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Candidato a fiscal general de EE. UU. supera primer escollo en el Senado
Merrick Garland, el candidato del presidente Joe Biden, cuenta con el apoyo de los demócratas y de pesos pesados del Partido Republicano.
Un comité del Senado estadounidense aprobó este lunes por una gran mayoría la nominación del juez Merrick Garland, candidato del presidente, Joe Biden, para encabezar el Departamento de Justicia, una etapa clave antes de la votación final sobre el cargo de fiscal general, que podría ser esta semana.
El magistrado de 68 años, actual juez de una corte federal de apelaciones, prometió que convertiría la lucha contra el extremismo en la prioridad de su mandato, tras el asalto de seguidores del expresidente Donald Trump al Congreso, el mes pasado.
Ese magistrado moderado no solo tiene el apoyo de los demócratas, sino también de pesos pesados del Partido Republicano, como su jefe en el Senado, Mitch McConnell.
Gracias a esos apoyos, Garland superó sin problemas una primera votación en el Comité Judicial del Senado este lunes: 15 senadores votaron a favor de su nombramiento y siete, todos republicanos, se opusieron a ello.
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“Voy a votar por él. Espero no equivocarme al otorgarle mi confianza”, declaró el número dos republicano del Comité, Chuck Grassley.
“Estados Unidos será mejor con alguien como él al frente del Departamento de Justicia. Estoy orgulloso de apoyar al juez Garland”, declaró el presidente demócrata del Comité, Dick Durbin.
Los demócratas disponen de 50 escaños en el Senado, el mismo número que los republicanos, pero pueden contar con el sufragio de la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, que puede desempatar las votaciones.
Durante su audiencia ante el Senado, el 22 de febrero, Garland afirmó que la amenaza de la ultraderecha en Estados Unidos era peor que en 1995, cuando un militante antigubernamental perpetró un atentado contra un edificio federal en Oklahoma City, dejando 168 muertos.
El candidato de Biden comparó aquel atentado, cuya investigación judicial supervisó entonces, con el asalto al Congreso del 6 de enero.
En 2016, los republicanos, que tenían la mayoría en el Senado, se opusieron al nombramiento de Garland como juez de la Corte Suprema por Barack Obama. Argumentaron que faltaba demasiado poco para la celebración de las elecciones presidenciales.
Garland, juez de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, debe obtener la aprobación del Senado para poder desempeñarse como fiscal general.
Al elegir a Garland, Biden recurre a un juez que ha ocupado altos cargos en el Departamento de Justicia e incluso fue supervisor de la acusación del atentado con una bomba en la ciudad de Oklahoma en 1995.
El expresidente Barack Obama nombró a Garland en 2016 como candidato para la Corte Suprema después de que se creara una vacante tras la muerte del juez Antonin Scalia. Sin embargo, los republicanos liderados por Mitch McConnell se negaron durante meses a celebrar audiencias de confirmación o el voto requerido en la Cámara.
Cuando Donald Trump asumió como jefe de Estado, la postulación de Garland expiró y él tuvo que regresar a su puesto como juez principal de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de D.C., cargo en el que inició en 1997.
La elección obligará a los republicanos del Senado a lidiar con la nominación de quien habían rechazado hace cinco años, pero Biden confía en la nutrida hoja de vida y la reputación de Garland para garantizar la confirmación.
El futuro del juez Garland se fortaleció luego de que los demócratas lograran obtener el control de la mayoría del Senado al ganar los dos escaños del estado de Georgia.
De confirmarse la nominación, Garland se enfrentará a varios desafíos. Por ejemplo, la investigación en curso sobre Hunter Biden, hijo del actual mandatario, o las solicitudes de una investigación al presidente Donald Trump después de que deje el cargo.
La llegada de Garland a la cabeza del Departamento de Justicia supone además un cambio en el rumbo de esta oficina y en el enfoque sobre problemas de derechos civiles y las políticas policiales luego de un año de protestas masivas por las muertes de varios afroamericanos a manos de las autoridades.
*Con información de la AFP.
