Estados Unidos-Costa Rica
Biden recibió al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en la Casa Blanca
El problema de los migrantes acaparó la conversación sobre las relaciones entre los dos países.
El presidente estadounidense Joe Biden recibió el martes en la Casa Blanca a su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, y discutieron formas de reforzar un acuerdo entre ambos países sobre posibles vías legales para el creciente número de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
Ambos dijeron que hablarían sobre la profundización de los tratos comerciales entre Estados Unidos y Costa Rica, la creación de nuevos puestos de trabajo, el avance de la democracia y la promoción de un proceso de inmigración más ordenado.
Costa Rica ha cobrado relevancia en el tema migratorio, ya que cada vez son más los migrantes que atraviesan el peligroso Tapón del Darién desde Colombia hacia Centroamérica.
Durante la reunión en el Despacho Oval, Biden agradeció a Chaves su ayuda con los “retos migratorios a los que nos enfrentamos cada día”, y dijo que uno de sus principales objetivos era “estrechar la cooperación en materia de seguridad” entre ambos países, incluida la lucha contra el crimen organizado.
“Nuestras naciones no solo están unidas por los retos a los que nos enfrentamos, sino que, lo que he descubierto, señor presidente, es que estamos unidos por la visión que compartimos”, manifestó Biden. “Una visión de un futuro con mayores oportunidades y libertad e igualdad, y francamente dignidad, dignidad para toda nuestra gente”.
En junio, San José y Washington acordaron abrir posibles vías migratorias legales a Estados Unidos para algunos de los nicaragüenses y venezolanos que están entre los 240.000 solicitantes de asilo en Costa Rica.
El año pasado, nueve de cada 10 solicitudes presentadas en el país centroamericano eran de ciudadanos de Nicaragua.
Chaves dijo en diciembre que las personas que buscaban ir a trabajar y luego marcharse estaban abusando de las políticas y que estas se endurecerían.
Como alternativa, se ofreció un permiso de trabajo de dos años a nicaragüenses, venezolanos y cubanos que retiraran sus solicitudes de asilo.
Costa Rica, un país con alrededor de 5 millones de habitantes, sufre además de un alza en la delincuencia y los asesinatos, atribuidos en gran medida a la violencia relacionada con el narcotráfico.
El país, que hace años era un paso obligado para las drogas que iban desde Sudamérica a Estados Unidos, se está convirtiendo ahora en un importante centro de consumo.
Un presidente cuestionado
El mandatario centroamericano cumple la cita diplomática en momentos en que la Fiscalía de su país lo investiga a él y al canciller, Arnoldo André, por supuesto “financiamiento ilegal de partidos políticos”, según publicaron medios locales a mediados de agosto.
La investigación se centra en “una presunta estructura paralela de financiamiento electoral del gobernante Partido Progreso Social y Democrático (PPSD)” durante la campaña electoral de 2022 que llevó a Chaves a la Presidencia, indicó el diario La Nación, que cita como fuente a la Fiscalía.
Junto al presidente y el canciller, también está siendo investigada la diputada y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar.
En el marco de la investigación, este miércoles la Fiscalía allanó las oficinas del bufete de abogados Lexincorp en San José, del que el canciller es socio fundador.
El Código Penal de Costa Rica contempla penas de prisión de dos a cuatro años “a quien recaude fondos para algún partido político sin haber sido autorizado por el tesorero del partido”.
Esta investigación es la tercera abierta contra Chaves en un mes.
El pasado 1 de agosto la Fiscalía abrió una causa contra el mandatario por presunta comisión de “tráfico de influencias”.
El expediente se abrió tras la denuncia del banquero Leonel Baruch, presidente de la Corporación BCT, y miembro de la junta directiva de CR Hoy, medio de comunicación crítico de Chaves.
Previamente, el 17 de julio la Fiscalía también comenzó a investigar al presidente por “abuso de poder” por la presunta comisión de “influencia en contra de la Hacienda Pública”.
Con información de AP y AFP.