Benjamin Netanyahu: controversia mundial por la orden de captura de la CPI contra el primer ministro de Israel

En sus 22 años de historia, la Corte Penal Internacional (CPI) jamás había pedido un arresto contra un mandatario del mundo occidental. El hecho de que Benjamin Netanyahu haya sido el primero en la corta y atropellada historia de este alto tribunal tiene diferentes lecturas y un enorme significado. La primera interpretación es la del mismo Netanyahu y el Gobierno de Israel: “La decisión antisemita de la Corte Penal Internacional es comparable a un juicio Dreyfus actual que terminará de la misma forma”.

El primer ministro israelí comparó su situación con uno de los casos judiciales más polémicos de la historia. Sucedió en 1895 cuando un capitán judío, Alfred Dreyfus, fue acusado, con pruebas falsas, de alta traición a Francia. Al final se probó que él nunca envió información confidencial a Alemania y que el verdadero responsable era el jefe de infantería francés Ferdinand Esterházy.

El capitán solo había sido elegido como chivo expiatorio por ser judío, pues para el momento el antisemitismo en el país era enorme. Fue condenado. El escritor Émile Zola escribió para defender la inocencia de Dreyfus el Yo acuso y fue condenado también por difamación. Una década después, la justicia reivindicó a Dreyfus.

Para numerosos miembros de la comunidad judía, la justicia, al igual que en esas épocas, actúa motivada en el antisemitismo. El jefe de la diplomacia israelí, Gideon Sa’ar, aseguró, por ejemplo, que la CPI “perdió toda la legitimidad de existir y actuar” tras emitir “órdenes absurdas y sin autoridad”. Y agregó que, “desde una perspectiva moral, esto representa un eclipse que convierte el bien en mal y sirve a las fuerzas del mal. Y desde una perspectiva política, emitir órdenes de arresto contra un Estado que actúa de conformidad con el derecho internacional es una recompensa y un estímulo para el eje del mal, que lo viola de manera flagrante y sistemática”.

El exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, quien fue despedido por Netanyahu y también es objeto de una orden de arresto de la CPI, aseguró que la decisión es una afrenta contra el país y “sienta un peligroso precedente contra el derecho a la autodefensa y a la guerra moral, además de alentar el terrorismo asesino”.

Gallant agregó que “el intento de negar a Israel su derecho a lograr sus objetivos en su guerra justa fracasará: los soldados de las FDI y los miembros de las fuerzas de seguridad continuarán su acción hasta que los rehenes sean devueltos sanos y salvos a sus hogares y Hamás se disuelva”.

El excanciller israelí Yigal Palmor expresó fuertemente el dolor que representa la intervención de la CPI en la guerra que se libra con Hamás. “Es una fecha que vivirá en la infamia”, le dijo al Jerusalem Post. El diplomático criticó la declaración de la CPI que, según él, no deja ver que exista alguna posibilidad de un juicio justo. “La culpabilidad de Netanyahu y Gallant se presenta como un hecho establecido”, asegura.

Palmor dijo de frente lo que muchos piensan, pero no expresan. Con la orden de arresto a Netanyahu se cruzó esa línea invisible que había hecho que por años la CPI solo se encargara de los más oscuros personajes de los regímenes antidemocráticos, especialmente de los atroces líderes africanos, en los que “el sistema de justicia depende sobre la intervención internacional”.

Tras la orden de arresto a Netanyahu, el diario The New York Times hizo un listado de quiénes son esos líderes que han caído en la lista negra de la CPI. El más poderoso hasta ahora ha sido Vladímir Putin, quien también tiene orden de arresto en el marco de la invasión a Ucrania. Por cuenta de esto, Putin no puede pisar el suelo de más de 120 países en donde la CPI tiene jurisdicción.

También existe orden de arresto contra Omar Hassan al-Bashir, expresidente de Sudán, por la catástrofe humanitaria de Darfur; Muammar el-Gaddafi y sus hijos, por las atrocidades cometidas en Libia; William Ruto, por la violencia electoral en Kenia, y Laurent Gbagbo, de Costa de Marfil. En Israel consideran que Benjamin Netanyahu no debería estar en este deshonroso club.

