CIDH hace llamado urgente al Gobierno Bukele a respetar derechos humanos en guerra contra pandillas: “Trato digno de toda persona bajo custodia estatal”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo un llamado urgente al Estado de El Salvador a restablecer la plena vigencia de los derechos y las garantías suspendidas durante los últimos 12 meses, en el marco del régimen de excepción instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana.

“La CIDH urge al Estado [a] respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, se lee en el comunicado.

El documento reseña que el 15 de marzo de 2023, la Asamblea Legislativa decretó prolongar por decimosegunda vez consecutiva el régimen de excepción establecido por el Decreto Legislativo N.º 333 del 27 de marzo de 2022. De acuerdo con la normativa, se mantienen suspendidos los derechos y garantías establecidos en los artículos 12, inciso 2.°, y 13, inciso 2.°, de la Constitución de El Salvador.

El primer dispositivo se refiere al derecho de la persona detenida a ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y las razones de su detención; así mismo, a los derechos a no ser obligada a declarar y contar con la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales.

Por su parte, el segundo artículo dispone sobre el plazo máximo de 72 horas para la detención administrativa y la consigna de la persona detenida a un juez competente dentro de ese plazo, con las diligencias que hubiera practicado.

El decreto en mención también mantiene suspendido el artículo 24 de la Constitución, “que dispone sobre la inviolabilidad de la correspondencia de toda clase, salvo bajo los términos previstos en la ley, así como las consecuencias de las intervenciones ilegales en las telecomunicaciones”.

En su comunicado, la CIDH cita la exposición de motivos del decreto, donde se afirma: “La continuidad de las medidas extraordinarias referida a los derechos [...] siguen siendo las necesarias para llevar a cabo las acciones operativas idóneas y continuar dando seguridad frente a la amenaza de las organizaciones criminales y sus integrantes”.

A su vez, indica que “las acciones necesarias para tal fin [la erradicación de las estructuras criminales] no se corresponden con las estrategias ordinarias de seguridad pública que se aplican para contener, por ejemplo, la delincuencia común”.

En ese sentido, el Estado de El Salvador le dijo a la CIDH: “Tanto las reformas a las leyes, como las herramientas y estrategias creadas para el combate a la violencia en el país, se han adoptado en respeto de los postulados constitucionales y a estándares internacionales de derechos humanos”.

No obstante, también precisó: “Los decretos referentes al régimen de excepción refieren los aspectos fácticos particulares que han llevado a concluir la necesidad de la suspensión de algunas garantías constitucionales, habiendo un proceso de revisión continua del régimen”.

“Según el Estado, no se trata de enfrentar un fenómeno de crimen común, sino de acciones criminales de afectación sistemática cometidas por organizaciones terroristas, reconocidas por la jurisprudencia nacional. Adicionalmente, informó sobre resultados del régimen de excepción y sus prórrogas, junto con la implementación del Plan Control Territorial, en el restablecimiento de la seguridad pública a nivel nacional”, se lee en el documento.

“Un mecanismo inadecuado”

Aunque los resultados entregados por el Gobierno Bukele respecto a su lucha contra las pandillas y el impacto en los índices de seguridad en El Salvador han llamado la atención del mundo, sus prácticas también han sido objeto de debate.

“Si bien se tiene información del Estado de que el país alcanzó una reducción de la criminalidad sin precedentes, contabilizando 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses, la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común”, anota el documento.

La CIDH puntualiza que tiene información de que al menos 65.795 personas han sido detenidas –desde la instalación del régimen de excepción en El Salvador– como presuntamente vinculadas al crimen organizado, de las cuales cerca del 90 % tuvieron la prisión preventiva decretada.

“En ese contexto, ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas. También ha urgido al Estado [a] asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal”, apostilló la CIDH.

Finalmente, la Comisión fue enfática en decir que el Estado de El Salvador debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia –tanto el control, así como la prevención, como objetivo de toda política de seguridad ciudadana– “se adecúen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho”.