Bolsonaro: el villano de la selva, acusado ante la CPI por “ecocidio” de la Amazonia

En la protección de la Amazonia, el gobierno de Jair Bolsonaro se ha rajado de manera radical. Se trata quizá del político que más daño le ha hecho al principal refugio natural de la humanidad. Su política, abierta a los grandes cultivos, las hidroeléctricas y las carreteras, le ha propinado un golpe mortal e irreversible al llamado pulmón del mundo. Según el diario The Guardian, el presidente de Brasil podría comenzar a responder ante la Corte Penal Internacional por lo que las comunidades indígenas y grupos ambientalistas describen como un “ecocidio”.

El último requerimiento lo hizo el abogado William Bourdon el viernes pasado. “Es un asunto de suma urgencia”, aseguró el jurista al diario británico. “Estamos corriendo contra reloj ante la impresionante devastación que sufre el Amazonas”, agregó. El pasado mes de noviembre, un grupo de activistas ya había enviado una nota a esa corte alertando sobre el genocidio que vivían las comunidades indígenas.

El cacique Raoni Metuktire, emblemático defensor de la Amazonia, pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue por “crímenes contra la humanidad” al presidente brasileño Jair Bolsonaro por “perseguir” a los indígenas, destruir su hábitat e ignorar sus derechos.

La denuncia, la segunda presentada contra el mandatario desde julio ante este organismo con sede en La Haya, asegura que desde su llegada al poder en enero de 2019 “la destrucción de la selva amazónica se ha acelerado sin medida”. “La destrucción de la selva amazónica”, que es indispensable para regular el clima, sería “un peligro directo no solo para los brasileños, sino también para toda la humanidad”, subraya el texto publicado por el diario francés Le Monde.

Esta situación, “la más dramática de los últimos diez años, es resultado directo de la política de Estado del gobierno de Jair Bolsonaro”, que busca “eliminar todos los obstáculos para saquear las riquezas de la Amazonia”, agrega la denuncia de Raoni, que también cita a varios ministros.

Los denunciantes estiman además que esta política conduce a “asesinatos”, “traslados forzados de poblaciones” y “persecuciones”, que constituyen “crímenes contra la humanidad” en virtud del Estatuto de Roma de la CPI. La CPI, creada en 2002 para juzgar las peores atrocidades en el mundo, no está obligada a dar curso a las miles de denuncias presentadas ante su fiscal, Fatou Bensouda, que decide de manera independiente qué asuntos llegan a los jueces.

Ya en julio de 2020, personal sanitario de Brasil también pidió a este tribunal de justicia internacional la apertura de una investigación contra Bolsonaro por “crímenes contra la humanidad” por su gestión de la pandemia del covid-19. En una entrevista con AFP el pasado julio, Raoni acusó a Bolsonaro de “aprovechar” la pandemia para “diezmar” a su pueblo, que tiene un acceso precario a la salud pública y está amenazado por el avance de las actividades madereras, mineras y agropecuarias en la selva.

“Un genocidio indígena”

La denuncia enviada por Raoni a la CPI, de unas cincuenta páginas y redactada por el abogado francés William Bourdon, reúne las acusaciones de decenas de oenegés locales y extranjeras, instituciones internacionales y científicos especializados en clima.

Entre las acusaciones figuran la suspensión de la demarcación de los territorios indígenas, el proyecto de ley para permitir la explotación minera y agrícola en zonas protegidas, el presupuesto limitado de las agencias sobre el medio ambiente controladas ahora por militares y los asesinatos impunes de siete jefes indígenas en 2019, entre otros.

Los denunciantes apuntan además al “aumento de la deforestación del 34,5 % en un año”, a la “mayor tasa de asesinatos de líderes indígenas en los últimos 11 años” y al “colapso y amenazas de las agencias medioambientales” desde la investidura de Bolsonaro.

El primer año de gobierno de este escéptico del cambio climático estuvo marcado por las críticas internacionales, sobre todo en Europa, por su gestión de la Amazonia, un asunto que se anuncia también espinoso entre Bolsonaro y el flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Según los datos divulgados por el Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE), la selva amazónica brasileña perdió 8.426 km² en 2020 a causa de la deforestación, un 8 % menos que el año anterior, aunque sigue siendo una cifra extremadamente preocupante para los especialistas.

*Con información de la AFP.