El Estado judío ha sostenido que lo que ha hecho tras la violenta masacre del 7 de octubre de 2023 en su territorio es defenderse. Como grupo terrorista, Hamás se fundó sobre la idea de destruir a Israel y siempre ha negado su posibilidad de existir. Esa masacre fue la manifestación más letal de su misión fundacional. Asesinaron a 1.200 personas infligiéndoles el mayor dolor posible, violaron a las mujeres y secuestraron a casi 300 personas, muchas de las cuales siguen en sus tenebrosos túneles. Israel, con su ofensiva militar, ha logrado diezmar a Hamás y a sus aliados del llamado Eje de la Resistencia, entre el que se incluye Hezbolá. Siempre que estos grupos estén activos, la amenaza para los israelíes está latente.

Sin embargo, en esa ofensiva han muerto miles de inocentes, especialmente en la Franja de Gaza. Hamás nunca ha tenido problema con mimetizarse en hospitales y colegios para atacar a Israel y ha usado a su misma población civil como escudo. Como ningún país recibe a los habitantes de Gaza y salir de allí es prácticamente imposible, las consecuencias han sido devastadoras. Se calcula que más de 40.000 personas han perdido la vida.

En su orden de arresto, la Corte Penal Internacional asegura que tiene “motivos razonables” para adjudicar a Netanyahu y Gallant “responsabilidad penal por el crimen de guerra de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil”. El tribunal internacional les adjudica un crimen muy específico y es llevar a la población de Gaza a la inanición, al “privar intencionalmente y a sabiendas a la población civil de objetos indispensables para su supervivencia”.

La CPI asegura que “la falta de comida, agua, electricidad y combustible, así como de suministros médicos específicos, crearon condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de parte de la población civil de Gaza”. Y va más allá, al asegurar que está estudiando si esas conductas califican en un “exterminio”.

Hamás, por supuesto, está dichoso. La Corte Penal Internacional también emitió una orden de arresto contra su líder militar, Mohammed Deif. Pero la decisión no tiene peso si se tiene en cuenta que desde hace meses Israel asegura haberlo dado de baja. “Es un paso importante hacia la justicia, que puede permitir a las víctimas obtener reparación, pero sigue siendo modesto y simbólico si no cuenta con el pleno apoyo de todos los países del mundo”, aseguró Basem Naim, uno de los voceros de Hamás. “La justicia internacional está con nosotros contra la entidad sionista”, agregó.

La orden de arresto a Netanyahu pone a prueba el mismo tribunal internacional. Estados Unidos, que no ha ratificado el tratado para ser miembro de la CPI, expresó su más rotundo rechazo. “Estados Unidos rechaza categóricamente la decisión de la CPI de emitir mandatos de detención contra altos responsables israelíes”, reaccionó la Casa Blanca. La tesis del Gobierno de Biden siempre ha sido que la CPI no tiene jurisdicción en este conflicto.

Javier Milei, una de las voces más fuertes a favor del Estado judío, aseguró que la CPI “ignora el derecho legítimo de Israel a defenderse frente a los constantes ataques de organizaciones terroristas”. La Unión Europea fue más cauta, pero también dejó un mensaje entre líneas, frente al hecho de que esta es quizás la primera gran decisión de la CPI, acusada de tener tintes ideológicos, para perseguir al jefe de un Estado que ni siquiera es miembro de esa jurisdicción.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró que “no es una decisión política. Es una decisión de un tribunal, de un tribunal de justicia, de un tribunal de justicia internacional. Y la decisión del tribunal debe respetarse y aplicarse”. El canciller de Austria aseguró que la decisión es “incomprensible y perjudica la credibilidad de la corte”, pues equipara a los líderes del mundo democrático con los jefes terroristas. Agregó que “el derecho internacional no es negociable y se aplica en todas partes y en todo momento”.

La posibilidad, sin embargo, de que Netanyahu vaya a la cárcel es casi nula. No se ve probable que viaje a países que tengan jurisdicción de la CPI, y aun si lo hiciera puede que muchos de estos no acaten la orden de apresarlo. Tampoco se cree que Israel baje la guardia, por esta medida, en su objetivo contra los grupos terroristas. Y su principal aliado, Estados Unidos, lo respalda. La llegada de Trump crecerá el apoyo de Netanyahu. Lo que muchos sí esperan es que llegue el momento en que la guerra comience a desescalar.