Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, solicita a la OEA detener el “acoso” de la Fiscalía

Durante una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos, el líder socialdemócrata solicitó que “se emita una declaración o resolución” en “términos claros y contundentes” sobre la crisis en Guatemala, donde miles de manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general por su embestida judicial contra Arévalo, su partido Semilla y el tribunal electoral.

El ganador de las elecciones de agosto estima que el texto debe instar al gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei “a cumplir con sus responsabilidades constitucionales, con sus compromisos con la democracia, para instruir al ministerio público a que cese el acoso y la persecución penal”.

“Lo que estamos viviendo en nuestro país es una persecución política por medio de acciones judiciales sin fundamento real”, insistió por vía telemática Arévalo, quien debe asumir el cargo en enero.

“Bayonetas”

Se trata, aseguró, de un fenómeno que se da en distintos países “donde los golpes de Estado tradicionales llevados a cabo con fuerzas de seguridad y con bayonetas han sido reemplazados por actos de aparente legalidad, pero con los mismos fines, que se llevan a cabo desde las cortes de justicia y desde los Congresos”.

La situación en el país centroamericano se ha convertido en una crisis profunda y compleja, caracterizada por su falta de solución aparente a la vista. La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha desplegado delegaciones en múltiples ocasiones para abordar esta problemática, pero ahora, a solicitud expresa del gobierno guatemalteco, se plantea la necesidad de iniciar un proceso de mediación.

Sin embargo, este proceso se anticipa como un desafío arduo y enmarañado, dada la complejidad de los problemas en juego y las tensiones que persisten en el país. La mediación de la OEA se erige como un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre, pero su éxito parece depender de superar obstáculos considerables en busca de una resolución sostenible.

Giammattei desmiente al presidente electo, al asegurar que no se puede cometer un “golpe de Estado” contra alguien que no ha asumido la presidencia, y le invita a reunirse con los delegados de la OEA, pero ha calificado de “ilegales” los bloqueos de los manifestantes. Arévalo salió este martes en defensa de los manifestantes pacíficos.

Interlocutores

“Es conveniente determinar bien entre quiénes podría darse una mediación si se espera” que “dé lugar a acuerdos serios”, afirmó, y propuso que se haga entre el gobierno, que tiene “el control real” sobre la fiscalía, y los líderes de los pueblos originarios, que han convocado la movilización, a la que se han sumado estudiantes, profesores, médicos y otros gremios.

“Ellos son ahora los interlocutores legítimos en cualquier diálogo que pueda darse con el gobierno” en torno a la crisis, afirmó el presidente electo. En la sesión también intervino el canciller guatemalteco, Mario Búcaro. “El derecho de manifestación no es absoluto” sino que “tiene sus propios límites”, dijo en la sede de la organización en Washington.

Como ha hecho en otras ocasiones, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó duramente a la fiscalía, cuyas acciones “de confiscar material electoral no son aceptables”. La OEA “no reconoce al ministerio público como autoridad electoral”, reiteró.

Según Luis Almagro, el Secretario General de la OEA, es de vital importancia que todos los actores políticos, incluyendo el Ejecutivo, emitan una declaración contundente que deje en claro su distanciamiento absoluto de acciones inconstitucionales y actividades ilegales por parte del Ministerio Público. Esta declaración se convierte en un paso crucial hacia la preservación de la legalidad y la democracia en el país.

Mientras tanto, la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha sido objeto de acusaciones de corrupción y ha sido etiquetada como “antidemocrática” por parte de Estados Unidos, se mantiene firme en su negativa a renunciar a su cargo. La resistencia de Porras a abandonar su posición añade una dimensión adicional de complejidad a la crisis en Guatemala, y la presión internacional se suma a las tensiones internas mientras el país busca una salida a la situación actual.

*Con información de AFP.