Canciller de Perú rechaza informe de la CIDH sobre “graves violaciones” de derechos humanos en manifestaciones contra Boluarte

Este jueves 22 de junio, la ministra de Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, cuestionó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que apunta a violaciones de derechos humanos durante las protestas contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, desde diciembre de 2022 tras el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.

“El informe de la CIDH dice que en ese marco se produjeron hechos que podrían constituir violaciones a los Derechos Humanos que deben ser investigados, junto a otras apreciaciones con las que mi Gobierno discrepa respetuosamente”, declaró.

Gervasi, que ha hecho estas declaraciones durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprovechó para aseverar que el Gobierno de Boluarte está comprometido con el respeto a los derechos humanos, muy a pesar de las múltiples muertes, afectaciones y detenidos en medio de las manifestaciones.

Sin embargo, la titular de Exteriores reconoció que su país “presenta ciertos retos en materia de derechos humanos”, de los cuales “muchos se arrastran de antiguo y son estructurales”, mientras que considera que otros tuvieron su origen tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, después de que este anunciara la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.

El Ejecutivo andino, que considera el anuncio de Castillo fue un golpe de Estado, recordó qué dicho “quebrantamiento del orden constitucional” fue públicamente condenado por la Secretaría General de la OEA y la CIDH.

“En estos últimos retos, se mezclaron al menos dos fenómenos. Por un lado, entendibles reclamaciones pacíficas producto de la frustración de poblaciones marginadas, que habían debido sufrir la incompetencia y corrupción de un régimen en el que la pobreza aumentó de un 20 a un 30 %”, manifestó Gervasi.

“Por el otro lado, los actos vandálicos de grupos violentistas que trataron de atentar contra el Estado de derecho afectando libertades y derechos de importantes sectores de la sociedad”, denunció.

Con todo, la ministra expresó que el gabinete peruano coincide “con la comisión en que los hechos deben ser investigados, tarea a la que se han abocado las instancias judiciales competentes en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales”.

El CIDH concluyó en su último informe sobre la crisis política en Perú, publicado a principios de mayo, que se cometieron “graves violaciones” de derechos humanos durante las protestas contra la presidenta, analizando episodios de violencia y represión policial en las manifestaciones que tuvieron lugar desde el 7 de diciembre —el mismo día en el que el expresidente Pedro Castillo fue destituido y apresado— y el 23 de enero, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.

La comisión sostiene que estas “graves violaciones” contra los Derechos Humanos deben ser investigadas bajo un “enfoque étnico-racial” y que al ser cometidas por agentes del Estado, las muertes que se produjeron podrían ser calificadas de “ejecuciones extrajudiciales”.

Justamente este mes, los peruanos regresaron a las calles a pedir a la presidenta Dina Boluarte que se celebren nuevas elecciones generales. La presidenta Boluarte, en medio de su rueda de prensa aprovechó para enviar un mensaje a los medios del país, así como también abrió la oportunidad a posibles cambios en el Congreso de la República, afirmando que pronto traería más noticias al respecto.

“La prensa sabe que ese tema del adelanto de elecciones está cerrado, seguiremos trabajando de manera responsable, en respeto al Estado de derecho, la democracia y la Constitución, hasta julio de 2026″, afirmó Boluarte, según recoge el medio local La República, haciendo referencia al calendario electoral que se pactó en el congreso a inicios de este año, lo que también le da un periodo de cuatro años a la actual mandataria para mantenerse en la presidencia.

Con motivo de la destitución y detención del expresidente Castillo el 7 de diciembre, miles de personas salieron a las calles a protestar contra las nuevas autoridades encabezadas por Dina Boluarte, la que era su ‘número dos’. La represión de las movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, casi mil heridos y decenas de detenidos.

*Con información de Europa Press.