El apartamento frente al mar que desató la pesadilla de Lula

Turistas y residentes se pasean tranquilos por la Praia das Astúrias en la isla de Guarujá, a 90 kilómetros del congestionado São Paulo. Ya no les sorprende que algún curioso mire hacia el último piso del Edificio Solaris ni que eventualmente le tome fotos solo a uno de los muchos inmuebles situados frente al mar.

“En épocas del ‘impeachment‘ de la expresidenta Dilma Rousseff, los manifestantes de las ciudades de Santos y Guarujá iban hasta el edificio en la Avenida General Monteiro de Barros, número 638, para protestar contra el gobierno y de ahí salían las marchas”, dijo a SEMANA Caroline Brandão, vecina de la isla donde entre barrios ricos y favelas apenas viven 300.000 habitantes.

Y es que desde el 19 de septiembre de 2016 el triplex número 164-A del Solaris ha sido la piedra en el zapato de Luiz Inácio Lula da Silva. Ese día, el reconocido juez Sergio Moro abrió acción penal contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y el presidente con mayores índices de aprobación de la historia.

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Una exhaustiva investigación periodística del diario O Globo llevó a que por primera vez el expresidente Lula apareciera en el banquillo de los acusados en la Operación Lava Jato, algo hasta ese momento inimaginable. La Justicia Federal de Curitiba lo acusa de beneficiarse del esquema de corrupción y del desfalco de Petrobras entre 2004 y 2014 que, según estimaciones, produjeron un hueco fiscal de unos 42 billones de reales al estado brasileño.

Según las autoridades judiciales Lula habría recibido 3,7 millones de reales (1,2 millones de dólares) en sobornos de la constructora OAS. Por cuenta de estas acusaciones, el expresidente tendrá que ir a testificar el miércoles 10 de mayo en Curitiba. El hecho ha generado un terremoto político en el gigante sudamericano.

En un acto desesperado, la defensa del expresidente intentó aplazar nuevamente la fecha del interrogatorio, que inicialmente estaba para el 3 de mayo. Con base en el Habeas Corpus, los abogados de Lula argumentaban que era necesario suspender inmediatamente el proceso sobre el caso del triplex pues no tuvieron suficiente tiempo para analizar el contenido de los documentos anexados por Petrobras, que suman 5,42 gigabytes y unas 100.000 páginas.

No obstante, el juez federal Nivaldo Brunoni mantuvo la fecha, alegando que no había razón para suspender el proceso y que, además, las autoridades debieron tomar “medidas excepcionales para evitar el alboroto y garantizar la seguridad en las proximidades” del Tribunal de Justicia Federal.

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En efecto, el interrogatorio en Curitiba es un acto procesal donde Lula podrá defenderse de los señalamientos. Lo más seguro es que repita lo que desde el comienzo ha sostenido: que nunca recibió el apartamento, que siempre estuvo a nombre de la constructora OAS. Pero Lula no tiene muchas cartas a su favor.

El año pasado los medios de comunicación brasileños publicaron fotos filtradas del momento en que los directivos de OAS Leo Pinheiro y Roberto Moreira supuestamente le entregaban a Lula y a su esposa Marisa Leticia las llaves del triplex de 215 metros cuadrados. El escándalo fue tal que el Instituto Lula debió admitir que el expresidente visitó el apartamento “en una única ocasión” en 2014.

Pero lo que definitivamente puso a tambalear al expresidente fueron las declaraciones de Leo Pinheiro hace tres semanas, donde este afirmó que la constructora dio el apartamento al exmandatario como pago por facilitarles contratos con Petrobras, y que incluso remodelaron tal como pidió a familia Lula. Pero el empresario no paró ahí y sostuvo además que Lula le aconsejó en 2014 destruir cualquier evidencia o registro de los encuentros entre OAS y el extesorero del PT João Vaccari, condenado por corrupción a 40 años de cárcel.

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Según el blog de Fausto Macedo en el periódico Estado do São Paulo (Estadão), el triplex representa gran parte de lo que las autoridades calculan que OAS le pagó al expresidente Lula: 1,1 millones de reales en la adquisición, otros 926.000 reales en reformas, 342.000 en la instalación de la cocina y otros arreglos personalizados, y más de 8.000 reales en compras de electrodomésticos. El resto del dinero se referiría al almacenamiento de bienes también pagados por OAS, con un valor de unos 1,3 millones de reales.

Y eso no es todo. Tres meses después de comenzar la acción penal contra Lula por el triplex de Guarujá, el 19 de diciembre de 2016 la justicia de Curitiba le abrió otro proceso criminal en el marco de la Operación Lava Jato. Las autoridades lo acusan de haber recibido 13 millones de reales en sobornos de Odebrecht, en la compra del terreno donde se construiría la sede del Instituto Lula y de un apartamento cercano al suyo en Sao Bernardo do Campo, a unos 40 minutos de Sao Paulo. Además está implicado también por la compra y reforma de una finca en Atibaia, municipio cercano a la capital paulista.

El miércoles 10 de mayo apunta a ser un día histórico para la Operación Lava Jato. Por primera vez el ícono de los trabajadores brasileños y el juez Moro estarán cara a cara y la expectativa en la capital del estado de Paraná, en el sur del país, no deja de crecer. Sin duda la caja de Pandora apenas se está abriendo en el caso de Lula da Silva y el triplex de Guarujá parece ser solo la punta del iceberg.