Gobierno de Guatemala expulsa a la misión de la ONU liderada por Iván Velásquez

La retención este fin de semana de Yilen Osorio, un integrante de la Misión Anticorrupción contra la Impunidad en Guatemala, fue un campanazo de alerta de la crisis que finalmente detonó con la expulsión de su equipo de casi 60 personas.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un mecanismo independiente que fue integrado en el 2007 por el Gobierno y la ONU para destapar la corrupción en las altas esferas del Estado. El liderazgo lo asumió el ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, el colombiano Iván Velásquez. Aunque el mandato finalizará el próximo 3 de septiembre, el gobierno de Jimmy Morales se adelató y este lunes les dio 24 horas para abandonar el país. 

El investigador Yilen Osorio logró ingresar después de varias horas, ya que en contra de la disposición que impedía su ingreso por seguridad y orden público, había una decisión de la Corte de Constitucionalidad. Duró varias horas retenido, pero al final la misma Fiscalía General en cabeza de Consuelo Porras pidió su ingreso, ya que la máxima instancia judicial otorgó visas de cortesía para una decena de miembros de la Comisión a las que se las habían revocado. La orden de la Fiscalía llegó con la advertencia de que oponerse a cumplirla podría acarrear deteniciones para los agentes, lo que en efecto ocurrió.

Pero el caso, desató tensión política al punto que la canciller guatemalteca al término de una reunión con el Secretario General de la ONU, António Guterres, puso fin a la misión en cuestión de horas. 

La decisión fue comunicada por la canciller Sandra Jovel. La funcionaria cuestionó la decisión de Guterres de mantener en su cargo de jefe de la CICIG, el ex magistrado colombiano Iván Velásquez, "trabajando desde fuera, cosa que es inaudita". No obstante, a Velásquez se le cerró el ingreso a ese país desde el pasado mes de septiembre.

Guterres "sacrificó a la comisión por una persona", aseguró, y agregó que "los funcionarios ya no son funcionarios de la Comisión" y "tendrán que salir de territorio guatemalteco".

Jovel aseguró que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que defiende la estadía de más de una decena de investigadores de la Cicig en el país, "se ha extralimitado en sus fallos, tratando de dictar la política exterior".

A través de un comunicado, el Secretario General rechazó enérgicamente el contenido de dica carta. "Las Naciones Unidas ha estado intercambiando de manera constructiva con el Gobierno de Guatemala, a varios niveles, durante los últimos 16 meses, conforme al articulo 12 del acuerdo de creación de CICIG. (...) Esperamos que Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo", aseguró.

Guterres le pidió al gobierno de Guatemala que respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal tanto internacional como nacional de la CICIG. 

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Investigaciones de la CICIG

Esta Comisión adquirió relieve en la lucha contra la corrupción luego de que en 2015 destapó la operación de una red de defraudación en las aduanas que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez, actualmente detenido en espera de un juicio por su papel como líder de esa operación.

Morales, que llegó al poder prometiendo luchar contra la corrupción y defendiendo la CICIG, ha sido hostil con el trabajo de la comisión desde el comienzo de su mandato en 2016, cuando la entidad y la fiscalía acusaron a un hijo y un hermano de defraudación fiscal. Los dos guardan arresto domiciliario y están a la espera de un juicio.

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"La comisión (...) ha hecho investigaciones de manera ilegal. Sin embargo, el presidente Morales ha permitido que esas investigaciones se lleven a cabo", le defendió Jovel. La jefe de la cartera de relaciones exteriores denunció que este equipo ha abusado y se ha extralimitado en sus funciones. "Ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala, ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos".

Incluso, aseguró que después de 11 años no ha podido combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado, como era su misión.

El punto neurálgico de la situación ocurrió en agosto de 2017 cuando la CICIG y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción electoral durante los comicios que ganó en 2015. Dos veces la CICIG pidió al Congreso levantar la inmunidad de Morales para investigarlo por sospechas de corrupción. La tensión llegó a tal punto que durante la Asamblea General de la ONU, en septiembre pasado, Morales afirmó que la Cicig es "una amenaza" para la paz en Guatemala.

La canciller de Guatemala aseguró os procesos judiciales abiertos debido a investigaciones de la CICIG proseguirán su curso y no serán afectados por el fin del acuerdo.

*Con agencia AFP