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Bayer anuncia acuerdo de USD 10.000 millones a afectados por glifosato

La empresa indemnizará a más de cien mil demandantes que podrían sufrir cáncer por usar el herbicida Roundup, cuyo ingrediente activo es el glifosato.

24 de junio de 2020
| Foto: JOSH EDELSON / AFP

El gigante químico alemán Bayer anunció el miércoles un acuerdo para indemnizar con más de 10.000 millones de dólares a más de cien mil demandantes en Estados Unidos afectados de cáncer, que achacan su enfermedad al herbicida Roundup.

El acuerdo "permitirá cerrar aproximadamente el 75 % de los actuales casos de litigio relacionados con Roundup, que representan aproximadamente 125.000 demandas", explicó Bayer en un comunicado.

El acuerdo "permitirá cerrar un largo periodo de incertidumbre", se congratuló Werner Baumann, su director general, citado en el comunicado.

"Resuelve las reclamaciones actuales y sitúa un mecanismo claro para gestionar los riesgos de posibles litigios futuros. Es razonable desde el punto de vista financiero respecto a los importantes riesgos financieros que implicaría un contencioso durante varios años", sin hablar de los daños a su "reputación", añadió.

"Bayer debe pagar entre 8.800 y 9.600 millones de dólares para resolver el litigio, y 1.250 millones de dólares (...) para resolver futuros litigios", precisó el comunicado.

El grupo alemán perdió sus tres primeros juicios en Estados Unidos relacionados con el principal ingrediente del Roundup, el glifosato, procesos que no han sido incluidos en este acuerdo, y que Bayer asegura que seguirá contestando mediante apelaciones.

Bayer compró en 2019 a su rival Monsanto por 63.000 millones de dólares. Desde entonces ha visto transferidas todas las demandas en su contra.

Bayer contesta que los glifosatos puedan causar daño a la salud humana y asegura que eso no ha podido ser demostrado ante ningún tribunal desde que empezó a ser comercializado en los años 1970.

"Esta solución es importante para nuestros clientes, pues se trata de una batalla larga y ardua", dijo a la AFP una abogada de víctimas, Jennifer Moore.

El gigante alemán precisó que estos acuerdos y otros de menor importancia financiera "no contienen ningún reconocimiento de responsabilidad o falta".

Además, llevará "también los debates sobre inocuidad y utilidad de los herbicidas a base de glifosato a la arena reglamentaria y al marco de la ciencia".

Esto no terminará de todas maneras las polémicas sobre el Roundup, clasificado en 2015 como "cancerígeno probable" por el Centro Internacional contra el Cáncer (Circ), instancia de la OMS, y el glifosato.

"Precedente formidable para las otras víctimas y todos los que luchan contra el glifosato y los que lo autorizan", señaló la abogada y exministra de Medio Ambiente francesa, Corinne Lepage.

Por otro lado, Bayer también anunció dos acuerdos de menor importancia, entre ellos uno sobre el dicamba, producto señalado de causar daños a cultivos vecinos a las explotaciones donde se utilizó, por un monto de 400 millones de dólares para "la campaña agrícola 2015-2020".

En Colombia hay un debate en torno al uso de esta sustancia para la erradicación de los cultivos ilícitos. En el mes de abril se hizo público el borrador de un decreto del Gobierno con el que se planea responder a los condicionamientos de la Corte Constitucional con respecto al tema.

El documento cumple con llenar algunos de los requisitos exigidos para que el Estado provea una protección constitucional razonable del derecho a la salud de las comunidades y al medioambiente en zonas donde se fumigaría.

Entre las nuevas medidas que se adoptarían está el empoderamiento a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y al Instituto Nacional de Salud (INS) para hacer seguimiento, control y evaluación del riesgo de la ejecución del programa de aspersión. Otra propuesta es que, a partir de la evidencia de posibles riesgos que arroje este sistema de evaluación, se abra una ruta de revisión automática que podría llegar a frenar la continuidad de la estrategia. El Gobierno también se compromete a crear un procedimiento independiente de quejas sobre afectaciones a la salud, al medioambiente, a bienes agropecuarios y a viviendas.

*Con información de la AFP.