Brutalidad policial: en Chile también hay debate por actuación de las fuerzas de seguridad

El juez de Garantías de Santiago, Jaime Fuica, determinó que la prisión preventiva del policía antimotines de 22 años es “proporcionada y necesaria”, tras revisar evidencias y testimonios presentadas por la Fiscalía, que establecen que propició la caída del menor desde unos siete metros en el puente Pio Nono al río Mapocho cuando manifestantes eran perseguido por uniformados durante una protesta el viernes.

En las redes sociales circuló el video del momento en que el joven es lanzado desde el puente.

El magistrado sostuvo que uno de los videos revisados en la audiencia evidenció que el agente ejecutó una acción que “propicia la caída del menor”.

“Es evidente el uso desmedido de la fuerza, no contra cualquier persona, sino un menor de 16 años”, agregó el juez Fuica.

El uniformado cumplirá prisión en un cuartel policial de la comuna de Pudahuel (oeste de Santiago) durante los 120 días que durará la investigación del caso. El juez también determinó prohibir a agentes de Carabineros acercarse a la víctima mientras dure el proceso.

El hecho generó conmoción y repudio en la población no solo por la acción del uniformado sino también porque, tras caer del puente, el menor quedó tendido en el lecho del río casi seco sangrando profusamente, y no recibió ayuda de la Policía.

Civiles y un miembro de la Cruz Roja lo auxiliaron hasta la llegada de equipos de emergencia que lo trasladaron a la clínica Santa María, en la comuna de Providencia, donde fue operado por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y extremidades, y donde se encuentra estable.

La Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos también presentaron querellas en contra del funcionario por homicidio y omisión de socorro.

Durante el sábado, se registraron protestas fuera de la clínica y en la Plaza Italia, en el centro de Santiago, mientras que durante la madrugada del domingo, manifestante quemaron un autobús y encendieron barricadas en la comuna de Puente Alto, en el sur de la capital chilena, donde vive el menor.

El caso se convirtió en un nuevo golpe a la imagen de Carabineros de Chile, institución sobre la cual han llovido acusaciones de organismos defensoras de DDHH por violaciones a los derechos humanos por su excesiva violencia durante el estallido social que comenzó del 18 de octubre de 2019, que ha dejado unos 30 muertos y más de 300 heridos.

Las protestas volvieron hace un par de semanas, luego de ser interrumpidas en marzo por la pandemia.