecutivo para combatir acciones subversivas como el terrorismo.

Con respecto a las denuncias de Amnistía Internacional, declaro enfáticamente que no existen casos de desaparecidos, salvo algunas denuncias no resueltas que se remontan a los años 1973 y 1974, época en la cual el Gobierno debió enfrentar a fuerzas paramilitares constituidas por más de 15.000 guerrilleros reclutados por el terrorismo internacional.

S.: ¿Qué opina, Presidente, de la situación en América Central y de los planteamientos de paz para esa región que los gobiernos de México, Colombia, Venezuela y Panamá han hecho?

P.: El conflicto que afecta a la región centroamericana ha alcanzado proporciones que no sólo comprometen a los países involucrados en él, sino que ha trascendido el ámbito regional, motivos por los cuales constituye una gran preocupación para el Gobierno que presido. Por ello, Chile observa con interés toda iniciativa tendiente a buscar una solución que traiga la paz y la concordia en el área.

La vocación pacifista de Chile, inspirada en su apego irrestricto a los tradicionales principios tales como la solución pacífica de controversias, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el rechazo al uso de la fuerza o la amenaza de su empleo y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, principios que orientan nuestro quehacer en la Comunidad Internacional, lleva a concluir que mi Gobierno no puede sino identificarse plenamente con los esfuerzos que conduzcan a una paz permanente en Centroamérica.

S.: ¿Cuál es el estado de las negociaciones con Argentina por el Canal del Beagle?

P.: Estimo indispensable efectuar, previamente, una aclaración; el conflicto por el Canal del Beagle fue definitivamente resuelto por el Laudo Arbitral de Su Majestad Británica, de fecha 2 de mayo de 1977. Este instrumento internacional está plenamente vigente y trazó la frontera terrestre y marítima entre Chile y Argentina en dicho Canal.

En cuanto al diferendo sobre la zona austral, el proceso está entregado a las sabias manos de Su Santidad Juan Pablo II. El Mediador, con fecha 12 de diciembre de 1980, entregó a ambas Partes su Propuesta que contiene una solución justa, honorable y definitiva de la controversia austral. El Gobierno de Chile dio su respuesta favorable a dicha Propuesta con fecha 26 de diciembre de 1980. El Gobierno argentino, por su parte, aún no se pronuncia sobre dicha iniciativa del Sumo Pontífice. No obstante, renuevo mi confianza en la mediación del Santo Padre y en el feliz éxito de este proceso que los chilenos anhelamos.

UNA INTENSA JORNADA

Calificada como "legítima y patriótica" por sus organizadores, y como "provocación marxista", por parte del gobierno, la "Segunda Jornada de Protesta Nacional" llevada a cabo el 14 de junio, volvió a poner de presente el descontento de los chilenos con la dictadura. Una vez más, en el corto lapso de cinco semanas, las ciudades más importantes del país austral se vieron invadidas por manifestantes coreando consignas de protesta. El evento convocado por el Comando Nacionál de Trabajadores Chilenos (CNT) que dirige Rodolto Seguel, confirmó el comienzo de lo que al parecer será una larga lucha entre los militares y grandes masas de la población. A diferencia de lo sucedido en mayo 11, cuando las manifestaciones fueron casi enteramente obreras, en esta oportunidad otros sectores de la opinión se sumaron a la jornada. Los enfrentamientos con la policía dieron como resultado el trágico saldo de dos muertos, numerosos heridos, así como más de mil detenidos.

Lejos de buscar una solución conciliatoria, el general Augusto Pinochet provocó el estupor internacional cuando anunció que el gobierno iba a tomar una posición más dura en el tratamiento de la situación.

Horas después de la jornada, fue detenido el líder minero Rodolfo Seguel calificado por algunos como el Walésa chileno, y responsabilizado por las autoridades de ser el organizador de la protesta nacional. La detención, atribuida a los servicios de seguridad, provocó una respuesta inmediata de la Confederación de los Trabajadores del Cobre que, al final de la semana, realizó un paro de 24 horas en el cual participaron la mayoría de sus 22 mil afiliados. La huelga fue decretada previa a un paro general como protesta por la detención del líder y para exigir su liberación.
Las circunstancias actuales recuerdan, una vez más los convulsionados momentos qué antecedieron al golpe de Estado de sentiembre del 73. Carente de mayor respaldo por parte de la clase media, los sectores obreros y cierta fracción de los grupos de mayor poder económico, Pinochet se basa ahora en el control de las Fuerzas Armadas para mantenerse en su sitio. Inclusive, sectores que durante años habían apoyado a la dictadura han presionado a la administración para que se baje de su pedestal. Por ejemplo, el influyente diario "El Mercurio", reconocido gobiernista, manifestó en su editorial que "parece indispensable que el gobierno considere como un hecho lamentable pero indiscutible que ha perdido crédito en la ciudadanía".
Las exigencias de la CNT están en franca contienda con la filosofía de la dictadura militar y en esta idea se puede basar la línea adoptada desde el palacio de La Moneda, Pinochet sabe que si llega a ceder, sus ilusiones de mantenerse hasta 1989 no se concretarán. La CNT tiene nueve puntos de lucha:
- Terminación del estado militar de emergencia
- Democratización automática de las Uníversidades (antes del golpe los rectores eran nombrados por la comunidad uníversitaria ahora son nombrados rectores militares).
- Apertura de registros electorales y elección de parlamentarios
- Regreso de los exiliados (estimados en más de un millón)
- Fin a la censura de prensa y libros
- Plan de emergencia económica para disminuír el desempleo
- Restauración de la legislación liberal vigente antes de 1973
- Reajuste de salarios
- Devolución de fondos y personería jurídica a las organizaciones políticas y sindicales disueltas por decreto.