Caso del general Salvador Cienfuegos deja al descubierto la tensión entre México y la DEA

El caso del general Salvador Cienfuegos, el más alto mando del Ejército mexicano en ser acusado por narcotráfico y posteriormente exonerado por México, dejó al descubierto la tensa relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y agencias de inteligencia en los Estados Unidos, en especial la DEA. En las últimas horas se sumó la voz del mandatario a la del fiscal de su nación, Alejandro Gertz, quien acusa a la DEA de fabricar información para acabar con el buen nombre y la libertad de quien fue ministro de Defensa durante la administración Enrique Peña Nieto. La queja presentada por el hoy mandatario deja dudas sobre el futuro de su relación con Joe Biden y la cooperación entre ambos en temas de narcotráfico.

Cienfuegos, un general retirado de 72 años de edad, fue detenido en Los Ángeles en octubre del año pasado acusado de nexos con el cartel mexicano de drogas H2. Tras un acuerdo con Estados Unidos, y gracias a que López Obrador se involucró directamente en las gestiones diplomáticas para garantizar su regreso, el militar fue exonerado en su país por considerar la justicia que no existían pruebas en su contra. El caso dejó un malestar entre AMLO (Andrés Manuel López Obrador ) y Washington.

El mandatario acusó a Estados Unidos de “fabricación de delitos” y publicó información delicada de inteligencia que habría entregado la DEA como resultado de su investigación desde hace varios años de Cienfuegos y su relación con el cartel de la droga. Para el presidente, este era un caso de interés particular, pues podría llegar a afectar su buena relación con el Ejército mexicano y de ahí que desde que fue detenido el general su postura ha sido más bien de crítica hacia su vecino del norte. “Un gobierno sin autoridad moral es como una hoja seca. No sirve para nada”, dijo AMLO en días recientes al defender su decisión de juzgar al militar en su país.

Así mismo, en fiscal mexicano Alejandro Gertz dice estar dispuesto a defender en instancias internacionales su decisión de exonerar al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos. Tras el fallo la semana pasada, acusó a la DEA de “linchamiento mediático” y consideró que se habría violado el derecho a la presunción de inocencia. “Vámonos a juicio si es necesario. (...) Vamos a entrarle al aspecto internacional, vamos a ir a los Derechos Humanos, vamos a ir a todas las instancias que tengamos que ir porque esto no es un asunto de individuo, es un asunto de una institución, es un asunto de un país, de su credibilidad”.

El caso Cienfuegos revivió antiguas quejas y malestares por parte México contra la inteligencia de Estados Unidos, que desde hace casi un siglo mantiene presencia en ese país. Si bien la agencia tiene cinco oficinas regionales en México y más de 50 funcionarios, la frustración es por la cantidad de labores de investigación encubiertas, la recopilación de información sin el conocimiento de las agencias mexicanas y el cruce incesante entre una frontera y otra sin avisar ni pedir permiso. También los estadounidenses tienen su lista de quejas, ya que aseguran que son tantas las trabas burocráticas de los mexicanos y el nivel de corrupción de sus instituciones, que hacer su labor es muy difícil.

Ante el más reciente desacuerdo –la detención y liberación de Cienfuegos– ya se pronunció el departamento el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que rechazó la denuncia y se declaró “decepcionado” luego de que México divulgara en Internet el expediente, y advirtió que esto violaba tratados de cooperación bilaterales. Por su parte, el presidente López Obrador descartó que el caso pueda afectar las relaciones con el gobierno del demócrata Joe Biden.