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Cárceles de El Salvador: revelan que la mayoría de los 300 fallecidos bajo el régimen de excepción eran inocentes
Socorro Jurídico es la ONG salvadoreña que denuncia los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de excepción.
La ONG Socorro Jurídico Humanitario ha denunciado la crítica situación en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele.
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Según reveló su directora, Ingrid Escobar, en una entrevista con Infobae, más de 300 personas perdieron la vida en prisión, y sorprendentemente, el 92 % de ellas eran inocentes. Estos alarmantes hallazgos apuntan a violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El régimen de excepción
El presidente Bukele declaró el régimen de excepción en El Salvador el 27 de marzo del año pasado, alegando la lucha contra las pandillas y la reducción de la criminalidad. Sin embargo, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos que se están produciendo bajo esta medida.
El testimonio de Ingrid Escobar
Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, explicó que la organización se formó para abordar las denuncias de capturas arbitrarias de personas inocentes durante el régimen de excepción. Durante los 15 meses de implementación de esta medida, la ONG recibió más de 300 informes de muertes violentas y negligencia médica en las cárceles. Las fuentes directas de la ONG son las mismas familias que a través de actas de defunción, fotografías y documentos que prueban los fallecimientos y las causas, debido a que no hay información oficial de estos datos, pues según la directora de Socorro Jurídico, el régimen tiene todos los datos archivados.
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Según Escobar, muchas de las personas fallecidas fueron sometidas a torturas, como estrangulamientos, dentro de los centros penitenciarios. Además, un porcentaje significativo de las muertes se debió a la negligencia médica, ya que no se proporcionó la medicación adecuada para enfermedades preexistentes o adquiridas durante la reclusión. La directora subrayó que estas personas no tuvieron derecho a una defensa adecuada y no se respetó su presunción de inocencia.
Escobar señaló que las familias temen denunciar debido a la situación de terror en la que viven en El Salvador. Existe un miedo generalizado a represalias de las autoridades y a sufrir el mismo destino que sus seres queridos: ser capturados ilegalmente, torturados y llevados hasta la muerte. Este clima de temor ha llevado a muchas personas a optar por el silencio en lugar de buscar justicia.
El perfil de las víctimas
Según cifras suministradas por la ONG, solo el 8 % de las personas fallecidas en prisión estuvieron vinculadas a pandillas, mientras que el 92 % eran personas inocentes. Entre las víctimas se encontraban individuos sin antecedentes penales, incluyendo universitarios, trabajadores y líderes sindicales.
Estos hallazgos refuerzan la afirmación de que la gran mayoría de los fallecidos eran personas inocentes y sin ninguna conexión delictiva. La directora de la ONG mencionó a Osiris Luna, director de centros penales, como una de las personas responsables de permitir estos abusos por parte de los custodios.
La ONG asegura que entre los presos se encontraba gente que no tenía ni un solo tatuaje, no poseían antecedentes penales, llegando a concluir que los fallecidos eran personas inocentes.
Escobar describió las terribles condiciones en las cárceles salvadoreñas, donde se perpetran torturas y maltratos contra los presos. Estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad y delitos internacionales según el Estatuto de Roma, del cual El Salvador es signatario. Sin embargo, el fiscal general del país ha desestimado numerosas denuncias, negando la existencia de tortura y dificultando la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
Sin embargo, Ingrid Escobar asegura que tiene testimonios que afirman lo contrario debido a que cuando son llamados a reconocer el cuerpo de sus familiares, los entregan en cajas aseguradas con la justificación de que tienen covid y que, por lo tanto, no es posible abrir la caja. Ante esto, algunos familiares deciden abrirlas y evidencian signos de golpes y maltrato en todo el cuerpo que indican señales de estrangulamiento y tortura que evidenciaría los crímenes de lesa humanidad en estos centros penales. Lo que está lejos de ser un contagio por covid-19 o un infarto, según los informes de Medicina Legal que le otorgan a las familias.
