CIDH pide al Estado mexicano realizar una investigación independiente del caso Ayotzinapa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, urgió al Estado de México realizar una investigación independiente del caso Ayotzinapa relacionado con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en 2014.

Así se desprende del informe que presentó este organismo y en el que se advirtió que el caso pudo ser resuelto, pero que las autoridades decidieron encubrir a los responsables, por lo que se hace necesario que para conocer lo que realmente sucedió y que quienes tuvieron participación en los hechos sean castigados se debe adelantar una investigación independiente.

Los hechos se remontan a la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 donde se presentaron algunos actos violentos en Iguala y en los que se vieron involucrados policías municipales, estatales, militares del 27 Batallón de Infantería y cinco autobuses en los que se transportaban los normalistas.

Inicialmente, los autobuses Estrella de Oro 1568 y 1531 partieron de la Normal de Ayotzinapa hacia Chilpanchingo para, posteriormente, dirigirse hacia Ciudad de México para participar en la conmemoración de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Sin embargo, tras varios enfrentamientos con la fuerza pública que dejó seis personas muertas y más de 40 heridos, se produjo la desaparición de los 43 normalistas, en un hecho que ha dejado más incertidumbres que certezas, que ha llevado a la CIDH ha presenta presentar el “Tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA)”.

De acuerdo con el organismo, el informe relaciona las acciones realizadas por México a partir de diciembre de 2018 en relación con la investigación de los hechos; la búsqueda y esclarecimiento del paradero de los estudiantes desaparecidos; las medidas adoptadas para la atención a las víctimas y sus familiares, así como las medidas estructurales de no repetición.

Enfatizó en que para esta labor “realizó jornadas de revisión in situ de expedientes de investigación y expedientes judiciales de causas penales relacionadas con el caso, recibió y analizó piezas procesales judiciales remitidas por el Consejo de la Judicatura Federal sobre procesos penales vinculados al caso, y participó en audiencias judiciales y diligencias de búsqueda forense”.

Destacó la apertura de las investigaciones y de que se ha avanzado con la individualización y vinculación al proceso de presuntas personas responsables, la emisión y ejecución de órdenes de captura, la presentación de nuevas acusaciones así como por las irregularidades en las investigaciones y fabricación de diligencias para la obstrucción de justicia.

“Se destaca que las acusaciones involucran delitos por graves violaciones de derechos humanos como desaparición forzada y tortura, y su ámbito de responsabilidad penal individual comprende a agentes del Estado municipales, estatales y federales, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas mexicanas”, indicó en el informe.

Señaló que a pesar de esos avances, “la CIDH continúa observando obstáculos en la entrega de información y falta de cooperación en la investigación y judicialización del caso por parte de algunas autoridades estatales, particularmente de las instituciones de seguridad y militares”.

“Al respecto, lamenta que el Estado aún no haya logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”.

Agregó que “preocupa que la falta de condiciones para adelantar una investigación independiente habría derivado en la dimisión del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa, UEILCA, y de varias personas agentes ministeriales, lo que implica un retroceso respecto del conocimiento adquirido sobre la investigación y una nueva curva de aprendizaje para quienes retomen el caso”.

En ese sentido, indicó que esa unidad especial había logrado acusar por delitos por graves violaciones de derechos humanos como desaparición forzada y tortura, y su ámbito de responsabilidad penal individual comprende a agentes del Estado municipales, estatales y federales, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas mexicanas.

Por esa razón, la CIDH enfatizó en que “urge la adopción de medidas para reencausar la investigación y fortalecer las garantías de independencia de las autoridades ministeriales a cargo de esta, a fin de salvaguardar los avances alcanzados hasta el momento y evitar retrocesos”.

Finalmente, en relación con la atención a las víctimas, el organismo aseguró que “el Estado ha concentrado sus esfuerzos en el otorgamiento de medidas y el establecimiento de una ruta de trabajo para la atención médica y de salud a las personas que han sido reconocidas como víctimas en el caso Ayotzinapa.”

“Sin embargo, la ausencia de un plan integral de atención a las víctimas ha generado desfases o atrasos en los esquemas de atención médica y de salud, así como dificultades para evaluar los avances en la materia”, puntualizó.