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CIDH publica duro informe sobre el Estado de excepción y DD. HH. en El Salvador
La comisión asegura que se deben investigar todas las violaciones de derechos humanos reportadas por la prensa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un duro informe sobre la situación dentro del país liderado por Nayib Bukele desde que se decretó el estado de excepción en el 2022 para hacerle frente a la alta tasa de criminalidad que azotaba al país.
La Comisión aborda en su informe la actividad de las maras y pandillas en El Salvador, una situación que lleva décadas afectando los derechos humanos de la población salvadoreña y que ya se había señalado en el informe nacional publicado en 2021.
En ese informe, la Comisión reconoce una disminución sin precedentes en los actos de violencia durante el periodo analizado hasta diciembre de 2020. Después de una ola de violencia que resultó en al menos 92 muertes entre el 24 y el 27 de marzo de 2022, el Estado decidió implementar una declaración de estado de excepción en todo el país como medida extraordinaria para erradicar el pandillaje común.
El informe recuerda que cada Estado tiene la responsabilidad de tomar medidas efectivas para combatir y eliminar la criminalidad organizada. Estas acciones deben estar adaptadas a la magnitud y gravedad de la situación específica de cada país, y alineadas con las obligaciones legales e internacionales.
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Según la información disponible, 73.000 personas fueron detenidas desde el 27 de marzo de 2022 al inicio de noviembre de 2023, de las cuales a la gran mayoría se le impuso prisión preventiva. La Comisión conoció denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen: “detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas; el allanamiento ilegal de moradas; abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes”, dice la CIDH.
Según el texto, el organismo internacional de Derechos Humanos enfrenta retos particulares en cuanto al acceso a la justicia en relación con las detenciones efectuadas, entre los cuales se destacan: la tardanza en la supervisión judicial de las detenciones, la falta de eficacia del habeas corpus, y de las garantías judiciales, y la vulneración del debido proceso, entre otros.
“Algunos testimonios recopilados en entrevistas expresan preocupación por la falta de respeto a los derechos y garantías específicas de los menores en conflicto con la ley”, dice la CIDH citada por la OEA.
El organismo internacional hace un llamado al Estado salvadoreño a “restablecer los derechos suspendidos y a adoptar medidas para abordar las causas y consecuencias de la criminalidad, así como su prevención, control y respuesta desde una perspectiva integral e intersectorial”.
Todo esto dentro de una política de seguridad ciudadana que se analiza desde el enfoque del respeto y la protección de los derechos humanos, promoviendo una mayor implicación de la ciudadanía y asegurando mecanismos de transparencia y responsabilidad.
Asimismo, urge al Estado a restablecer los derechos y garantías suspendidos por los decretos legislativos del régimen de excepción, reafirmando que este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de su política de seguridad ciudadana permanente.
Finalmente, en su informe, la Comisión reporta información recibida que sugiere la posible muerte de entre 189 y 200 personas privadas de libertad, aunque no se cuenta con cifras exactas y consensuadas.
Además, se expresan preocupaciones sobre las deficiencias en las investigaciones de estos casos, así como en los procedimientos de notificación a los familiares y la gestión de los cuerpos.
