Bolsonaristas arrestados fueron vacunados a la entrada a la cárcel, podrían recibir penas de hasta 30 años

El pasado 8 de enero cientos de bolsonaristas sorprendieron a Brasil y al mundo entero, al realizar un asalto de dimensiones sin precedentes a distintas sedes oficiales en Brasilia, donde está la capital administrativa del país, para expresar su inconformidad con la victoria del nuevo gobierno de izquierda, en cabeza del dos veces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoy, cientos de estos manifestantes se encuentran en prisión y podrían enfrentar penas de hasta 30 años de cárcel.

Detenidos

La Policía Federal de Brasil detuvo en ese momento a más de 2.000 causantes de los disturbios, que ocurrieron una semana después de que Lula da Silva asumiera de nuevo la presidencia para un tercer mandato.

Varios de los detenidos han sido puestos en libertad, considerando distintas condiciones como la avanzada edad, enfermedad, ser padres de niños muy pequeños o personas sin hogar. Estas personas liberadas, en todo caso, deben esperar a la realización de un juicio.

Actualmente, alrededor de 1.100 detenidos siguen bajo arresto, investigados por los cargos que incluyen delitos como: terrorismo, asociación criminal, atentado contra el Estado democrático, participación en un intento de golpe de Estado e incitación al crimen.

Los detenidos fueron vacunados contra el covid-19 a su ingreso a los distintos centros de detención.

¿A qué penas se enfrentan?

De acuerdo con el testimonio del abogado Philipe Benoni, presidente en Brasilia de la Asociación Nacional de Abogados Criminalistas, y quien conversó con el diario El País de España, las penas a las que se enfrentan los cientos de brasileros detenidos podrían llegar hasta los 30 años.

Benoni asegura que la defensa de estos sindicados no será nada fácil: “Claramente, las penas sumadas pueden llegar a más de 30 años. Hay que entender que fueron actos graves, sin precedentes en la historia de Brasil. Ni el golpe de 1964 llegó a esa magnitud y (no tuvo la) osadía de invadir las instituciones de aquella forma, los tres poderes”, resume para El País.

La mayoría estaba en un campamento, instalado hace dos meses frente a un comando del ejército, desde donde exigían la intervención de los militares para impedir la llegada de Lula a la presidencia, electo en las urnas en octubre.

Desafíos legales

Todos los detenidos se encuentran en una condición que es la de “detenidos in fraganti”, una condición legal distinta a la de prisión preventiva o prisión temporal y que es difícil de predecir, sobre cómo podría terminar para los arrestados.

El reto legal también está en el hecho de que fue una multitud la que atacó las instalaciones gubernamentales, pero el juez a cargo del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, tendrá que decidir como puede individualizar a cada persona, más considerando que muchos protestaron de manera pacífica y otros fueron violentos.

De acuerdo con El País de España son cerca de 30 días los que tiene la Policía de Brasil para concluir con la investigación, pero es un plazo que muy probablemente se alargará: “Es una situación excepcional por la gravedad de los hechos, será un proceso gigantesco que no sabemos cómo será juzgado”, admite el abogado Benoni.

Agravantes

Hay ciertos elementos que hacen más difícil para los acusados, salir bien librados de la investigación, porque son indicios que demostrarían que eran conscientes de lo que estaban haciendo y que habrían tomado medidas para burlar la seguridad de los edificios que atacaron.

El País de España describe varios de estos elementos, que han sido inicialmente destacados por el medio Globo de Brasil.

• Algunos de los atacantes estaban armados con estacas y con objetos puntiagudos.
• Según los registros policiales uno de los detenidos declaró que ese tipo de armas serían usadas en caso de “ser atacados por izquierdistas”.
• Al ingresar al Palacio Presidencial en Brasilia, varios atacantes robaron munición y armas de fuego allí presentes.