El Parlamento y el ‘brexit’

En apenas una semana, la primera ministra británica, Theresa May, tuvo que tragarse dos sapos de marca mayor. Primero, debió aceptar en un discurso que salirse de la Unión Europea (UE) significa renunciar también a su mercado interior. Luego, la Corte Suprema de su país dictaminó que su gobierno no puede activar el brexit sin la aprobación del Parlamento, con el argumento de que como este había aprobado la adhesión en 1972, también debía tener hoy la última palabra en la separación.

La primera es una simple medida de sentido común, pues los representantes de la UE le habían hecho saber de todas las maneras a su gobierno que la libre circulación de bienes, servicios y capitales era impensable sin asumir la de personas. La segunda, por el contrario, significa un cambio importante para el proceso que May tiene previsto activar a finales de marzo.

Eso no significa que no pueda aplicar el artículo 50 de la Constitución de Lisboa (que activa oficialmente la salida de la UE). Por un lado el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, manifestó su intención de no oponerse al brexit. Y por el otro no hay indicios de que ningún parlamentario conservador tenga planeado alejarse de la línea de May, aunque la mayoría hizo campaña por quedarse en la Unión.

Sin embargo, la decisión de la corte significa que el gobierno no tendrá carta blanca en las negociaciones con la UE y sobre todo que el debate no caerá en los mismos excesos de la campaña, que giró en torno a propuestas populistas contra la inmigración. Eso tiene enfurecidos a los eurófobos, que han denunciado la decisión como una maniobra para ignorar la voluntad popular.

Curiosamente, la medida responde a una de las exigencias de los defensores de partir cobijas con Bruselas. “La mayoría de los británicos votaron por dejar la UE, entre otras cosas, para devolverle el poder a su Parlamento. Por eso sería ridículo e incluso hipócrita que el Ejecutivo pasara por encima del Legislativo, que es exactamente lo que habría ocurrido sin esta decisión de la corte”, dijo a SEMANA Tim Bale, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Queen Mary University y autor del libro The Conservative Party: From Thatcher to Cameron.

La otra cara de la moneda de la decisión de la corte es que excluyó a los Parlamentos de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte de expresar su voluntad en cuanto al brexit. Esa medida es comprensible desde el punto de vista jurídico, pero es una verdadera bomba política, pues si bien el brexit ganó holgadamente en Inglaterra y Gales, en aquellos sucedió lo contrario. En Escocia, el No ganó por más del 60 por ciento, lo que le dio alas a la idea de organizar un nuevo referendo secesionista. Y la decisión de la corte no hizo más que reforzar esa tendencia. “Cada día que pasa es más claro que la voz de Escocia no está siendo oída ni escuchada dentro del Reino Unido”, dijo Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia y la líder del Partido Nacional de esa región. “El ‘brexit’ va a socavar la integridad institucional, constitucional y legal del Acuerdo del Viernes Santo”, dijo por su parte Gerry Adams, el líder del Sinn Fein, que representa a la comunidad católica nacionalista de Irlanda del Norte. “Nuestro progreso y nuestra estabilidad económica son vistos como simples daños colaterales”, dijo.

La situación no deja de ser paradójica, pues la decisión de excluir a los Parlamentos regionales del brexit socava el espíritu democrático del veredicto de la Corte Suprema, y sobre todo tiene el potencial de fracturar el Reino Unido. La gran apuesta de May consiste en tender lazos con el mundo anglohablante, de ahí sus esfuerzos por agradarle a Trump durante su visita oficial del viernes. Pero si se rompen los lazos dentro de la propia Gran Bretaña, de poco van a servirle los aliados del otro lado del Atlántico.