Autoridades de Nicaragua abren investigación contra obispo católico y lo señalan de ‘incitar al odio’

Un nuevo capítulo en el rifirrafe entre la Iglesia Católica de Nicaragua y las autoridades de ese país se registra este fin de semana, luego de que la Policía Nacional de ese país, anunciara que abrirá formalmente una investigación contra la comunidad eclesiástica, más precisamente en contra de la Diócesis de Matagalpa, acusándola de cometer “actos delictivos”, y señalarla de adelantar prácticas de ‘incitación al odio’.

De acuerdo con declaraciones de las autoridades nicaragüenses, expresadas a través de un comunicado de la Policía Nacional emitido el pasado viernes en horas de la noche, “las altas autoridades de la iglesia católica, Diócesis de Matagalpa, encabezada por el obispo monseñor José Rolando Álvarez, (..) están intentando organizar grupos violentos e incitándolos a ejecutar actos de odio en contra del gobierno”.

La declaración del cuerpo policial de Nicaragua llega después de una serie de sucesos presentados en lo corrido de la semana que termina, los cuales iniciaron con la ejecución de una providencia del Gobierno de Daniel Ortega, que ordenó el cierre de al menos cinco emisoras y canales de televisión local que se encontraban bajo la operación de comunidades religiosas de ese país.

Dentro de los referidos hechos que marcaron la tensa relación iglesia - estado en Nicaragua esta semana, también se encuentran las denuncias, por parte de uno de los altos jerarcas de la institución católica en ese país, monseñor Álvarez, quien, en días pasados denunció haber sido víctima de hostigamientos por parte de uniformados que se situaron al exterior de la curia; lugar donde también funciona su residencia, buscando impedir la libre movilidad de sacerdotes, y feligreses, siendo él también víctima de las restricciones.

Según ha denunciado el religioso, la conducta por parte de los efectivos de la Policía en hostigar su ejercicio pastoral, e incluso su cotidianidad, ha sido reiterativa. Incluso, en medio del rifirrafe con los agentes policiales, el religioso ha realizado algunas transmisiones en vivo a través de las redes sociales, para mostrar al mundo el accionar que en su contra han ejercido las autoridades.

De acuerdo con lo señalado por el religioso, además de los agentes de la policía local, las autoridades, afectas al régimen Ortega, también han desplegado unidades ‘antimotines’.

Ante las denuncias del religioso, quien incluso ha convocado a la ciudadanía a actos simbólicos en rechazo de los hostigamientos, realizando procesiones próximas a la curia, exponiendo incluso uno de los principales símbolos de la creencia religiosa: ‘Jesús Eucaristía’ , la Policía se ha pronunciado para afirmar que el obispo mencionado, usa “su condición de líder”, y la audiencia de sus redes sociales, para generar escenarios de ‘zozobra’ en la ciudadanía, y provocar reacciones de odio, en detrimento de la institución.

En ese sentido, la Policía Nicaragüense ha afirmado también que Álvarez, tiene el propósito de “desestabilizar el Estado (...), y atacar a las autoridades constitucionales”.

Así, la investigación anunciada por la Policía de Nicaragua tendría implicaciones penales para el religioso referido; quien permanece al interior de la curia con otros seis religiosos más y un grupo de laicos.

El obispo de 55 años, se ha convertido recientemente en símbolo de la resistencia católica, ante una serie de denunciados atropellos por parte del Gobierno Ortega, que, además del cierre de emisoras y canales de televisión, también ha incluido expulsión de miembros de órdenes religiosas, lo que ha sido considerado como una violación a la “libertad religiosa”.

Para los fieles católicos en Nicaragua, es reprochable que, ante la situación que atraviesa ese país, el Gobierno Ortega pretenda que la iglesia se quede ‘muda’.

Según recogen medios internacionales, como la Agencia AFP, la investigación anunciada por la Policía, surgió pocas horas después de que la vicepresidenta de ese país, Rosario Murillo, quien además es la esposa del presidente, Daniel Ortega, afirmara que las conductas del sacerdote, eran vistas como un delito, afirmando que este busca el “descredito de instituciones que merecen respeto”.

Los denunciados hostigamientos contra los religiosos han despertado la solidaridad de creyentes en otros rincones del continente, e incluso, suscitaron el pronunciamiento, también el pasado viernes del Consejo Episcopal Latinoamericano, Celam, que, a través de un comunicado, firmado por su presidente, monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo, Perú, expresó su rechazo por los ataques contra la comunidad religiosa.

“No te asustes y desmayes, que contigo está el Señor, tu Dios, donde quieras que vayas”, citó la Celam en un comunicado en el que también se dirigió a los creyentes en el continente, invitándolos a generar lazos de solidaridad y cooperación con quienes se han convertido en víctimas del régimen de Ortega, recordando que ese gobierno también ha desplegado atropellos contra otros sectores de la población, entre los que se contarían las decenas de opositores que han resultado encarcelados.

Otros escenarios de la persecución

El pasado mes julio, una comunidad de monjas que hacían presencia en ese país, conocida como la Asociación Misioneras de la Caridad, orden fundada por la madre Teresa de Calcuta, afirmó que debió abandonar Nicaragua debido a que el gobierno de Daniel Ortega ilegalizara sus operaciones en ese territorio.

Sobre el particular, asociaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron que tras la invalidación del permiso de operación de esa agrupación religiosa, un grupo de cerca de 15 monjas fueron deportadas como si fuesen “delincuentes”, según palabras expresadas por la Cenidh, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

La persecución a los religiosos por parte del régimen Ortega se desprendió luego de que, en 2018, la Iglesia cumpliera un papel importante en la protección de grupos de manifestantes y atención de personas que resultaron heridas, durante jornadas de protestas en contra del gobierno del exlíder sandinista.

Sobre el particular, el gobierno Ortega ha señalado que dicho movimiento de protesta realmente respondía a un intento de golpe de Estado, y, al participar la Iglesia en la protección y atención de heridos, asumieron que la institución eclesial cumplía un rol de cómplice.

*Con información de AFP