Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, arremetió contra el presidente Iván Duque

Este jueves, el presidente Iván Duque volvió a pronunciarse en contra de Nicolás Maduro al insistir en que la Corte Penal Internacional (CPI) debe tomar la decisión de abrir formalmente una investigación por hechos relacionados con crímenes de lesa humanidad que se han registrado en ese Gobierno.

El mandatario colombiano indicó que ve con buenos ojos que ese tribunal internacional hubiese concluido que en Venezuela en la administración de Maduro se registraron este tipo de crímenes, aun cuando un exfiscal de esta Corte señaló previamente que no han habido acciones para investigarlos.

Ante esto, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, reaccionó con fuertes palabras y otra vez intentó dirigir las miradas sobre los mandatarios colombianos de los últimos años, una estrategia que ha sido usada de forma recurrente y poco efectiva.

“Su gobierno y los de Uribe han sido responsables de los peores crímenes de lesa humanidad en la historia de Colombia y toda América Latina. Además, está muy mal informado sobre los temas de la CPI. Debería actualizarse”, fueron las palabras del funcionario hacia el presidente colombiano.

Duque indicó que de encontrar nuevos elementos sobre conductas de la señalada dictadura en contra de la población venezolana, serán denunciados oportunamente ante los organismos correspondientes.

A estos mensajes se sumó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien expresó que se deben “acabar las dictaduras que repelen los derechos humanos y el desarrollo de las naciones”. La funcionaria también afirmó que una apertura de investigación formal por parte de la Corte contra Maduro permitirá acelerar el retorno de la democracia a Venezuela para superar la crisis social y política por la que atraviesa esa nación.

Estos mensajes, que se dieron a través de Twitter, también originaron una nueva reacción de Arreaza, quien en otras ocasiones ha señalado incluso que los países de América Latina utilizan a Venezuela para ocultar sus propias tragedias.

A Ramírez, el canciller venezolano le dijo: “De acuerdo. La tiranía oligárquica colombiana, principal violadora de derechos humanos en América Latina, cuya columna vertebral es la industria del narcotráfico y los mercenarios, tiene que acabar ya”.

Este jueves, la exfiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, identificó una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigar posibles crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad, según un informe desclasificado esta semana, que fue rechazado de forma “contundente y categórica” por Caracas.

El tribunal con sede en La Haya (Holanda) abrió en 2018 una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos del régimen de Nicolás Maduro, especialmente por la violenta represión de las protestas antigubernamentales de 2017 en las que murieron cerca de 100 personas. Bensouda dijo en diciembre de 2020 que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad, pero que necesitaba observar si Caracas llevaba a sus responsables ante la justicia.

Su oficina, en un informe emitido cuando Bensouda dejó el cargo en junio pero hecho público el martes, llegó a la “conclusión de que las autoridades no quieren investigar ni perseguir de verdad esos casos”. “Examinada la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente se derivarían de una investigación (en la CPI) de la situación serían admisibles en términos de inacción”, señaló el texto.

“Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía, su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos, y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.

“Se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger personas de responsabilidades criminales”, criticó. El nuevo fiscal Karim Khan deberá decidir si pide a los jueces abrir una investigación completa al respecto, lo que podría implicar cargos criminales contra individuos vinculados a esa represión, aunque un hipotético juicio podría tardar años en llegar.